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Mercado eléctrico y justicia social
Por Álvaro Velásquez - Guatemala, 25 de julio de 2013

Fue a raíz de unas denuncias presentadas a las Auxiliaturas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, así como por el diputado Carlos Barreda en el Congreso de la República, acerca de la discrecionalidad con que las corporaciones municipales están “cobrando” (en realidad no son ellas) por el servicio de alumbrado público, que el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge León Duque, interpuso hace un par de semanas un Amparo contra 55 municipalidades para que este tema se corrija, dado que no corresponde a la justicia social que debe contener todo servicio público.

Un amparo que por el tema que toca, no deja de poner nerviosos a medio mundo, porque por un lado el tema eléctrico es un gran negocio, pero también porque no pocas municipalidades dependen del servicio eléctrico para su propia gobernabilidad. De ahí que en respuesta a la acción del PDH, la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) anunció estar dispuesta a elaborar una tabla de cobros según niveles de consumo entre las municipalidades del interior del país.

La cosa es que ahora mismo el distribuidor privado está facturando un cobro fijo y parejo (disfrazada de tasa municipal) cuyo monto se acuerda de manera mancomunada entre el distribuidor y la corporación municipal de la que se trate. Un cobro que parece ilegal y exagerado pero que de hecho podría estar subsidiando –y así es- otros servicios públicos municipales como el canon de agua, saneamiento y manejo de desechos.

El efecto positivo de la medida de la PDH es contribuir a que el tema del alumbrado municipal se regularice y de hecho se transparente en beneficio de los consumidores, pero también porque más actores y sectores podrían estar interesados en reformar la ley de electricidad en donde el Congreso de la República tiene la última palabra.

La idea final, para el caso de las municipalidades del interior, es que estas repliquen el modelo que del departamento de Guatemala, que tiene un 12% de alumbrado público que se cobra proporcional entre usuarios residenciales y comerciales.

Sin embargo el tema de fondo, que es el mercado eléctrico y energético en Guatemala es más complicado, porque el costo de tener una cobertura de alrededor del 90% en la actualidad, es que el mercado está altamente concentrado en pocas manos, sin mayores regulaciones, con un precio del kilovatio/hora de los más caros del mundo (un promedio de 40 centavos de dólar cuando en otros países no rebasa los 6 centavos de dólar).

Quiere decir, que con la regularización de los cobros del alumbrado público, se estaría corrigiendo al eslabón más débil, la punta del iceberg, de la cadena del valor que son las municipalidades, pero la distorsión general del mercado se empezaría a corregir si para empezar –para mi gusto- se declarara inconstitucional la ley de electricidad y tratar de corregir de fondo el problema.

Luego habría que revisar a cada uno los beneficiarios del sistema que principalmente está concentrado en las empresas generadores de energía, porque allí está el mayor abuso con contratos leoninos y lesivos para el Estado que suponen hasta un 50% del costo real de la electricidad que consumimos.

Mientras tanto, resta tratar reducir al mínimo las actuales discrecionalidades en el único sector que se puede, las corporaciones municipales, porque ahora mismo la respuesta popular ha sido la de resistir las leyes injustas cayendo ella misma en ilegalidad, cuando en realidad esto requiere un debate nacional sobre el actual modelo económico. Un modelo donde lo público, ya no cuenta.

 

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