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Costo de la mano de obra, una carga para el capital
Por Byron Morales - Guatemala, 28 de septiembre de 2005

Desde hace ya buen tiempo, una correntada de alocuciones patronales sostienen que en las relaciones laborales ha operado un cambio de paradigma que enfoca las necesidades de manera distinta: ya no se percibe que el trabajador tenga que ver qué más obtiene del empresario y el empresario qué logra no darle al trabajador.

Se indica que para las necesidades actuales de una empresa, en tanto fuente generadora de empleo estable y productivo, y en el eje central de una estrategia económica como la competitividad –considerada la espina dorsal de la propuesta del sector privado-, los mecanismos de diálogo, cooperación y conciliación se desempeñan como herramientas fundamentales frente a la prioridad que se le asignaba anteriormente al conflicto y los mecanismos legales (por supuesto, entendidos como prioridades del movimiento de los trabajadores y del Estado).

Afirman que ese nuevo modelo de relaciones laborales identifica, en conjunto y no de forma particular, las grandes necesidades de la empresa como tal, sin restringirla al empresario sino en sentido amplio: empresario, cuadros gerenciales, mandos directivos, trabajadores, operarios, clientes, proveedores, todo lo que comprende la denominada cadena de producción de una empresa.

Desde esta perspectiva, se visualiza en las leyes del Trabajo y en los derechos de los trabajadores, obstáculos que limitan o coartan la libre empresa y restan competitividad. De esa cuenta, se asume que las condiciones generales en que las y los trabajadores prestan sus servicios deben basarse en la productividad y en la autonomía de la voluntad de las partes, sin la intervención del Estado, lo cual explica la reiterada pretensión de muchos patronos de transar derechos irrenunciables cuando se intenta conciliar un conflicto laboral o de disminuir derechos cuando los sindicatos buscan la negociación colectiva.

Todo esto fundamenta la corriente conocida con el nombre de flexibilización laboral, que se aplica de hecho y se aprecia como fase previa a la desregulación laboral, que no es otra cosa que la disminución o eliminación del marco regulatorio de las relaciones de trabajo, liberalizar la contratación y los salarios, y dar por descontados los derechos mínimos.

La autonomía de la voluntad, para este caso referida a la libertad de las partes –trabajadores y patronos- a convenir o pactar sin la intervención de terceros (con clara dedicatoria al Estado), deja de lado las desigualdades con que éstas se sientan a negociar o buscar acuerdos, pues el dueño es quien mantiene una posición de control sobre la mayoría de reglas de juego y de poder definitivo para decidir si contrata o no lo hace, lo que para la otra parte (trabajadores) significa opciones limitadas, ante todo si se trata de una persona desempleada o trabajadora de mediana o sin ninguna calificación o que no cuentan con organización sindical, lo cual es predominante en nuestro medio. Se trata entonces, de una figura retórica utilizada por la flexibilización laboral, más que una opción real en Guatemala.

En todo caso, se está proponiendo una presión adicional de informalización del trabajo que, junto a otros factores, conducirían a un ingrato retorno al pasado guatemalteco basado en relaciones de servidumbre y esclavitud, desentendiéndose de la obligación social de las empresas y la responsabilidad del Estado de garantizar empleo de calidad y condiciones dignas de vida para la población trabajadora. En otras palabras, constituye un grave retroceso para el país, pues con la defraudación del sistema legal vigente (a través de la flexibilización laboral) y la pretendida anulación del Derecho del Trabajo y, de consiguiente, su desaparición (desregulación laboral), es imposible introducir al país a una supuesta modernización y desarrollo.

A la luz de los hechos, estas pretensiones cuentan con importante respaldo político en el Gobierno de turno, afirmación que se hace a partir del papel desempeñado por el Presidente de la República y el Ministro de Trabajo y Previsión Social, con ocasión del proceso de fijación de los salarios mínimos para el año 2005, sosteniendo que deben fijarse por productividad, lo cual no puede sino ser el mensaje de que se concibe que en el proceso productivo el costo de la mano de obra constituye una carga para el capital.

Sin embargo, a la fecha se desconoce qué significa la fijación de salarios mínimos por productividad. En el terreno de la práctica quizá conlleve un llamado a liberalizar completamente los salarios; o sea, eliminar el piso del salario mínimo y poder pagarlos, en forma lícita, muy por debajo de lo que la persona trabajadora y su familia necesita para subsistir (que de hecho lo fijado ya es absolutamente insuficiente y su pago menor se hace, en forma ilegal); o bien, proponiéndose metas productivas de común acuerdo que generalmente dependen de factores diversos, como la tecnología utilizada o la eficiencia de la gestión empresarial, entre otros.

El asunto es delicado, toda vez que es conocido que en los hechos, en muchos centros de trabajo el salario mínimo fijado no constituye el piso sino el techo, que en los últimos dos años cada Quetzal devengado tiene aproximadamente veinte centavos menos de valor y que a estas alturas el costo de la vida está por encima de las nubes. Es una bomba de tiempo que a ver cuánto tiempo aguanta.

La poca información que trasladan los medios de comunicación sobre el tema de las negociaciones en las Comisiones Paritarias del Salario Mínimo, indican que no hay acuerdo y que, una vez más, la Comisión Nacional del Salario trasladará a manos del Organismo Ejecutivo la decisión de reajustar salarios mínimos por Acuerdo Gubernativo, lo que difícilmente será así.

La situación convoca urgentemente a los sindicatos a la tarea de ejercer presión, en la vía de rescatar políticas sociales coherentes con la realidad del país, de introducir concepciones que valoricen el trabajo en su justa dimensión y que se traduzcan en acciones que antepongan el bienestar de la población trabajadora, y que, al igual que con los impuestos, las instituciones públicas cumplan con la misión de supervisar y obligar al pago cabal de las responsabilidades patronales.

Los expertos sostienen que, bien que mal, en Guatemala hay un crecimiento económico que no rebalsa automáticamente y, por consiguiente, no propicia la distribución de beneficios de la producción de riqueza. Lo que quiere decir que es la acción organizada de trabajadores y trabajadoras, la única que puede propiciar un derrame que alivie las penurias económicas y de vida de las familias trabajadoras y obligue a un giro en las políticas estatales que evidencian la tendencia de favorecer la acumulación de mayor riqueza para algunos y la acumulación de más pobreza para la mayoría.

Fuente: www.i-dem.org - 260905 - Nueva Época número 823


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