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Algo huele mal en Guatemala
Por Antonio Castillo - Guatemala, 15 de febrero de 2013

El gobierno que prometió seguridad, pareciera estar fallando en el cumplimiento de esa promesa de campaña. Pareciera, porque quienes poseen poder aparentan para lograr sus objetivos de afianzamiento y de acumulación. Hoy podemos suponer que detrás de la tal "falla" se esconde un plan diseñado para que la población desesperada pida a gritos "seguridad", y que en el imaginario que nos han querido inculcar, en la significación y lenguaje contrainsurgente de este gobierno, se consolide la militarización de la sociedad y del Estado (además del negocio de las armas y de las empresas de “seguridad”), tal y como se ha venido dando en los últimos gobiernos, y en particular con el actual.

El incremento de las muertes de ciudadanos, incluyendo niñas y niños, puede ser una fabricación desde estructuras siniestras dentro del Estado, para lograr un clima proclive para seguir fortaleciendo la idea de que el ejército puede librarnos de todo los males.

Algo que no es novedoso en Guatemala, a sabiendas que son los mismos que provocaron masacres y crímenes represivos, los que hoy están al frente del gobierno. Tácticas que fueron utilizadas durante la guerra, dirigidas por las clases poderosas y operadas por la casta militar en contra de la población civil. Y, precisamente, por la falta de conocimiento histórico en las clases populares, a las elites dominantes les resulta fácil volver a implementarlas.

Esa violencia fabricada sería el marco de fondo para procurar un golpe de Estado técnico que estaría caracterizándose, en su primera fase, por una propaganda sistemática de desprestigio en contra del Congreso de la República, uno de los poderes de mayor oposición al ejecutivo en este momento. Una oposición que resulta obstáculo para la aprobación del paquete de leyes que el gobierno presento a inicios del año, redactadas por los principales gremios empresariales y oligárquicos, para garantizarse normas que les faculten llevar la explotación y el expolio a niveles que se asemejan a la época colonial, de máxima esclavitud y saqueo. Esas iniciativas de ley, agenda exclusivamente empresarial, son: Ley Marco del Sistema Nacional para la Competitividad y la Productividad; Ley de Promoción de Inversiones y Empleo; Ley Regularizadora del Trabajo por Hora y su Inclusión al Sistema de Seguridad Social; Reforma a la Ley de Propiedad Industrial; y Reformas a la Ley de Garantías Mobiliarias.

Desprestigio hacia un Congreso que bien es sabido –con la excepción de algunos diputados– es un nido de corrupción, oportunismo, transa, etc., que legisla a partir de intereses electoreros y de negociaciones financieras y para beneficiar a sus dueños y al capital local y transnacional, y no para el pueblo, intereses finalmente compartidos con el actual gobierno.

En sus objetivos, el actual gobierno se enfrenta con esa aparente oposición. Pero la verdadera oposición, está en los sindicatos, organizaciones populares, pueblos indígenas y uno que otro medio de comunicación, pues son quienes se oponen a las prácticas de explotación, expolio, corrupción, así como a las políticas neoliberales que las favorecen, todas implementadas por empresarios locales y extranjeros, y por funcionarios y mafias.

Cada una con sus diferencias sustanciales, pero obstaculizan los intereses de este gobierno, de las elites económicas y del capital transnacional. Por ello se está impulsando una campaña con programas de ideologización, mal nombrados de "opinión", donde se ha atacado fervorosamente la labor de las interpelaciones -que son mecanismos constitucionales- como las culpables del retraso en la agenda del hemiciclo. Al mismo tiempo, desde el inicio de este gobierno ha habido acciones de distinto orden a nivel nacional e internacional, para desprestigiar y criminalizar la lucha contra la minería, las hidroeléctricas, la expansión de la palma, etc. que se evidencian en el informe de “inteligencia” presentado al presidente en marzo del 2012, titulado “Organizaciones que promueven la conflictividad social en Guatemala. Redes de organizaciones locales e internacionales que promueven la conflictividad social, atentan contra el Estado de Derecho y desestimulan la inversión privada en Guatemala.” en el cual se hace explícita la búsqueda de este gobierno por operar los intereses de los capitalistas antes que los intereses del pueblo guatemalteco, antes que el interés público, el interés de todos.

No obstante estas tácticas, los negocios de corrupción han seguido, independientemente de esos mecanismos. Fonapaz, IGSS, Portuaria, Contraloría, Bolsa Segura, Plan Hambre Cero, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Comunicaciones, son ejemplo de esto.

El gobierno de Pérez Molina y su séquito de militares y civiles, muchos señalados como violadores de derechos humanos y genocidas, con esta estrategia y con una mayor concentración de poder se asegurarían la capacidad suficiente para echar a andar su agenda, en la cual aparece: 1) La libre negociación entre el Estado guatemalteco (el actual gobierno) y las transnacionales, mineras, de energía eléctrica u otras de esa envergadura, para garantizar el saqueo. 2) Limitar al mínimo las garantías ciudadanas esenciales que garantiza la Constitución, imponiendo estados de excepción (incluso de ámbito nacional), con el propósito de doblegar la resistencia a dicho saqueo; esto también limitaría la acción de la organización social en general, de la prensa y del mismo Congreso. 3) La represión explícita y velada para lograr la dislocación de todo movimiento popular de resistencia como el de los estudiantes, los salubristas y los campesinos y pueblos indígenas que se oponen a las transnacionales y que libran luchas porque sus demandas sean tomadas en cuenta por el Estado. 4) En este marco, también frenar de una vez por todas las denuncias y juicios que las comunidades afectadas directamente se han atrevido a impulsar contra los militares acusados de genocidio y que hoy hacen peligrar a uno de sus grandes íconos de la barbarie: Efraín Ríos Montt, y al mismo presidente como uno de los operadores de la estrategia contrainsurgente, entre otros que se encuentran aglutinados en la AVEMILGUA.

El peligro de que esta estrategia de represión, estados de excepción y de un pretendido Golpe de Estado técnico se concreten para beneficio de la elite gobernante, del capital local y transnacional, es que echen al basurero los grandes sacrificios que el pueblo ha hecho para poder gozar, por lo menos, de garantías mínimas.

Por eso nuestra advertencia y denuncia. Por eso el llamado a organizaciones populares y políticas con coherencia, a articular esfuerzos contra esa pretensión golpista, militarista y capitalista.

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