Marchando Hacia El Pasado
Por Annie Bird* - Guatemala, 20 de enero de 2012
UN NUEVO GOBIERNO DIRIGIDO POR UN GENERAL “GENOCIDA”;UN EJERCITO COMANDADO POR FUERZAS ELITES KAIBILES, MIENTRAS ALGUNAS KAIBILES ESTÁN INVOLUCRADAS CON EL CARTEL MEXICANO DE LOS ZETAS
En Guatemala, ex-militares y sus partidarios han interpuesto denuncias judiciales contra activistas de derechos humanos, periodistas y a víctimas que sobrevivieron la represión estatal, mientras que el ex-general, Otto Pérez Molina, implicado directamente en el genocidio guatemalteco, se prepara para asumir la presidencia el día 14 de enero del 2012.
Para los puestos militares de más alto rango, Pérez Molina ha nombrado a instructores de alto rango de las brutales fuerzas Kaibil. Los Kaibiles estuvieron implicados en lo peor de la represión estatal y el genocidio de los años 1970, 1980 e inicios de los 1990, y hoy, algunos de sus miembros tienen vínculos directos con el cartel de narcotraficantes “Zeta”, basado en México.
Además, Pérez Molina se prepara para involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos policiales conjuntamente con el gobierno estadounidense que está lanzando en Centro América la fase II de la brutal y mortal “guerra contra las drogas” de México.
2012: MARCHANDO HACIA EL PASADO
En preparación para asumir la presidencia, Otto Pérez Molina ha nombrado a comandantes de las “fuerzas especiales”, los temidos Kaibiles, para asumir los puestos de mayor rango en las Fuerzas Armadas. Designó a dos oficiales en puestos de nivel ministerial mientras que la Fiscal General valiente y respetada, Claudia Paz, junto con activistas de derechos humanos y periodistas están bajo el ataque legal y público de veteranos de guerra. Meses atrás, la CICIG (la Comisión en Contra de la Impunidad en Guatemala auspiciada por Naciones Unidas) recibió ataques por parte de un lobista de Washington contratado por empresarios guatemaltecos.
El 14 de diciembre del 2011, un ciudadano estadounidense/guatemalteco, dueño de fincas cafetaleras, interpuso una denuncia judicial contra 52 personas, que incluye a un ciudadano estadounidense que trabajaba para Amnistía Internacional en los tiempos del genocidio perpetrado por los militares, y a Jennifer Harbury, una abogada convertida en activista en contra de la tortura, reconocida a nivel internacional luego de la tortura prolongada y presunta ejecución extrajudicial de su esposo, Efraín Bamaca, un comandante guerrillero a quien conoció durante las negociaciones de paz en la Ciudad de México.
Esta la tercera querella de este tipo interpuesta durante el último mes y medio, en lo que la CICIG caracterizó como ataque contra la Fiscal General , campaña que parece ser orquestada a fin de presionarla a dimitir del cargo.
Durante los últimos dos años, organizaciones de derechos humanos y abogados – y algunos políticos- han trabajado arduamente para retomar el control del sistema legal y la administración de justicia en manos del crimen organizado que ha corrompido a policías, fiscales y jueces.
Las redes clandestinas de criminales que existen hoy en Guatemala, provienen de las alianzas entre militares y empresarios que gobernaron el país desde los 1960 hasta los 1990 a través de juntas militares respaldadas por EE.UU. que cometieron crímenes con absoluta impunidad, desde el genocidio y las masacres a gran escala hasta el tráfico de drogas. La actual Fiscal General, Claudia Paz, ha sido muy efectiva en detener y enjuiciar a los mandamases del crimen organizado y a los altos mandos militares implicados en crímenes de lesa humanidad.
COMANDANTES DE LAS FUERZAS ESPECIALES VINCULADOS AL GENOCIDIO Y CRÍMENES DE GUERRA SON DESIGNADOS A PUESTOS GUBERNAMENTALES DE ALTO NIVEL
Para activistas de derechos humanos, resulta sumamente preocupante el retorno a puestos de alto nivel en el gobierno de militares en actividad y retirados. La unidad de fuerzas especiales conocida como los Kaibiles tiene fama por su brutalidad y ha sido implicada en las masacres atroces que se produjeron en los peores años de la represión de la “guerra fría”.
