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De héroes y villanos
Por Carlos Castro Furlán - Guatemala, 17 de enero de 2007

Ante el hundimiento del sistema educativo como creador de valores ciudadanos, la falta de cohesión social y la debilidad de los partidos políticos para intermediar entre las demandas de la sociedad y el Estado, especialmente en una sociedad pluricultural, fragmentada y dispersa, los poderes mediáticos son ahora los que construyen los imaginarios colectivos: nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo, quién es héroe y quién es villano, llegando a veces al extremo de moldear la conducta ciudadana contra los intereses propios. Estos medios muchas veces no son ajenos a intereses particulares o de grupo, dando lugar a la manipulación ideológica, y otras veces se dejan llevar por el momento, sin investigar las causas de los hechos.

El tema de la “reconciliación nacional” después del largo conflicto armado interno es un ejemplo de esta falta de profundidad en el esfuerzo de contribuir al esclarecimiento de la realidad. Los guatemaltecos nos encontramos divididos respecto a cómo reconciliarnos: unos hablan de perdón y olvido para dedicar nuestros esfuerzos a construir un futuro común; otros dicen que esto no es posible sin conocer la verdad de las atrocidades y sin el castigo a los responsables. También hay ciudadanos confundidos, dependiendo de si viven en el área rural o urbana, si pertenecen a las élites o si son guatemaltecos comunes y corrientes. Lo cierto es que divididos o confundidos, la venida del juez español Santiago Pedraz y las órdenes de captura contra militares han revivido el debate.

Nos ubicamos entre los que piden que se conozca lo que ocurrió y que se haga justicia, pero al mismo tiempo formulamos algunas preguntas respecto a lo que podría ser la “verdad verdadera”, en el sentido que menciona el periodista Mario Antonio Sandoval en su columna de Prensa Libre del día 21 de julio de 2006: “cuando se exige el conocimiento de una verdad, se debe al mismo tiempo permitir el conocimiento de otras”. Esto lo decía en referencia al tema de la verdad y reconciliación, tan necesarios en una sociedad post conflicto como la nuestra y en la que los guatemaltecos nos encontramos divididos o confundidos.

Una de las primeras cosas a analizar en torno a la “verdad” es que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) tuvo limitaciones, derivadas de lo difícil que fue la negociación de este acuerdo y de la poca colaboración que recibió del Estado: la Comisión estaba imposibilitada, por mandato, de individualizar las responsabilidades, tuvo poco tiempo para recibir testimonios de un conflicto tan prolongado y recibió la mayoría de testimonios sólo de los últimos años del conflicto, debido a la lejanía en el tiempo de las primeras atrocidades, especialmente en el oriente del país.

Otro de los problemas que enfrenta la “verdad” tiene que ver con la lectura o el énfasis que se hace de los hallazgos del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), a pesar de lo que el propio documento advierte:

Si bien en el enfrentamiento armado aparecen como actores visibles el Ejército y la insurgencia, la investigación histórica realizada por la CEH ha puesto en evidencia la responsabilidad y participación, bajo diferentes formas, de los grupos del poder económico, los partidos políticos y los diversos sectores de la sociedad civil. El Estado entero con todos sus mecanismos y agentes ha estado involucrado. En ese sentido cualquier reduccionismo a una lógica de dos actores es no sólo insuficiente, sino elusiva, dado que no explicaría ni la magnitud ni la significación que tuvo la participación de los partidos políticos, fuerzas económicas y las iglesias en la génesis, desarrollo y perpetuación de la violencia, ni la constante movilización y diversa participación de sectores sociales que buscaban reivindicaciones sociales, económicas y políticas” (Párrafo 219, Tomo I, Causas y Orígenes del enfrentamiento armado interno)

A través de los medios, especialmente escritos, la población se entera o conoce de acusaciones o defensas desde la época de Lucas García hasta el final del conflicto; pero, y… ¿antes de Lucas qué?

Con el afán de contribuir al conocimiento y el debate sobre la verdad, hacemos aquí algunas preguntas que son necesarias para el conocimiento de otras verdades, especialmente desconocidas por los jóvenes:

Por ejemplo, nos preguntamos: ¿quiénes fueron los responsables de los asesinatos masivos de líderes obreros y agrarios en Izabal y Tiquisate y que fueron enterrados en fosas comunes, recién estrenado el gobierno de Castillo Armas? ¿Quiénes integraron el Comité de Defensa contra el Comunismo de aquella época? ¿Recuerdan los nombres de Santos Miguel Lima Bonilla, Ranulfo González (“Siete Litros”) o Jorge Córdova Molina (Huevo Loco), temidos jefes de la policía política, cuya sola mención hacía temblar a los guatemaltecos? ¿Quién reivindica la memoria de los estudiantes universitarios asesinados en la 11 calle y 6ª avenida, en 1956, o frente a la antigua Facultad de Derecho, en marzo y abril de 1962? ¿Por qué en ninguna parte se mencionan las responsabilidades del partido de la “violencia organizada”, como le llamó a su organización don Mario Sandoval Alarcón?

