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Una defensa de clase e intimidaciones
Por Álvaro Velásquez - Guatemala, 18 de abril de 2013

Como ya he dicho antes, las cámaras empresariales, ideólogos orgánicos, y otros grupos conservadores y de extrema derecha, acompañados por un coro de ex funcionarios públicos e “izquierdistas” funcionales, atravesados todos por su sentido de colaboración con el actual gobierno, y asumiéndose tutelares del proceso de paz, han venido realizando una campaña mediática (campos pagados y cuñas radiales) con ocasión del juicio por genocidio y deberes contra la humanidad, presuntamente cometidos por el general E. Ríos Mont durante su mandato de facto en 1982-1983.

Es una campaña que busca litigar fuera del tribunal; deslegitimar el proceso, y espantar con el petate del muerto, diciendo: 1) que la justicia se debilitará debido a que se trata de una conspiración externa; 2) que la paz se ha vulnerado y que vendría una nueva guerra y 3) que el desprestigio de una condena, desalentará las inversiones extranjeras, convirtiendo en parias a los guatemaltecos en el exterior. Se trata en realidad de una defensa de clase con intimidaciones, en función de su dominio histórico e ideológico; y que al mismo tiempo teme que la mala reputación que la oligarquía criolla tiene a nivel internacional, aumente.

Por ello, a estas élites y sus aliados se les antoja inaudito que un juicio que les interpela, se esté llevando a cabo en sus propias narices. Por eso, aunque el general Ríos Mont sea de ingrato recuerdo por el “Jueves Negro y el Viernes de Luto” le acuerpan sin que lo mencionen directamente. La causa común, es el desafío judicial “de los perdedores” en su propio Estado.

Le echan la culpa a la ex guerrilla diciendo que no respetan el espíritu de los Acuerdos de Paz. El hecho es que este juicio demuestra que los negociadores oficiales e insurgentes no dimensionaron la gravedad del daño cometido a la población civil y que su impunidad concertada, no valía sin un verdadero ejercicio de reconciliación y justicia a nivel de la ciudadanía. Así que, de un modo paradójico, este juicio muestra el fracaso de la izquierda política y confirma el triunfo de la sociedad civil frente al autoritarismo. Nada que ver con las lecturas maniqueas que las élites y sus aliados hacen de esto.

Hay que verlo así: este juicio fortalecerá el sistema judicial y la democracia. Primero porque la impunidad no es buena defensa, y porque no hay nada oculto que no llegue a conocerse. La realización del juicio ya es un triunfo para la verdad histórica y el prestigio de Guatemala se elevará exponencialmente a nivel internacional. Segundo, porque constata que en la democracia no debe haber élites intocables. Lo contrario, la abarata.

De modo que cual sea vaya a ser la sentencia, habrá dejado un sistema de justicia y de derechos humanos más maduro y prestigioso a nivel internacional. En esa línea, el gobierno debería articular un plan que garantice la vida de la Juez del Tribunal, Jazmín Barrios, de Pablo Xitumul y Patricia Bustamante. La defensa de los militares tampoco debería descalificar de antemano cualquier sentencia. Su deber es el debate oral, sin falacias comunes.

Por tanto, que la ciudadanía no se asuste ni se deje engañar por la propaganda oficial. La paz continuará y solo los fascistas sueñan con incendiar el tribunal; generar violencia o cometer un Golpe de Estado que detenga su ira.

Más bien dejemos que el juicio se desarrolle en paz. Los problemas reales son otros: la corrupción galopante del actual gobierno; la falta de reformas políticas; y el estancamiento del Congreso; en los cuales debemos enfocarnos.

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