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Denunciar el pasado, un comentario acerca de las exhumaciones
Por Christian Baumann - Guatemala, 8 de mayo de 2005

Exhumar los restos humanos producidos por lo inhumano de las masacres fratricidas efectuadas durante el tiempo de enfrentamiento armado interno en Guatemala, tiempo en que se industrializó el luto por medio de la mecanización de matanzas, tiene tres finalidades: la dignificación de las víctimas fallecidas y sobrevivientes; el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido y la obtención de elementos de convicción en la investigación y juzgamiento de delitos.

Por consiguiente: la exhumación no debe ni puede entenderse solamente como un trámite de carácter técnico-jurídico sino, sobre todo, como una medida de reparación individual y colectiva de carácter contradictoriamente justo.

El acto de recuperar una osamenta por medio del desentierro es meramente una forma de caminar al revés en el tiempo, descubriendo el pasado para recuperar la memoria histórica. No es un acto en el que desnace la tragedia, ni uno que construye la base para su futuro olvido, sino lo contrario: el recuerdo de la tragedia trasciende en la inmanencia del ser de los civiles inermes por medio de la reminiscencia propia y construye un apoyo fáctico para la respectiva interpretación y denuncia de los acontecimientos de tipo crimen de lesa humanidad. Este acto que caracterizamos como contradictoriamente justo complementa el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido y “la verdad, una vez despierta, ya no muere” (José Martí).

Considerando que los restos del pasado resisten silenciosamente al olvido, el antropólogo forense que realiza la exhumación de manera protocolaria, media como traductor de lo ocurrido, funge como un heraldo del tiempo. Descubrir el pasado proporciona elementos de convicción en la investigación y juzgamiento de delitos, ayuda a concluir el duelo y coloca el recuerdo de las víctimas en su contexto histórico, político, económico y social, en su facticidad. La labor del antropólogo forense es la de redentor de un pasado cautivo.

El marco legal básico de las exhumaciones, con el que la labor del antropólogo forense se hace posible, se apoya en los artículos 195 (Levantamiento de cadáveres) y 196 (Exposición del cadáver al público) del Código Penal. Estos indican que la existencia de restos humanos en un cementerio clandestino configura la presunción razonable de muerte “sospechosa de criminalidad”. Una ley específica sobre las exhumaciones no se ha aprobado. Conforme a estos artículos, cada vez que se sepa de un cementerio clandestino, el Ministerio Público se ve bajo la responsabilidad de: levantar a los cadáveres, realizar todas las averiguaciones y diligencias probatorias tendentes a la identificación de la persona o personas fallecidas y la investigación del presunto delito cometido y documentar en actas tales diligencias. Existen frecuentes deficiencias y problemas por parte de la actuación de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, principalmente por que no se informa a las víctimas de las posibilidades legales para ejercer su derecho a la justicia. Por lo regular, las denuncias de los difuntos a exhumar se han iniciado por parte de los familiares de los masacrados, quienes actúan asesorados por una organización no gubernamental de derechos humanos o por personas que ya han llevado a cabo los procesos para la solicitud de exhumación.

Las comunidades indígenas que frecuentemente tienen que convivir con los victimarios muestran desconfianza al sistema de justicia y saben que los ex patrulleros civiles y los ex comisionados militares han mantenido poder social en sus comunidades. Ellas viven bajo la sombra de la infamia, del miedo y la inseguridad social. Aburridas de sufrir, perseguidas por el trauma psicosocial que dejó el homo inhumanus tratan de reconciliar el pasado. La historia y el tiempo, que en su forma secular son una construcción social, parte constitutiva de una relación social específica y del sentido de nuestra identidad histórica y sociocultural, obtiene por parte de los que solicitan la exhumación un carácter fundamental para poder llevar acabo un acto reparativo justo.

El pasado guatemalteco debe ser recuperado y denunciado, nunca puede ni debe aceptarse como simplemente dado sin diferenciar su contenido. Se puede establecer un concepto de historia que resulte coherente con lo ocurrido, esto es la intención explícita de una exhumación.

Fuente: www.elperiodico.com.gt - Sección de lectores


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