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Urge una Reforma Tributaria Integral que propicie una distribución equitativa del ingreso nacional
Por Carlos Barreda* - Guatemala, 13 de octubre de 2007

Desde los años noventa Guatemala viene recorriendo una reestructuración económica caracterizada por la aplicación de políticas de estabilización macroeconómica y ajuste estructural tales como disminución del gasto y la inversión social, reducción arancelaria, liberalización del tipo de cambio, tasas de interés, desregulación laboral, apertura comercial y privatizaciones de las principales empresas estatales.

El modelo neoliberal profundizo las políticas de libre mercado y promoción de las exportaciones, configurando un modelo caracterizado por la exportación de materias primas de origen agrícola y textiles; la explotación de la fuerza de trabajo barata y de recursos naturales (minerales, agua, petróleo etc.); y el crecimiento de los servicios (transporte, telecomunicaciones, energía eléctrica etc..).

Las políticas de corte neoliberal se orientaron a disminuir el papel rector del Estado en la orientación del desarrollo económico debilitando especialmente su función de redistribución y trasladando sus funciones de administración y prestación de los servicios públicos a la iniciativa privada.

Las políticas neoliberales modificaron sustancialmente la estructura económica desplazando a la agricultura como la principal fuente de acumulación para abrirle el paso a los servicios y el comercio; cambiaron radicalmente el mercado de trabajo, expulsando a más de 1.5 millones de guatemaltecos hacia EEUU; y, desplazando a más del 75% de la PEA hacia actividades de subsistencia caracterizados como economía informal. El nuevo modelo funciona sobre la base de remesas familiares, el consumo, la especulación financiera y la exportaciones e importaciones con EEUU.

Luego de más de 20 años de políticas de libre mercado sus resultados se limitan a un irregular y débil crecimiento económico, incremento de la pobreza, el hambre y la desigualdad, así como de la inseguridad y violencia social. Resultados reforzados por un Estado débil que reproduce la desigualdad en la medida que no impulsa ningún mecanismo redistributivo; la tributación es baja e injusta; el gasto, la inversión social y las políticas de desarrollo rural insuficientes; los salarios son bajos; y, la cobertura en educación, salud y seguridad social limitada.

Bajo este esquema los dos candidatos a la presidencia para la segunda vuelta electoral del 4 de noviembre ofrecen aumentar el gasto y la inversión en educación, salud, seguridad, reducir la pobreza, así como proyectos de infraestructura y programas de desarrollo rural. Sin embargo no explican ¿cual será la fuente de financiamiento que garantice el cumplimiento de sus programas de gobierno? y ¿qué políticas redistributivas aplicaran para reducir la pobreza?. Para cumplir con sus ofertas de campaña, los ingresos tributarios deberían aumentar sustancialmente incrementando el gasto y la inversión social en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el 2008. Sin embargo, lo que ahora se plantea es que el presupuesto crezca menos que la economía.

Los programas de gobierno de ambos candidatos no precisan la cantidad de recursos financieros que requiere la aplicación de las políticas públicas, el logro de las metas y resultados que pretenden concretar en los próximos cuatro años. No tiene estimaciones respecto al nivel de ingresos tributarios que se requiere para garantizar el cumplimiento de sus promesas de campaña y evaden la discusión de una urgente reforma tributaria integral que se constituya en un eje central para el impulso de una fuerte política redistributiva que aumente el gasto social y la inversión pública.

La tendencia impuesta en los cuatro años del gobierno empresarial de la GANA fue aumentar los privilegios fiscales, limitar el gasto publico y reducir los impuestos a los grandes consorcios económicos y financieros del país. Berger modifico la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquilas (Decreto 29-89) mediante el Decreto 38 –2004, permitiendo que empresas licoreras, tabacaleras, de bebidas y mineras gocen de amplias exenciones fiscales, provocando perdidas anuales por más de Q4 mil millones al fisco. Además sustituyo el IEMA por el IETAAP cambiando la base impositiva, la tasa, y permitiendo una disminución gradual del impuesto; se restituyó el impuesto a las bebidas alcohólicas y los combustibles por debajo del nivel que tuvieron en años anteriores al bajar las tasas y modificar la forma de cálculo del impuesto. Así mismo se beneficio al sector empresarial a través de las devoluciones del IVA a los exportadores, las cuales ascienden a más de Q5 mil millones y mediante el pago de comisiones al sistema financiero y bancario por concepto de receptores fiscales y recaudadores por más de Q2,500 millones en el periodo 2004 -2007.

La desaparición del Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz IETAAP el 31 de diciembre de 2007 y la disminución de los ingresos arancelarios resultado de la entrada en vigencia del DR - CAFTA, no garantiza una transición confiable y estable en términos financieros para el nuevo gobierno. De no tomarse medidas urgentes, el nuevo gobierno enfrentará un agujero fiscal de más de Q3,000 millones en enero de 2008.

En un escenario de insuficiencia de recursos del Estado, cualquier propuesta de incrementar el gasto social, reducir la pobreza y atender la seguridad no tiene sustento; y los ofrecimientos de bajar y eliminar impuestos son irresponsables. El primer desafió del nuevo gobierno es concretar una reforma tributaria y fiscal, para que los que tienen más paguen más, para que los empresarios ya no evadan impuestos, se eliminen privilegios, y se aumente los impuestos a los grandes monopolios nacionales y extranjeros.

L a política fiscal debe permitir al Estado, promover, orientar y proteger la producción nacional, propiciar una equitativa distribución primaria del ingreso nacional y contribuir por medio del gasto social, a aliviar la situación de los sectores mas empobrecidos. Una estructura progresiva puede contribuir en la redistribución del ingreso y crear mejores condiciones para el crecimiento económico. Ambos componentes provocarán un incremento del bienestar económico y social, lo que a su vez influirá en la ampliación de la base tributaria y en el reforzamiento de una mejor estructura fiscal progresiva, creándose de esta forma un círculo virtuoso favorable para el desarrollo.

Una adecuada política fiscal permitirá mejorar la equidad, elevar la productividad y fortalecer al Estado. Una inserción exitosa a la economía global requiere de políticas integrales que mejoren el entorno nacional estimulando la inversión y la producción, el éxito depende de la fortaleza de las instituciones, la calidad de la educación, salud, nutrición, investigación y desarrollo tecnológico, de la infraestructura disponible, la seguridad y la justicia, así como de un buen sistema financiero y bancario. En síntesis, una adecuada relación entre Estado y Mercado. Hay que recordar que un 30% de la productividad depende de la empresa pero el resto lo determina su entorno, es decir el Estado.

*Carlos Barreda es economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de Maestría en Desarrollo por la Universidad del Valle de Guatemala. Docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landivar. Actualmente coordinador del Área de Estudios Fiscales y Presupuestarios del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos CIIDH. Coordinador del Equipo Técnico del Colectivo de Organizaciones Sociales COS y columnista de la revista Albedrio.org.

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