El Presidente electo Pérez Molina no hace concesiones ante estas inquietudes. Los Kaibiles nombrados a los tres cargos militares más importantes fueron: el Coronel Ulises Anzueto como Ministro de Defensa, Coronel René Casados Ramírez como Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Coronel Manuel López Ambrosio como Subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional . El nombramiento de Anzueto afecta la jerarquía, ya que por tradición, su nombramiento obligará el pase al retiro de 16 Generales. ·El Coronel que estuvo a cargo de la campaña presidencial de Pérez Molina, el Sr. Mauricio López Bonilla, fue nombrado como Ministro del Interior.
En el año 1995, en base al testimonio de testigos y a documentación escrita, Harbury señala que Anzueto fue uno de los tres oficiales responsables del secuestro, desaparición y tortura de Efraín Bamaca. Desde entonces, el caso languidece en los tribunales guatemaltecos, desafiando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En un segundo caso presentado en Marzo del 2011, centrado en los mandos militares que tienen responsabilidad directa de acuerdo a documentos desclasificados y las evidencias obtenidas en el primer caso, se señala a Otto Pérez Molina y otros dos generales.
TAMBIÉN VINCULADO A LOS ZETAS
Es aún más asombrosa la colocación de cuatro Kaibiles en altos puestos gubernamentales, incluso de la presidencia, debido a los vínculos reportados entre los Kaibiles y el cartel de tráfico de drogas horrorosamente violento, los Zetas.
Los Zetas provienen de una unidad de élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano (GAFE) y según se informa, fueron entrenados en Fort Bragg, base militar estadounidense, para combatir el tráfico ilícito de drogas. A fines de los 1990, recibieron entrenamiento por parte de las “fuerzas especiales” Kaibil de Guatemala.
De acuerdo a varios informes, en el año 2000, la unidad de los Zetas salió en bloque del GAFE, para hacer el trabajo sucio del Cartel del Golfo. El Cartel del Golfo ha tenido una presencia constante en América Central. Proviene de una red de traficantes locales que mantienen fuertes vínculos con militares y escuadrones de la muerte de varios lugares.
Desde ese entonces, y en particular desde el año 2005, a menudo se informa sobre el reclutamiento de ex Kaibiles y que ex Kaibiles entrenan a los Zetas. Tan recientemente como el 6 de abril del 2011, el Vice Ministro de Seguridad de México informó que Kaibiles antiguos y actuales entrenaban a los Zetas en la zona norte de Guatemala y participaban en el contrabandeo de drogas, a la vez que denunció un patrón del robo a gran escala de armamento de bases militares de México y Guatemala por parte de los Zetas.
El recién designado Ministro de Defensa de Guatemala fue director de la Escuela de Adiestramiento Kaibil hasta el año 2009, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional fue instructor de la escuela Kaibil.
Se atribuyen a los Kaibiles la inclusión de técnicas horripilantes al accionar de los Zetas, tales como el cercenamiento de cabezas o el descuartizamiento de las víctimas. Dado la historia de salvajismo de los Kaibiles en la guerra civil guatemalteca, eso no sorprende. Más recientemente, el 17 de mayo del 2011, ex Kaibiles que ahora son miembros de los Zetas, fueron detenidos por la masacre y decapitación de 27 trabajadores agrícolas en la hacienda Los Cocos en Sayaxche, Petén.
PRESIDENTE GENOCIDA
El salvajismo de los Kaibiles es reconocido, aún para una de las fuerzas armadas más brutales imaginables, tal como documentaron dos “comisiones de la verdad”: “La Memoria del Silencio” de 1999, auspiciada por la ONU, y “Guatemala Nunca Más” de 1998 de la Iglesia Católica.
