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Gobierno opaco, autoritario y fallido
Por Álvaro Velásquez - Guatemala, 10 de julio de 2013

Si se revisan sin apasionamientos los últimos 18 meses de este gobierno, se cae en la cuenta que lo que lo ha caracterizado es el autoritarismo, la opacidad y el latrocinio; el servilismo a las minorías y las minerías poderosas, además de la inconstancia en sus iniciativas políticas.

Sus acciones más evidentes han sido Estados de Sitio para sofocar la conflictividad social arreciada por la defensa del territorio; Compras por excepción como regla pública; Estados de Calamidad ilegales; injerencia en la Corte de Constitucionalidad y el Organismo Judicial; boicot al Congreso de la República pese a tener mayoría y la presidencia del organismo legislativos; debilitamiento financiero a la Universidad de San Carlos; secuestro de instituciones como el IGSS; etcétera.

Ha fracaso incluso en lo que se comprometió en campaña: Pacto Hambre Cero; Pacto por la Seguridad y la Justicia, y el Pacto Fiscal, que más que pactos son medidas unilaterales mal implementadas. Ni siquiera en la continuidad de los logros alcanzados por el anterior gobierno fueron eficientes, como lo son la seguridad y los programas sociales. En el uno, los índices negativos crecieron y en el otro, los positivos decrecieron. Y pese a esa lista de la vergüenza los financistas tienen prioridad, tal como se nota con los Q3 mil 445 millones de la deuda flotante, de donde posiblemente salga parte de la campaña de Sinibaldi.

Y todo ocurre con la condescendencia del público, la prensa y muy en particular, del sector privado organizado. Para este último, tal parecería que en su lógica están diciendo: "¿puede haber algo mejor que este gobierno? sí, un gobierno de nosotros los ricos; ¿puede haber algo peor que este gobierno? sí, un gobierno de izquierda”, por ello, hay que apechugarlo”.

Tres medidas recientísimas confirman la naturaleza antidemocrática del actual gobierno: 1) la prohibición de que los Ministros se presenten a rendir cuentas al Congreso, a sabiendas que tiene a la Corte de Constitucionalidad en la bolsa; y 2) la moratoria de la actividad minera y 3) el endeudamiento público, para pagar obra privada. Todo se reduce a esto: a este gobierno la Constitución Política de la República le estorba; las leyes le estorban; el Congreso le estorba; pero la subordinación al sector privado se mantiene, mientras la campaña política sigue.

Con el tema de la moratoria, la interpretación más realista es que se trata de una respuesta de último minuto, después haber otorgado licencias a granel, ante la legítima y extendida resistencia popular y comunitaria frente a esa política entreguista, lo que significa que el movimiento nacional de resistencia a la actividad minera ha sido un triunfo. Pero con respecto a la deuda flotante la división del sector privado (capitales tradicionales versus emergentes), lo revela todo: sí hay que pagar porque el negocio con lo público debe seguir; pero no a costa de renunciar a su victoria contra la actualización tributaria que lleva el principio de presupuestos minimalistas y autogenerados.

A todo esto ¿Quién no recuerda que fue el bloque PP en la legislatura anterior, quien inauguró en la actividad bucanera, del que el Líder ha sido su perfecto imitador? Por tanto, ¿por qué viene el Presidente de la República a darse baños de pureza? Y ¿quién posibilitó el triunfo de este gobierno? El G-8 junto con un sistema electoral injusto.

Así que tal como me dijo el psicólogo social, Alfonso García, en este país no hay indignados sino resignados, pero mi pesimismo con esperanza, me dice que no todo está perdido.

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