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Concesiones: entre subsanar carencias o despojar al Estado
Por Byron Morales - Guatemala, 7 de septiembre de 2005

La irrupción desenfrenada del mercado y de la competitividad como valor preeminente, constituye una seria amenaza para las personas y la vida en común, al no corresponder dentro de sus propósitos la realización del bien común sino el enriquecimiento individual ilimitado. Dentro de la concepción liberal, es reconocida la necesidad de contar con un órgano público que ponga límites al ejercicio de ciertas libertades y derechos con la finalidad de evitar los excesos y abusos que afecten al resto, lo cual en la actualidad ha derivado en extremos, sustituyéndolo de manera plena por el mercado.

Hoy día se alude al principio de la subsidiaridad, surgido en medios eclesiales católicos desde el Siglo XIX por la preocupación de que el Estado inundara y anulara la iniciativa del individuo y las localidades. Tal alusión contemporánea, se aplica de forma exclusiva al Estado al que se identifica como el gran competidor de la empresa privada, como factor clave generador de desequilibrios en el comportamiento de la economía de mercado, pues las leyes de este último habrían de conducir a reajustes automáticos y, por consiguiente, su rebalse habría de propiciar una justa redistribución de la riqueza hacia los sectores sociales menos favorecidos.

De esta manera se justifica, entonces, una versión de Estado (entendido en su función pública) reducido a aquellos aspectos que los particulares no quieren o no pueden hacer. Un Estado gendarme o policiaco que se limite a brindar seguridad y administrar justicia, que en otras palabras no es más que leña y palo a los desmedrados descontentos.

Las políticas de ajuste de corte neoliberal se ciñen a esos criterios, conduciendo a que la acción pública abandone importantes espacios cuyo propósito ha sido propiciar el acceso a servicios sociales básicos, pero que desde esta concepción “distorsionan el mercado”. Muy atrás queda el sentido de la solidaridad y de la realización del bien común.

La concesión de servicios y de construcción de infraestructura pública a manos privadas, de tal cuenta, tienen como marco básico la pretensión de que el Estado intervenga menos o se abstenga de intervenir, para que sea el sector privado y el mercado quienes provean de satisfactores al público, en virtud de que el Estado es intrínsecamente ineficiente y corrupto. Por el contrario, la empresa privada es eficiente y transparente en cuanto hace.[1]

Es obvio que el razonamiento es interesado y que persigue fundamentalmente ocultar las verdaderas pretensiones que subyacen. En principio, se evita mencionar que los limitados recursos a que el Estado tiene acceso, para efectos de gasto e inversión, le arrebatan la posibilidad de ofrecer servicios públicos de calidad, de emprender obras públicas de envergadura y posibilitar un funcionamiento eficaz de las instituciones.

El origen de la debilidad financiera del Estado se encuentra en un sistema tributario injusto que obliga a pagar impuestos a la mayoría con menos recursos y ofrece flancos que permiten que quienes tienen más ingresos paguen poco o no paguen. Por supuesto, estos últimos son los únicos sectores que cuentan con capacidad de inversión y de aprovechar las concesiones para su beneficio.

Por otro lado, la disfuncionalidad de las instituciones públicas garantiza la obtención de beneficios de diversa índole a pequeños grupos que han amasado fortuna al amparo de la inoperancia estatal, pero también se ha llegado al extremo de propiciar fenómenos que amenazan la viabilidad futura del país, tales como los poderes ocultos e ilegales que operan a sus anchas y en total impunidad. En otras palabras, las debilidades institucionales del Estado han sido provocadas de manera deliberada.

Como bien diría un conocido dirigente social guatemalteco, las concesiones de servicios y obras públicas pueden tener su lado noble, si se corresponde con una estrategia cuyo propósito sea subsanar temporalmente una carencia que desemboque en satisfacción social, por supuesto corregidas -o en proceso de corrección- las causas de la debilidad financiera del Estado y las cuestionables capacidades operativas y funcionamiento eficaz de sus instituciones.

Pero pierden ese carácter cuando constituyen un medio de extensión de privilegios para el desarrollo de nuevos mecanismos de acumulación y reparto de la riqueza de un sector de poder económico tradicional que sólo persigue asegurar su inserción a la globalización en su dimensión económica, manteniendo sus intereses y hegemonía. Se trata de una lógica perversa que tiende a la continuidad de la mayúscula concentración de la riqueza en una minoría que cuenta con los recursos (materiales, administrativos, tecnológicos y financieros) y los privilegios que les brinda el Estado.[2] Su punto de partida es el agotamiento de muchos de los componentes del modelo agroexportador y, ante la falta de alternativas y capacidad de construirlas, resguardar sus intereses y pervivencia en un contexto globalizado, a través de lo que entre otros aspectos incluye la entrega de servicios, infraestructura e inversión física pública bajo la modalidad de la concesión al capital nacional y extranjero (por cuenta propia o asociado al primero).[3]

De esa cuenta, las concesiones no son un problema en sí mismo, sino cuando el objetivo es despojar al Estado de medios y servicios estratégicos para el desarrollo, pretendiendo favorecer los intereses de monopolios privados, nacionales y extranjeros, en condiciones que garantizan cuotas de ganancia en el corto, mediano y largo plazo en desmedro de los intereses nacionales.

En todo caso, deben suponer un sano equilibrio entre los intereses del Estado, los concesionarios y los usuarios, teniendo siempre como horizonte el bien común. La constante de acumulación de la demanda e insatisfacción social, la ausencia de canales adecuados que den respuestas a los graves problemas que afrontan las mayorías y que salvaguarden los intereses nacionales, y la tendencia de entregar los recursos públicos a manos privadas, representan una grave retroceso con relación al contenido de los Acuerdos de Paz y una amenaza para la frágil democracia guatemalteca.

Fuente: www.i-dem.org/


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