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Urgencia de la aprobación de la ley de hábeas data
Por Alfonso Bauer Paiz - Guatemala, 26 de julio de 2005

El día sábado 16 del presente mes, varios órganos de prensa escrita publicaron la importante noticia relativa al descubrimiento de un archivo de la Policía Nacional, que logró la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Este archivo, al parecer, registra datos desde principios del siglo pasado, a partir de 1905, según Leonardo Cereses, periodista de Prensa Libre, en crónica publicada el día ya mencionado, aunque en versión del diario elPeriódico, del mismo día, los archivos datan desde 1935 y contienen documentos fechados hasta 1996. Sin embargo, otras informaciones asignan 1930, el año de iniciación de la información.

El hallazgo fue posible porque agentes de la PDH que investigaban la existencia de un depósito de explosivos en una estación de la PNC, situada en la zona 6 de la ciudad capital, descubrieron ese enorme archivo que ocupa, por los menos, diez habitaciones.

El Procurador General de DH, inmediatamente tomó las primeras medidas para resguardar esos registros, de gran utilidad para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos, particularmente durante las cuatro décadas del conflicto armado interno.

Es de lamentar y censurar la reacción del Ministerio de Gobernación, quien no le dio ninguna importancia al descubrimiento e irresponsablemente declaró: "hay gente encargada de los archivos, pero nadie entra porque eso está lleno de ratas y murciélagos; no sé lo que hay, pero me imagino que antecedentes penales y cosas así".

¿Cómo es posible que un ministro de Gobernación públicamente, aunque en forma tácita, admita que ignora cuáles son sus obligaciones? La pregunta es válida porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, él, como titular del dicho Ministerio, está obligado a administrar descentralizadamente los registros y sistemas de documentación y, además, a velar por la eficiente administración de los registros públicos, sometidos a su jurisdicción, como son los de la PNC. E ignorar qué contienen esos archivos y permitir que ratas y murciélagos los destruyan, es incumplir las normas legales, por lo cual incurre en responsabilidades no sólo administrativas sino penales.

Al menos, el Director de la PNC, según información de elPeriódico (16 de julio), declaró que "no tendría problema en trabajar con el PDH para conservar los documentos, si es que éste encuentra el dinero para realizar el proyecto". Se refería al del procurador Sergio Morales, de recopilar la información y digitalizarla.

Ese afortunado descubrimiento motivó, inmediatamente, a organizaciones humanitarias, sindicales, estudiantiles y religiosas a reunirse para tratar del asunto, a cuyo efecto lo hicieron en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), por convocatoria del dirigente Miguel Ángel Albizures, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). De esa reunión se llegó por consenso unánime al compromiso de apoyar a la PDH en su decisión de resguardar debidamente dichos archivos.

Sobre la importancia de esos archivos, el historiador Arturo Taracena fue entrevistado por Juan Carlos Llorca, de elPeriódico, y en la edición de 18 de este mes, entre otros comentarios y juicios, Taracena opina:

"Éste es el archivo de hechos que son decisivos en la historia contemporánea de Guatemala, debería formar parte de la memoria histórica y servir par contrastarla."

"Los archivos tienen la virtud de permitirles ver a los historiadores la larga duración de los procesos. Los documento que encontraron podrían dar a entender casos concretos pero también el comportamiento de la Policía Nacional a lo largo de los últimos 70 años."

"Por ley le debería quedar al Archivo General de Centro América" (en alusión al archivo encontrado).

"En Guatemala no podemos echar al olvido lo que pasó, lo maduro es hacer una racionalización de nuestra historia."

Quien esto escribe, estuvo en la sesión de organizaciones que se reunieran en la ODHA, y propuso allí, que el Congreso de la República apruebe de urgencia el ante proyecto de ley de hábeas data, propuesta que reitera ahora.

¿Qué es hábeas data? Sin duda el lector sí sabe o ha oído hablar de hábeas corpus. El hábeas corpus es una institución jurídica, mediante la cual una persona que ha sido detenida y está encarcelada, tiene el derecho de valerse de este procedimiento legal, a fin de que la autoridad que ha privado de libertad al recluso, explique al juez, las causas por las cuales guarda prisión el reclamante. Pues bien, el HÁBEAS DATA es un recurso también legal, mediante el cual una persona puede hacer valer su derecho a saber si su nombre consta en un registro de archivo público y a obtener certificación del documento correspondiente.

La Constitución de la República es sus artículos 30 y 31 dispone:

"Artículo 30. PUBLICIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen el derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expediente que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia."

"Artículo 31. ACCESO A ARCHIVOS Y REGISTROS ESTATALES. Toda persona tiene derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos."

Desde hace ya varios años obra en comisiones de trabajo del Congreso de la República, una iniciativa de ley de hábeas data, para garantizar a las personas los derechos que la Carta Magna les otorga en cuanto a tener conocimiento de los actos administrativos y respecto a lo que consta con relación a ellas en los archivos y registros estatales.

A juicio de este columnista de La Hora, Tribuna no Mostrador, no debería ser necesaria ninguna ley para poder ejercer esos derechos, pues el texto de los artículos constitucionales citados, es claro y terminante; pero, lamentablemente, la incuria gubernativa y su viciosa práctica de resistencia al cumplimiento de garantías individuales y sociales estipuladas en la Constitución, imponen la conveniencia de esa legislación complementaria. En este caso, la promulgación urgente de la ley de hábeas data.

Fuente: www.lahora.com.gt - 250705


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