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Cumbre de Alaska: impunidad en la primera masacre cometida por funcionarios públicos después de la firma de la Paz en Guatemala
Por Alberto Vidal - Guatemala, 4 de marzo de 2013

Los hechos producidos el 4 de octubre de 2012, en el Kilómetro 170 de la Ruta Interamericana, a la altura de la llamada Cumbre de Alaska, han sido objeto de una increíble y aberrante tergiversación jurídica, que se orienta a perpetuar la impunidad en aquellos funcionarios públicos encargados de mantener el honor y la paz en Guatemala.

En este país centroamericano, los militares que dispararon con armas ofensivas en contra de campesinos armados hasta los dientes con…..palos, según la Juez Carol Patricia Flores actuaron en “legítima defensa”, pues, con esas circunstancias, los agentes militares, fueron embargados por un “miedo invencible” a ser dañados por los terribles pobladores de Totonicapán.

Bajo ese razonamiento tan peculiar, los militares que ejecutaron a 6 campesinos con fusiles de asalto son procesados por la Juez por el delito de “homicidio en estado de emoción violenta” (artículo 124), el cual contempla una pena de 2 a 8 años, y no por ejecución extrajudicial, como solicitó el Ministerio Público (artículo 132 bis), penado con 25 a 30 años de prisión.

Ese absurdo razonamiento no sólo desconoce abiertamente los principios de obediencia y no deliberación del Ejercito, que se plasman en el artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que son los principales y reconocidos principios de la conducta y acción de los militares, sino también los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, aprobados por el Consejo Económico y Social de la ONU, mediante la resolución 1989/65 del 24 de mayo de 1989, el cual constituye uno de los primeros instrumentos de Naciones Unidas encaminados a la lucha contra la impunidad.

Es un principio indiscutible que en sociedades civilizadas las ejecuciones extrajudiciales no se pueden ni deben justificar bajo ninguna situación, lo que claramente se refleja en el principio 1º la resolución indicada:

“Esas ejecuciones no se llevarán a cabo en ninguna circunstancia, ni siquiera en situaciones de conflicto armado interno, abuso o uso ilegal de la fuerza por parte de un funcionario público o de otra persona que actúe con carácter oficial o de una persona que obre a instigación, o con el consentimiento o la aquiescencia de aquélla, ni tampoco en situaciones en las que la muerte se produzca en prisión…”

Congruente con lo anterior, el tipo penal de ejecución extrajudicial establece en el artículo 132 bis “…Constituye delito de ejecución extrajudicial, la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político, cuando se cometa por los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza…”.

Según la defensa de los militares procesados y la Juez Carol Patricia Flores, el Coronel Juan Chiroy Sal no tiene responsabilidad sobre lo que hicieron sus subalternos, debido a que no estuvo presente en la escena, de esa manera no se toma en cuenta que, como comandante de la operación tenía completo control sobre todos sus subordinados, todos ellos, pertenecientes a una institución que por mandato constitucional es jerárquica, obediente y no deliberante. (Artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala). El otro agravante, que para la Juez resulta irrelevante, es que quien dirigía las fuerzas de la Policía Nacional Civil, en esa zona, le pidió repetidamente al Coronel Chiroy que no interviniera

En todo caso, como comandante de la operación y superior jerárquico de toda la fuerza, el Coronel Chiroy Sal tenía el deber de garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos de los manifestantes, lo que se refirma en el principio 19 de la resolución en referencia:

“Los funcionarios superiores, oficiales u otros funcionarios públicos podrán ser considerados responsables de los actos cometidos por funcionarios sometidos a su autoridad si tuvieron una posibilidad razonable de evitar dichos actos. En ninguna circunstancia, ni siquiera en estado de guerra, de sitio o en otra emergencia pública, se otorgará inmunidad general previa de procesamiento a las personas supuestamente implicadas en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.”

La calificación e imposición de penas que no reflejen la gravedad de las graves y violatorias conductas de los militares ofenden la dignidad de las víctimas y perpetúan la impunidad en la frágil democracia guatemalteca.

Ante este atropello, este es el momento de alzar la voz y de exigir a las autoridades encargadas de impartir justicia, el desarrollo de un proceso judicial que cumpla con los estándares internacionales que por obligación debe observar el Estado de Guatemala y que repare integralmente a las víctimas de este delito que es penalmente perseguido a nivel nacional e internacional.

Fuente: www.i-dem.org


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