Recordemos. En tiempos de Peralta Azurdia fueron quemados vivos los líderes campesinos de Rabinal, Baja Verapaz: don Tomás Tecú Chiquito y don Fidel Sánchez. ¿Quién o quiénes lo hicieron? También, durante los años 60s (igual que el río Xequijel durante la conquista), el río Motagua se tiñó en sangre y se llenó de cadáveres de guatemaltecos. ¿No se debió esto a las prácticas represivas dirigidas por el entonces coronel Carlos Manuel Arana Osorio y sus lugartenientes civiles Mariano Sánchez, Oliverio Castañeda, el Gallo Giro, los hermanos Pacheco, Héctor Solís, Bernal Hernández, etc. de triste recordación en el oriente del país? ¿Qué empresarios y terratenientes, unidos con qué militares fundaron la organización paramilitar “La Mano Blanca”? ¿No es esta organización el origen de lo que hoy llaman “crimen organizado” que, como en la historia del Dr. Frankestein, cual monstruo todopoderoso se voltea contra su creador? (El REMHI, dice que sólo en la campaña contrainsurgente de 1966 y 67 se contabilizaron 8 mil muertos).

¿Cuántos paisanos orientales sufrieron masacres en la Sierra de las Minas y Sierra del Merendón? ¿Cuántos emigraron fuera del país o a la capital? ¿Cuántos fueron obligados a patrullar en sus comunidades por los comisionados militares o los miembros de la “Mano Blanca”?

En el terreno de los líderes nacionales, ¿quién o quiénes asesinaron a Adolfo Mijangos López, a Mario López Larrave, a Alberto Fuentes Mohr y a Manuel Colom Argueta? ¿Quiénes llevaron a cabo la masacre de Panzós, Alta Verapaz?

Podríamos seguir enumerando preguntas que ameritan respuesta, pero en especial dentro del contexto de la construcción por lo medios de comunicación de héroes o villanos, son importantes dos: ¿Cómo pudo ser Ríos Montt candidato de la izquierda democrática en 1974? y ¿Cómo pudo Ríos Montt cometer tantas atrocidades en tan sólo año y medio de los 42 años que duró la represión anticomunista, al extremo de convertirlo en el icono de nuestras iras con respecto del pasado?

Con relación a lo primero debemos recordar que durante el gobierno de Arana (1970-74) los partidos políticos fueron cooptados, unos más que otros. Democracia Cristiana, que era el partido de la “oposición” se propuso, en su estrategia para las siguientes elecciones, atraer a los grupos socialdemócratas que aún no tenían reconocimiento como partido. Para ello buscó un militar que mantuviera alguna distancia de la cúpula militar gobernante y que fuera aceptable por los dirigentes socialdemócratas Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr.

Ríos Montt había jugado un papel importante cuando en 1968 el presidente Méndez Montenegro se deshizo del Ministro de la Defensa, Rafael Arriaga Bosque y del Comandante de la Zona Militar de Zacapa, Carlos Arana Osorio, los militares más comprometidos con la represión y violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, cuando Arana llega de Presidente y le correspondía a Ríos Montt ascender a Ministro de la Defensa, le cobra la factura sacándolo del país hacia el Colegio Interamericano de Defensa, en Washington, que es donde se encontraba cuando lo invitaron para ser candidato. Cómo estarían las cosas que, en aquel entonces, Ríos Montt llegó primero a El Salvador, en donde dio sus primeras declaraciones como candidato de la oposición, pues se consideraba que en Guatemala no había suficientes garantías.

Entre la clasificación de militares duros o institucionales que hacían analistas civiles de la época, Ríos Montt era considerado de los institucionales. Durante la campaña política se le etiquetó como de “línea peruana”, al comparar su ideario con el de los militares reformistas que gobernaban Perú al mando de Velasco Alvarado.

Con respecto de su año y cuatro meses de gobierno de facto, que va del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, son esclarecedores dos documentos: primero, el libro “Intimidades del Proyecto Político de los Militares en Guatemala”, de la investigadora social Jennifer Schirmer, quien se dedicó 14 años a investigar documentación, escuchar testimonios y a entrevistarse con actores militares de primera línea, que habían tenido a su cargo el diseño y ejecución de las políticas contrainsurgentes (ex Jefes de Estado, ex y Ministros de Defensa, ex y Jefes de Estado Mayor, ex jefes de áreas de operaciones, etc.).