La Comisión de la Verdad auspiciada por las Naciones Unidas determinó que más de 200,000 personas fueron asesinados y 45,000 desaparecidos. Señaló que el 93% de los actos de violencia fueron perpetrados por fuerzas militares o paramilitares, 3% por revolucionarios armados y 3% por autores no identificados. Documentó 626 masacres perpetrados por fuerzas de seguridad del Estados, la gran mayoría realizadas contra comunidades mayas y señaló:
“Especial gravedad reviste la crueldad que la ceh pudo constatar en muchas actuaciones de agentes estatales, especialmente efectivos del Ejército, en los operativos en contra de comunidades mayas. … El asesinato de niños y niñas indefensos, a quienes se dio muerte en muchas ocasiones golpeándolos contra paredes o tirándolos vivos a fosas sobre las cuales se lanzaron más tarde los cadáveres de los adultos; la amputación o extracción traumática de miembros; los empalamientos; el asesinato de personas rociadas con gasolina y quemadas vivas; la extracción de vísceras de víctimas todavía vivas en presencia de otras; la reclusión de personas ya mortalmente torturadas, manteniéndolas durante días en estado agónico; la abertura de los vientres de mujeres embarazadas y otras acciones igualmente atroces constituyeron no sólo un acto de extrema crueldad sobre las víctimas, sino, además, un desquiciamiento que degradó moralmente a los victimarios y a quienes inspiraron, ordenaron o toleraron estas acciones.”
En Agosto 2011, cuatro ex kaibiles y el oficial a su mando fueron sentenciados a6,060 años de prisión por su participación en la vil masacre de 264 hombres, mujeres y niños perpetrada en 1982 en el pueblo Dos Erres, Petén. Fue la primera vez que se detenga, juzgue y sentencie a soldados por uno de los cientos de masacres cometidos por los cuerpos de seguridad durante “la violencia”, las campañas militares de 1981 a 1983.
La Comisión de la Verdad de la ONU halló que fuerzas de seguridad del estado cometieron actos de genocidio en contra de cuatro pueblos mayas: los Achi, Q’anjobal, Kiche y los Ixil. El presidente electo Pérez Molina estuvo al mando de la base militar del Municipio de Nebaj desde 1982 hasta mediados de 1980. Nebaj fue el centro del genocidio ixil. Sobrevivientes reconocen que él los torturó. Por lo menos un sobreviviente así lo atestiguó ante un tribunal y documentos militares que se filtraron después demuestran su participación en masacres.
Casos judiciales abiertos contra los autores intelectuales y materiales del genocidio Ixil también han avanzado con la Fiscal General Claudia Paz y Paz. El General retirado Héctor Mario López Fuentes fue detenido el 20 de junio del 2011, bajo cargos por el genocidio del pueblo Ixil entre los años 1982 y 1983. El 12 de octubre del 2011, José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de Inteligencia militar de 1983 a 1985 fue arrestado, acusado por el genocidio del pueblo Ixil. El avance de estos procesos ahora está en riesgo.
MANIFESTACIONES A FAVOR DE LOS MILITARES - “CUANDO TRIUNFA MI GENERAL, TERMINAREMOS LO QUE EMPEZAMOS”
El año 2011 fue el primero en que oficiales de las fuerzas armadas (“autores intelectuales”) fueron llevados ante los tribunales por los crímenes políticos de los 1980s, pero la inminente presidencia de uno de los suyos parece haberles dado nuevos ánimos.
El 13 de noviembre del 2011, poco después de la victoria electoral de Pérez Molina, los militares y sus partidarios realizaron una marcha en el centro de la Ciudad de Guatemala, condenando la persecución de militares por crímenes de guerra. Es la primera vez que los militares realizan una manifestación de este tipo desde que terminó la guerra.
Durante los meses anteriores a las elecciones presidenciales, informes desde el campo indicaron que las redes de los ex patrullas de defensa civil, veteranos y otros aliados de los militares – todos implicados en el genocidio y graves abusos de derechos humanos – se movilizaron en apoyo a Pérez Molina. Durante el último año se han reportado frecuentes amenazas vagas que estas redes han insinuado a víctimas sobrevivientes de los años 1980, más o menos en el sentido de: “cuando triunfa mi General terminaremos con lo que empezamos”.
ACUSACIONES JUDICIALES CON MOTIVACIÓN POLÍTICA
Desde junio 2011, la asociación de veteranos militares y sus aliados están apuntando a la actual Fiscal General Claudia Paz y Paz . En campos pagados en los periódicos, los veteranos denunciaron a los fiscales y defensores de derechos humanos, aseverando que los veteranos responderían a los ataques. Debido al pasado de represión endémica en Guatemala, muchas personas perciben estos campos pagados como amenazas.
