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Una administración exitosa requiere de políticas integrales que reduzcan la pobreza y fortalezcan al Estado
Por Carlos Barreda* - Guatemala, 16 de noviembre de 2007

El nuevo gobierno enfrentará una difícil encrucijada económica, los precios del petróleo superan los US$90 el barril y la economía de EEUU inicia un proceso de desaceleración, lo cual disminuirá nuestras exportaciones hacia el Norte, reducirá el ritmo de crecimiento de las remesas familiares, disminuyendo los flujos de inversión y aumentando la inflación. El FMI y la CEPAL han revisado las perspectivas de crecimiento económico para Guatemala hacia la baja, proyectando un crecimiento de alrededor del 4.4% para el 2008 estimación muy por debajo de la presentada por el BANGUAT de un 5.5%. Es decir, que las perspectivas hacia futuro no son favorables y el nuevo gobierno tendrá que enfrentar un período de vacas flacas.

Al débil crecimiento económico hay que agregarle una situación de extrema pobreza y desigualdad donde los escasos beneficios del crecimiento tienden a concentrarse en una minoría en la medida que el Estado no impulsa políticas redistributivas, configurando un escenario de débil crecimiento sin equidad. El 62% del ingreso nacional se concentra en el 20% de la población más rica, mientras el 20% más pobre únicamente tiene acceso al 2.4%. La ENCOVI 2006 señala que el 51% de los guatemaltecos vive en condiciones de pobreza y el 15.2% en extrema pobreza.

En un contexto de ajuste económico mundial, pobreza y desigualdad el nuevo gobierno enfrenta un aumento de las demandas sociales y el incremento de las expectativas ciudadanas derivado de la oferta electoral. El primer desafió es concretar una reforma tributaria progresiva que permita amortiguar el impacto de la eliminación del IETAAP, la disminución de ingresos arancelarios y la eliminación del impuesto a los boletos aéreos. El nuevo gobierno tiene que superar un agujero fiscal de alrededor de Q2,500 millones y elevar la carga tributaria en no menos del 13.2% del PIB, con el fin de aumentar la disponibilidad de recursos que le permita financiar un incremento del gasto y la inversión publica, para atender efectivamente la demanda social.

El impulso de una política social redistributiva que mejore la prestación de los servicios básicos y amplié su cobertura es un segundo desafió. El próximo gobierno tendrá que atender la demanda por más educación elevando los recursos para útiles, textos, alimentos, becas escolares y aumentando los salarios y prestaciones del magisterio, así como concluir la reforma educativa. En la salud resolver la crisis de la red de hospitales, centros y puestos de salud que requieren, reparaciones, equipo, medicamentos y personal, así como de reformas que permitan crear un sistema nacional de salud. Adicionalmente hay que rescatar y ampliar la seguridad social, garantizando los aportes económicos al IGSS como Estado y patrono.

La política salarial se constituye en un tercer desafió, con el fin de reducir pobreza y mejorar el bienestar de las familias. Urge reducir la brecha entre el costo de la canasta básica vital que supera los Q3,019.5 mensuales y el salario mínimo de Q1,350 mensuales. El impulso de la política de desarrollo rural y acceso a la tierra se constituye en el cuarto desafió para atender la situación de pobreza y desigualdad en el área rural, mediante el acceso al crédito, la reconversión productiva, ampliando la cobertura en la prestación de servicios públicos, infraestructura, asistencia técnica, capacitación para el trabajo, maquinaria, y mecanismos que amplíen el acceso a la tierra para las comunidades indígenas y campesinas pobres.

La única oportunidad para Guatemala es mejorar la equidad, elevar la productividad y fortalecer al Estado. Una administración exitosa requiere de políticas integrales que reduzcan la pobreza, mejorando el entorno nacional para la inversión y la producción, fortaleciendo las instituciones, la calidad de la educación, salud, nutrición, investigación y desarrollo tecnológico, ampliando la infraestructura disponible, garantizando la seguridad y la justicia, así como un buen sistema financiero y bancario. En síntesis, una adecuada relación entre Estado y Mercado.

*Carlos Barreda es economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de Maestría en Desarrollo por la Universidad del Valle de Guatemala. Docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landivar. Actualmente coordinador del Área de Estudios Fiscales y Presupuestarios del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos CIIDH. Coordinador del Equipo Técnico del Colectivo de Organizaciones Sociales COS y columnista de la revista Albedrio.org.

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