En este documento se dice, por boca de sus autores, cómo se creó la política de “tierra arrasada” y cómo esta política fue cambiada por la de “tierra arrasada con recuperación de población”, lo mismo que las transformaciones que sufrió el aparato de inteligencia y quién dio a la G-2 un papel determinante en el aparato militar. Los militares que así hablan son los que cuestionaban la forma en que Ríos Montt estaba reconduciendo la guerra (en el estricto terreno militar) y que finalmente lo derrocaron, aunque tampoco para retornar a la época de Lucas, sino utilizando las políticas sociales y las reformas políticas impulsadas por el gobierno para el retorno al orden constitucional. Entre los entrevistados se encuentra un militar responsable de una Fuerza de Tarea en el área de combate, quien dice: “en tiempos de Ríos Montt, ya no podíamos matar libremente”.

En segundo lugar, se encuentran los documentos desclasificados publicados por The National Security Archive de la Universidad George Washington, de junio de 2000: “El Ejército de Guatemala: Lo que Revelan los Archivos de los Estados Unidos”. Este trabajo lo hizo el NSA para colaborar con la Comisión de Esclarecimiento Histórico mientras esta realizaba sus investigaciones. El primer tomo se dedica a descifrar la estructura militar durante las diversas épocas del conflicto, y el segundo contiene documentos que refieren informes o análisis de situación producidos por la Embajada Norteamericana en Guatemala, la CIA y otros departamentos de inteligencia norteamericanos.

En ese segundo tomo se encuentran 48 documentos, que van desde el 4 de enero de 1966 hasta el 14 de septiembre de 1995. En los referidos a la época del gobierno de Ríos Montt, la mayoría hacen ver la lucha de Ríos Montt por contener los desmanes y violaciones a derechos humanos que cometía el instituto militar. Pero hay dos documentos que refieren estudios hechos por la CIA y el Departamento de Estado, el 26 y 30, respectivamente, que son bastante esclarecedores sobre el papel de Ríos Montt durante su gobierno.

El No. 26, “Guatemala: Perspectivas de Moderación Política”, de la CIA, 30 páginas, concluido dos semanas antes del derrocamiento de Ríos Montt, en agosto de 1983, al hablar de los desafíos que enfrentaba Ríos Montt, entre otros valoraciones, nos dice: “Creemos que mientras el ejército esté ampliamente por encima de la ley, existe la posibilidad de que actúe –y lo hará- poniendo trabas a algunos de los esfuerzos de Ríos Montt para llevar a cabo la reforma.”... “Además el sector privado es abrumadoramente conservador y se opone a la reforma social”... “A pesar de los esfuerzos del gobierno por debilitar a los grupos conservadores es probable que estos reanuden viejos hábitos políticos, tales como utilizar asesinos o destruir las nuevas organizaciones de centroizquierda”. Para concluir que “A pesar de estos retos, creemos que la tendencia actual hacia un gobierno más moderado probablemente se mantendrá durante los próximos uno o dos años –siempre que Ríos Montt se mantenga en el poder-.” En el otro escenario, el del derrocamiento, el documento asevera: “...-el derrocamiento de Ríos Montt es un riesgo siempre presente. Poderosas fuerzas conservadoras ya han aumentado sus esfuerzos para desacreditar a Ríos Montt y provocar que el ejército le reemplace...”.

El No. 30, “Los Desaparecidos en Guatemala 1977-1986”, del Departamento de Estado, de 17 páginas, hace un análisis de la desaparición forzada en Guatemala durante esos años, y también, entre otras cosas, dice: “…Mientras funcionaban los Tribunales, parece ser que la tasa de secuestros disminuyó…”. En efecto, de 74 mensuales en 1981 se redujo a 43 mensuales durante los 8 meses de 1983, subiendo a 109 en promedio mensual cuando estos tribunales fueron suprimidos. (Se refiere a los Tribunales de Fuero Especial). Esto se comprobará después del relevo de Ríos Montt, cuando se produjo un incremento de las capturas ilegales, secuestros y ejecuciones extrajudiciales.

El gran público desconoce estos pormenores y en los medios no aparece este debate, a pesar de que esos libros y documentos en su momento fueron presentados en actos públicos y al día de hoy pueden conseguirse en Guatemala.

Al parecer, para saciar nuestra sed de “verdad y justicia”, ha sido más fácil construir un villano que sirva de “chivo expiatorio”, sobre todo si ese personaje es incómodo para algunos sectores de la oligarquía, la jerarquía eclesiástica, sus propios compañeros militares y los exinsurgentes.

Fuente: www.cambio3.com


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