Dichos anuncios aseveran que existe una persecución injusta contra oficiales de las fuerzas armadas y que en vez de continuar con la justicia en tribunales civiles, que la Fiscal General debería respetar el fuero militar que juzgó a algunos de los acusados, juicios militares que han sido presentados como táctica para evitar asumir la responsabilidad legal por las barbaridades cometidas ante un tribunal civil.
Este año también los legisladores intentaron impulsar silenciosamente una nueva ley de amnistía. Ambos mecanismos – el uso inadecuado de tribunales y la aprobación de leyes de amnistía – violan la normatividad legal internacional.
El 2 de noviembre del 2011, el coronel retirado Ricardo Méndez Ruiz interpuso una demanda judicial, en la que responsabiliza a 26 personas de su secuestro en el año 1982.
El 29 de noviembre del 2011, la Asociación de Viudas de los Militares interpuso una demanda contra 32 personas por 45 actos de violencia que atribuyen a movimientos revolucionarios armados.
El 14 de diciembre 2011, un ciudadano estadounidense/guatemalteco dedicado al café, el Sr. Theodore Plocharski, quien se mudó a Guatemala en el año 1980, interpuso una demanda contra 52 personas atribuyéndoles la comisión de 11 actos de violencia en contra de diplomáticos y oficiales militares extranjeros.
Muchas de las personas señalados como acusados, son nombrados en las tres demandas. Por lo menos una de las personas acusadas en las demandas no había nacido al momento de los actos alegados, algunos eran bebés, algunos no se encontraban en el país.
Sin duda, estas acusaciones constituyen ataques directos contra la Fiscal General, activistas defensores de los derechos humanos, académicos, políticos y periodistas. El padre y la prima fallecidos de Claudia Paz fueron nombrados en los tres casos. Otras de las personas nombradas son: Miguel Ángel Albizures, uno de los fundadores de FAMDEGUA , la asociación de víctimas que promovió el enjuiciamiento en el caso Dos Erres; Jennifer Harbury y Jean Marie Simon, activistas internacionales defensoras de los derechos humanos; la primera dama saliente, Sandra Torres; así como conocidos periodistas, políticos, feministas, clérigos, académicos y otros. Algunos habían sido miembros de los movimientos revolucionarios.
La CICIG (Comisión Contra la Impunidad respaldada por Naciones Unidas) ha caracterizado las demandas judiciales como un ataque orquestado contra la Fiscal General, haciendo mención de las declaraciones de Ricardo Méndez Ruiz en una entrevista, en que señaló que tenía en la mira a la Fiscal General. Al parecer, el objetivo de la campaña es mostrar que Paz no conduce investigaciones imparciales, un posible pretexto para obligarle a dejar su cargo.
A pesar de ello, la Fiscal General ordenó que la unidad especial creada para la investigación de crímenes de guerra realice la investigación de estas acusaciones. En el caso que las acusaciones sigan el mismo curso que aquellas realzadas contra militares, podrán demorarse 15 años o más para llegar hasta los tribunales, si se descubra alguna evidencia. Sin embargo, dados los problemas crónicos de la falta de independencia del poder judicial, en definitivo existe el riesgo que las personas acusadas enfrenten juicios parcializados.
El Presidente-electo Otto Pérez Molina se ha sumado al discurso de estas acusaciones judiciales aparentemente frívolas. Durante una entrevista dada el 9 de noviembre del 2011, Pérez aseveró que la justicia debe ser imparcial y no “la persecución contra un solo lado”. Cuatro movimientos revolucionarios distintos participaron en el conflicto armado de 36 años que terminó en 1996. El primer movimiento revolucionario fue fundado por oficiales militares leales al gobierno democráticamente elegido que luego fuera derrocado a través de un golpe de estado respaldado por la CIA.
CASOS LEGALES ABIERTOS CONTRA JEFES DEL NARCOTRÁFICO
Claudia Paz, no sólo ha ayudado a avanzar el juzgamiento de criminales de guerra guatemaltecos si no también ha tenido mucho éxito al arrestar y extraditar a jefes del narcotráfico, la mayoría de los cuales habían operado durante décadas con total impunidad. El Embajador de EE.UU. en Guatemala, Arnold Chacón, expresó su respaldo a la fiscal en noviembre, y el 30 de noviembre del 2011, la Sub-Secretaria de Estado para Asuntos Internacionales”, María Otero, se reunió con Pérez Molina durante su visita a Guatemala. Muchos creen que la presión del Departamento de Estado llevó a la conferencia de prensa conjunta entre Pérez Molina y Claudia Paz, en la que dieron garantías para el trabajo de Paz.
