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La C. C. y la princesa del garbanzo
Por Álvaro Velásquez - Guatemala, 23 de mayo de 2013

Tal como en el cuento de hadas de Hans Christian Andersen, “La Princesa y el Garbanzo”, la Corte de Constitucionalidad (CC) con su resolución (dividida) del 20 de mayo puso en jaque a todo el sistema judicial reaccionando con exquisita incomodidad por lo que parece ser un pequeño garbanzo en el fondo de un montón de colchones de pruebas, peritos y testimonios en el juicio contra el general Ríos Mont que había dado como resultado su culpabilidad.

Y es que siendo este caso crucial para Guatemala y sonado a nivel mundial, la resolución de la CC puede ser interpretada de dos formas: 1) como un aval a la impunidad, luego de escarbar en el fondo de los colchones una argucia legal favorable a la defensa del imputado, dada la incomodidad con que el statu quo recibió la sentencia; o bien; 2) como una muestra de refinamiento judicial que garantiza un proceso impecable para todas las partes.

Ciertamente, nadie que yo sepa ha procurado que el general Ríos Mont carezca de un juicio justo con todas las garantías procesales que él mismo no concedió, durante su gobierno, a nadie de sus víctimas. Pero al leer la resolución 1904-2013 de la CC, me queda claro que la defensa del general Ríos Mont ha convencido a la máxima magistratura de este país que se le permitan repetir su “faul técnico” cometido en el minuto primero del primer tiempo reglamentario, mismo que el árbitro desechó por teatral y malicioso (como suele decirse, “se tiran para que los recojan”). Y en ese reclamo una CC solícita les ha dado la razón, yendo más allá de lo que el sentido común indicaba: anulando el partido fuera del tiempo reglamentario. Pero digamos que, cual FIFA, la CC tiene en sus facultades hacerlo.

Lejos de mí no desear que tales garantías procesales no sean parejas para cualquier ciudadano, de modo que toca respaldar la decisión de la CC. No obstante, sostengo que lo resuelto por la CC es legal pero ilegítimo dado el contexto de presiones púbicas que el CACIF (que muchos disculpan descaradamente) ejerció sobre ella, y por los pésimos datos sobre la salud de nuestro sistema judicial. Un sistema corrupto y lento donde los jueces probos y valientes son escasos y donde leyes como Ley de Amparo no han hecho más que hacer una justicia privatizada.

En efecto, la Ley de Amparo es abusada constantemente (85% de los amparos son desechados) y cárteles de abogados se enriquecen metiendo amparos hasta por la forma de sentarse de las víctimas. Porque son las víctimas las que menos se favorecen con dicha garantía constitucional, sino los victimarios puesto que son los que tienen el dinero (el amparo más barato sale en Q50 mil) para corromper el sistema, entramparlo y salirse con la suya.

Por eso, aunque legal, la resolución de la CC también suena ilegítima dado que pone en cuestión el derecho a la justicia de las víctimas. Afortunadamente, la CC se cuidó de no invalidar el juicio mismo, pero el mal mensaje ya está enviado, por ambiguo. Como sea, la sentencia del 10-M va a ser la medida con la que la justicia guatemalteca, va a ser evaluada nacional e internacionalmente.

Lo bueno que esta coyuntura crítica ha traído consigo es que: 1) ha puesto a cada actor en el lugar que debe estar en torno a la impunidad o la justicia; 2) dilucida la radiografía del poder en Guatemala, que aunque todavía sólido, cada vez está en franca crisis de credibilidad, y, 3) identifica problemas de diseño institucional, como el de la Ley de Amparos y una CC con superpoderes, que tarde o temprano tienen que ser reformados constitucionalmente.

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