Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 1 - 2004

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

El respeto a la propiedad privada ¿de quién?
por Byron Garoz* - Guatemala, 22 de septiembre de 2004

En Guatemala, el ordenamiento jurídico está estructurado a la medida de quienes ostentan el poder económico y político. Esto se fortalece con la tipificación del delito de usurpación agravada.

El argumento que pretende desviar la atención del problema al sostener que cualquier casa, negocio o terreno estaría sujeto a “ser invadida”, es falso, puesto que el verdadero problema son las grandes extensiones de tierra apropiadas por personas vinculadas a sectores de poder en detrimento de comunidades indígenas y campesinas, y de su legítimo derecho a la tierra y sus recursos.

Muchos de estos abusos, se cometieron en la ejecución de los planes de colonización agraria en Petén y la Franja Transversal del Norte; no existen avances en la recuperación de esas tierras. Por otro lado, el 45 por ciento de la mejor tierra, ubicada en la Costa Sur de Guatemala, se encuentra subutilizada u ociosa, lo que ha sido reconocido por el sector privado.

¿Es intocable esa propiedad que no está cumpliendo con ninguna función social, mientras cientos de miles de guatemaltecos se debaten entre el hambre y la miseria? Ésta es una ofensa para el campesino sin tierra o hacinado en el minifundio.

Es imprescindible revisar el proceso histórico de despojo. ¿En dónde quedan casos de fincas privadas que han aumentado su extensión a costa de comunidades vecinas? ¿No debe respetarse en este caso la propiedad privada comunal? Ésta no es una lucha de un pequeño grupo de “civiles revoltosos”; es la lucha de miles de campesinos y campesinas despojados de su propiedad. Diversos sectores sociales apoyamos este esfuerzo, porque el Estado de Derecho debe prevalecer para todos, en igualdad de condiciones.

Todas las fincas que se encuentran ocupadas presentan alguna –o varias– de las siguientes características: No hay pago de prestaciones laborales, apropiación por finqueros de tierras nacionales, corrimiento de linderos, titulación sobre derechos de comunidades campesinas e indígenas, ejercicio de la impunidad en contra de campesinos, y/o pasividad de la justicia en el caso de la finca Nueva Linda.

Por lo tanto, la esencia del debate no debe estar en las figuras legales que aplican a campesinos sin tierra; no es penalizando las justas demandas sociales como avanzaremos en el país. Lo anterior nos remite al problema que se pretende obviar: legitimidad, legalidad y justicia.

Siempre hemos tenido disposición al diálogo, por lo cual, aceptamos el planteamiento del sector privado a proseguir en este debate. Precisamente en estos momentos los estamos invitando a una serie de foros públicos en varias regiones del país, para debatir los impactos nocivos del TLCAUSA en la economía campesina y para el acceso a la tierra.

*Coordinador del Programa de Estudios para el Desarrollo Rural, Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop).

Fuente: www.elperiodico.com.gt


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.