LOS VÍNCULOS DE PÉREZ MOLINA CON WASHINGTON
El Departamento de Estado ha mantenido una relación muy cercana con Pérez Molina durante décadas. En 1995 se informó que recibía sueldo de la CIA cuando estuvo a cargo de la Inteligencia Militar en 1993, encargado de un centro clandestino de tortura y detención que según se informó, recluía a más de 300 prisioneros. Su nombre apareció con frecuencia en los cables “Wikileaks”. Se había graduado de la Escuela de las Américas.
El Departamento de Estado no parece haber tomado distancia de él, a pesar de existir amplia evidencia de su participación en graves violaciones de derechos humanos, incluso un video y fotografías de 1982 donde se le ve con los cadáveres de tres hombres indígenas, torturados y asesinados. La Embajada reconoció su victoria la noche de su elección, aun antes de concluir el conteo oficial. Además, Obama lo llamó para felicitarlo el 21 de noviembre y para expresar el interés de EEUU en cooperar con iniciativas de seguridad en Centro América.
Durante una visita a México en el mes de diciembre, Pérez Molina se reunió con el presidente mexicano Felipe Calderón a fin de tratar la cooperación en temas de seguridad. Defensores de derechos humanos aseveran que la “guerra anti-narcótica” de Calderón ha costado la vida de 45,000 personas en México, sin contener el tráfico con éxito. La guerra que libra Calderón es financiada por Estados Unidos mediante la Iniciativa de Mérida en la que, al ser propuesta en el 2006, tuvo la intención de financiar operativos de seguridad en Centro América y México. Sin embargo, sólo en este año el enfoque de Washington a retornado a Centro América y ya hay señales de militarización en la región.
Pérez Molina y Calderón comparten algunas amistades en Washington. La empresa española de relaciones públicas, Ostos y Sola, trabajó en las campañas de Pérez Molina y Calderón, así como también en la campaña del Presidente Haitiano Michel Martelly y el Presidente Chileno, Sebastián Piñeira, todos de la derecha. El director de la empresa en Washington D.C. es Damien Merlo, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidente de Otto Reich Associates, cuando la empresa lobista de Washington, dirigida por el nombrado al Departamento de Estado por la administración Bush, Otto Reich, abocó por el reconocimiento del gobierno golpista hondureño de Roberto Micheletti.
MILITARIZACIÓN versus JUSTICIA
En Marzo del 2011, se contrataron a sicarios políticos, lobistas o asesores estratégicos propios de la categoría de Washington para encargarse de (o botar) la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala auspiciada por Naciones Unidas, CICIG. El ex Embajador Robert Geldbard de Washington Global Partners, un ex Enviado Especial a los Países Balcánicos durante la presidencia de Clinton y luego Sub-Secretario de Estado para Narcóticos y Seguridad, fue contratado por empresarios guatemaltecos, incluido el vicepresidente para Centro América de Walmart, Salvador Paiz, aparentemente con la finalidad de socavar la imagen de la CICIG con sus financiadores en Washington y Nueva York, con el Congreso y las Naciones Unidas.
En un artículo publicado en The Economist el 15 de Octubre del 2011, según se informa, los empresarios guatemaltecos se habrían molestado por los mandatos de detención ordenados contra el ex Ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, a quien la CICIG acusara por dirigir un escuadrón de la muerte vinculado al crimen organizado, dentro de la misma policía.
Limpiar la corrupción a los niveles más altos del gobierno, al parecer no es popular entre los sectores de poder económico y militar, pero evidentemente es clave para ponerle fin a la devastadora violencia, represión e impunidad que existe en Centro América y depende de la disposición política de sectores de poder de Guatemala y de la llamada comunidad internacional.
