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El CACIF y la victoria moral del 10-M
Por Álvaro Velásquez - Guatemala, 16 de mayo de 2013

Guatemala (sus órganos de justicia) ha dado al mundo entero en una hermosa lección de humanidad y civilización de la que ciudadanía merece estar orgullosa. Todo el júbilo que las víctimas y querellantes expresaron ese viernes 10 de mayo (10-M) está más que justificado. El 10-M está grabado en la historia de Guatemala como un día de justicia y dignidad. Y aunque ella es una victoria colosal, jurídica y simbólica, para el pueblo Ixil y el resto de guatemaltecos, no hay que ser ingenuo, porque todo el tropiezo que dicho juicio ha tenido que atravesar solo habla de una cosa: ha sido la lucha de David contra Goliat. Y sigue.

Y es que Guatemala es sociológicamente hablando una Oligo-cracia. Aquí los chicharrones truenan de un solo lado. El de los poderosos. Esta realidad impone límites a la sentencia judicial, cuyo caso pasa ahora a manos del CACIF increpando directamente a la Corte de Constitucionalidad, puesto que la defensa de Ríos Mont falló miserablemente. A sus ojos, lo que menos importa ahora es la suerte del general, sino su propia “reputación” y dominio. Con la Sesión Permanente, el CACIF se ponen en pie de guerra contra la sentencia y alinean tras de sí a una amplia gama de grupos conservadores, medios y ex militares de línea dura.

O sea, de una manera perversa, la guerra del Estado contra el pueblo Ixil continúa. Si bien se trata de un tipo de violencia más simbólica que real, es de todos modos disciplinante porque proviene del poder. Cuatro rutas operativas han sido advertidas a este respecto: 1) guerra de recursos legales y campaña de negación; 2) criminalización de la jueza Jazmín Barrios y difamación del tribunal, a efecto de mantener una opinión pública favorable; 3) inflamación de los discursos y grupos fascistas, racistas y xenófobos como intimidación social; 4) recuperar pleno control de los órganos de justicia. Y aunque infames, todos esos mecanismos son válidos. Lo inaceptable sería que alentaran la violencia homicida o el rompimiento constitucional.

Y es que esta sentencia contiene tres cosas contra las cuales cualquier otro desafío pacífico al poder de “la Patria del criollo” es poco: 1) admite que hubo genocidio en el clímax de la guerra interna; dado el carácter clasista y racista del Estado que se desbordó en ese momento; 2) ordena al MP proseguir la investigación contra los corresponsables civiles y militares que operaron en la región Ixil y 3) ordena medidas de reparación simbólicas y un mea culpa solidario del gobierno en favor del pueblo Ixil.

El 10-M es la advertencia moral de que lo sucedido nunca más debe repetirse. Y no obstante que el CACIF y aliados desplieguen todo su poder, influencia y financiamiento para revertir lo actuado por el tribunal, este país ya no será el mismo después del 10-M.

Por un lado, la justicia fue arrancada al Estado de forma pacífica, en minoría y en desventaja, y muestra que la democracia, pese a todo, se está abriendo camino. Por otro lado, se abren oportunidades para el desarrollo de plataformas políticas diferentes realmente democratizadoras de este país.

En esa lucha el pueblo guatemalteco no está solo. Cuenta con la solidaridad internacional, empezando por el gobierno de los Estados Unidos bajo cuya tutela, las élites guatemaltecas se hicieron fuertes en el pasado. Contra eso, las élites económicas y sus aliados reaccionan con un nacionalismo xenófobo, típico del cavernario arrogante. Así que no es la sentencia por genocidio lo que aislará a Guatemala, sino su incumplimiento. Alguien que se lo diga al CACIF.

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