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Reforma educativa patriota y el futuro de los jóvenes que viven en el área rural guatemalteca
Por Arturo Chén Bin - Cobán, Alta Verapaz, 11 de febrero de 2013

El futuro de los jóvenes rurales y los sectores pobres en Guatemala es poco visible, lo que sí está seguro es que el sector económico ya los tiene embolsados para aprovecharse de su mano de obra para la prosperidad de sus empresas. Qué bueno fuera que los puestos que ocuparan estos jóvenes fueran de jefes o administradores, pero no será así, los puestos serán siempre de obedecer jerarquías, es decir a los dueños de las empresas.

Y si optaran por buenos puestos o sueldos, siempre los priorizados serán quienes han tenido la oportunidad de estudiar en los buenos colegios, en este caso las familias de clase media-baja, y la clase profesional.

Contraria a la situación de los hijos campesinos, obreros o indígenas, aparte del calificativo social que se le atribuye “clase social inferior”, sin duda, no serán calificados para puestos gerenciales, sino, serán utilizados para trabajos mecánicos, mano de obra barata y sufrirán desgaste físico con salarios precarios, aunque es tradicional este trato empresarial a los pobres y sigue vigente en el siglo XXI.

Con la reforma impuesta a la carrera del Magisterio por el gobierno de Otto Pérez Molina, consistente en 2 años de bachillerato en educación y 3 años universitarios para optar a una plaza como maestro, tiene implicaciones políticas, económicas y social-cultural, muy negativo para la clase social empobrecida, pues favorece únicamente a las pocas familias que controlan la economía nacional.
Primero, el mismo sector económico guatemalteco se ha negado sistemáticamente de aumentar el PIB para la educación, que no supera el 3% a comparación de los países Centro Americanos, cuyo promedio oscila entre 4 a 6 % de inversión en educación (UNICEF). Mientras en Guatemala estamos rezagados con el presupuesto educativo, el acceso del sector pobre a una educación gratuita y de calidad es menor. Para la educación superior, solo existe una Universidad Nacional (USAC), cuyo presupuesto no alcanza para cubrir más matriculas; si comparáramos con Venezuela que tiene 22 universidades públicas y con un presupuesto del 10% del PIB para la educación, quizá la opción por la carrera de bachillerato y luego estudios universitarios para profesionalización sería viable, algo muy lejos que ocurra en nuestro país racista, clasista y violento.

Los 3 años de educación superior que propone el gobierno, activa la economía de las 9 universidades privadas en el país, porque la Universidad estatal no tiene suficiente financiamiento para atender a la población estudiantil. Aquí radica la oposición de los estudiantes normalistas y los colegios del nivel medio, porque la disposición gubernamental apunta a la privatización de la educación y afectará a la clase social pobre.

En momento de la historia el Magisterio jugó un papel importante en la formación de pensadores y críticos al sistema racista, criollo neo-colonialista, ahora oligárquicos y monopolistas, entre ellos los estudiantiles normalistas, pero fueron eliminados antes, durante y después del conflicto armado interno.

Por tal razón el CACIF ha optado por liquidar el magisterio, porque sabe que seguir financiando a las escuelas normalistas equivale fomentar y fortalecer su enemigo crítico al sistema excluyente, decir esto, es igual a entender que la Educación no sirva para generar pensadores, sino trabajadores obedientes y pacíficos ante la opresión sistemática de la cúpula empresarial.

En el tema cultural, se pierde el sentido del bilingüismo, es decir: los jóvenes rurales dejarían de darle importancia a sus culturas, idiomas, entre otros, debido a que la carrera de bachillerato y las universidades privadas no estarían interesados de fomentar los idiomas Mayas.

Ante ello, es vergonzosa la estrategia tomada por el gobierno al embargar la conciencia de los docentes de buen número de los institutos normalistas a puro dinero, usar la represión a quienes se oponen a su ley, violar el derecho flagrante de los padres de familias y estudiantiles de elegir la educación que quieren (garantizado en la constitución), recriminar al estudiante por ser normalista.

Un ejemplo, el caso del Instituto Normal Mixto del Norte, Emilio Rosales Ponce, Cobán, AV., el director solo ha dado información parcial a los estudiantes sobre la reforma, y él mismo con algunos docentes no han permitido que los estudiantes se manifiesten en contra de la propuesta patriota, se ve que es una síntoma de falta de cultura profesional de los docentes en un país supuestamente “democrático”, al ser cómplices de la conflictividad que provocan, cuando ellos mismos saben, que existe la propuesta de la mesa técnica consensuada a nivel nacional, que fue obviada por el gobierno de Otto Pérez Molina y Cinthya del Águila operadores de los empresarios.

En medio de todo, es mediocre la actitud del procurador de los derechos humanos al ser el simple defensor de la oligarquía y el gobierno, al dejar en manos del ejército el control de los movimientos estudiantiles afectados, que solo genera más división en Guatemala, empezando con el cierre de las opciones a una educación superior para las mayorías.


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