Mientras que se realizaban esfuerzos para socavar el apoyo a la CICIG en Nueva York y Washington, tanto la ONU como el Departamento de Estado estaban siguiendo adelante a toda velocidad con la Estrategia de Seguridad de Centro América, enfocada en un esfuerzo de “reformar” a las fuerzas policiales en Centro América, conformadas por fuerzas “recicladas” de los militares en el caso de El Salvador y Guatemala. En el “triángulo norte” centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), las fuerzas policiales (históricamente vinculadas a y dependientes de los militares) son tristemente célebres por lo corruptas que son. Parece que los EEUU, las Naciones Unidas y la comunidad internacional están sirviéndose de socios militares infamemente corruptos, violentos y criminales con el objeto de “reformar” la seguridad. En respaldo a este enfoque sobre el fortalecimiento de las fuerzas policiales en los países del triángulo norte, en noviembre, el Presidente Panameño Martinelli, anunció que Estados Unidos y Colombia están estableciendo un centro de entrenamiento conjunto en Panamá, para entrenar a fuerzas policiales por toda la región, trayéndonos de nuevo la pesadilla de la Escuela de las Américas, que operó en Panamá entrenando fuerzas militares de toda América Latina. PRIVATIZACIÓN Al parecer en Centro América existe un esfuerzo de involucrar a contratistas privados para encargarse de la seguridad en el tema de las reformas policiales y la “Guerra contra los narcóticos”. El ex presidente colombiano Álvaro Uribe ha coordinado una serie de conferencias para alcaldes y presidentes de Centro América, con el auspicio de una corporación de seguridad privada, Continental Security and Integrated Systems (CIS). Se gastaron el 55% de los Fondos de Plan Colombia en empresas contratistas de seguridad de Estados Unidos. Al parecer Centro América seguirá ese camino. Por toda la región, militares retirados y en actividad están dominando la industria de la seguridad privada, y en años recientes, la presencia de fuerzas de seguridad privadas en el campo, particularmente en Guatemala y Honduras, ha crecido ampliamente, teniendo presencia donde las corporaciones trasnacionales conjuntamente con los élites locales tienen minas, represas hidroeléctricas y proyectos de biocombustible. En la región Bajo Aguan de Honduras, se dice que el escuadrón de la muerte de los años 1980, Billy Joya, asesoró a la policía local antes de producirse una racha de asesinatos al estilo de los escuadrones de la muerte contra activistas defensores de la tierra que se encuentra en conflicto con los productores de biocombustibles; en menos de dos años, más de 50 activistas campesinos fueron asesinados. Además de la buena voluntad de Washington para trabajar con el presidente electo Pérez Molina y sus Kaibiles como tales, en El Salvador el General en retiro Munguía fue nombrado como Ministro de Seguridad en Noviembre, en una movida controvertida hacia la “militarización” de la seguridad ciudadana. Los analistas aseveran que su nombramiento fue en respuesta a la presión de la embajada de Estados Unidos. Pérez Molina se comprometió a desplegar Kaibiles para combatir el tráfico de drogas, a pesar de las acusaciones sobre la participación de Kaibiles y ex Kaibiles en el narcotráfico. También prometió movilizar a las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea en la guerra contra las drogas y de incrementar el número de integrantes de las fuerzas armadas por 2,500 elementos nuevos. En Honduras, el programa de reformas ha sido denunciado con fuerza como una farsa dirigida por los mismos corruptos del poder que crearon las redes criminales dentro de la policía y que apoyaron el golpe militar del 2009 contra el gobierno democráticamente elegido del Presidente Zelaya. Alfredo Landaverde, un ex jefe antinarcóticos y uno de los más abiertamente críticos de dicha “reforma” fue acribillado a balazos por asesinos en motocicletas el 7 de diciembre. PERSPECTIVAS SOMBRÍAS PARA UNA VERDADERA SEGURIDAD Y JUSTICIA Aunque indudablemente la existencia de fuerzas policiales limpias es de crucial importancia para la construcción de comunidades seguras, al entregar dinero, armamento y entrenamiento a fuerzas de seguridad corrompidas, solamente se alimenta la violencia, la corrupción y la impunidad, tal como se demuestra con los Zetas. Tiene que haber un interés real en tratar la impunidad y la corrupción y para enjuiciar a los miembros del crimen organizado que están metidos en el poder político. Al parecer el procesamiento de la corrupción no es bueno para los intereses de empresas transnacionales, pero la industria de la seguridad es un gran negocio.
*co-directora de Derechos en Acción, annie@rightsaction.org
Fuente: www.rightsaction.org |
