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Guatemala, memoria del silencio
(Extractos)
Por la redacción de La Hora/CEH - Guatemala, 2 de febrero de 2005

El Gobierno de Guatemala, utilizando la prensa nacional, desató una campaña de desprestigio público hacia los ocupantes de la Embajada que habían muerto. La figura del embajador Cajal fue también objeto de la misma campaña. El Gobierno de Guatemala acusó a los ocupantes de ser miembros de la guerrilla y puso en duda la actuación del diplomático español, tergiversando los motivos que había tenido para viajar al Quiché un día antes de la ocupación, sosteniendo asimismo que había existido un acuerdo previo entre el embajador y los ocupantes.

Hechos posteriores justificaron de sobra la oportunidad y conveniencia de la visita del embajador a los sacerdotes españoles amenazados de muerte en Quiché. Varios de los religiosos españoles que venían sufriendo amenazas fueron ejecutados arbitrariamente en el término de un año, por miembros del Ejército: el padre Juan Alonso Fernández, en Uspantán; el padre Faustino Villanueva, en Joyabaj; y el padre José María Gran, en Chajul.

Ante la gravedad de los hechos y el silencio que mantenía al respecto el Gobierno de Guatemala, el Gobierno español condenó los hechos y la conducta de las autoridades guatemaltecas, exigió el total esclarecimiento de lo ocurrido y comunicó oficialmente la ruptura de relaciones diplomáticas con Guatemala. En respuesta, Romeo Lucas García, jefe de Estado de Guatemala, en carta al presidente español, Adolfo Suárez, solicitó que se restablecieran los vínculos diplomáticos y explicó que "una sólida y granítica comunidad, no debe ponerse en peligro por incidentes aislados como los del 31 de enero de 1980, que si bien revisten gravedad, escapan al control humano y pueden ocurrir en cualquier parte del mundo".

Habrían de transcurrir cuatro años para que se reanudaran las relaciones diplomáticas entre los dos países. En el documento suscrito entonces por ambos gobiernos, Guatemala reconoció el allanamiento de la Embajada española, la violación de la Convención de Viena y ofreció asumir las responsabilidades de los hechos.

En el ámbito internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció respecto a los hechos declarando "(...) su rechazo a todos los actos de violencia perpetrados en el recinto de la Embajada de España en Guatemala, que violan normas de Derecho Internacional, afectan principios tradicionalmente respetados por las Naciones americanas y han ocasionado irreparables pérdidas de vidas humanas".

El Parlamento Europeo emitió una resolución según la que "Conmovidos por los acontecimientos recientes sucedidos en Guatemala y especialmente por el incendio criminal de la Embajada de España por la policía y consciente de que esta tragedia revela la amplitud y ferocidad de la represión que sufre el país, denuncia la intervención brutal de las fuerzas de orden, condena la violencia terrorista a la cual está sujeto el pueblo de Guatemala, especialmente la población indígena, por lo que invita a los Estados miembros a realizar un boicot diplomático al régimen dictatorial (...)".

La impunidad

El 31 de enero de 1980 el Juzgado Séptimo de Paz del Ramo Penal de Guatemala ordenó instruir la investigación sobre los hechos ocurridos en la Embajada de España.

En cuanto a los informes médicos forenses, sólo constan las necropsias practicadas a 34 víctimas. Todos los informes señalan como la causa de muerte quemaduras de cuarto y tercer grado.

No consta en el expediente judicial la declaración del principal testigo, el embajador español Máximo Cajal. Se recibieron, en cambio, cuatro declaraciones: una del hijo de uno de los rehenes, la de dos pilotos que presenciaron los hechos desde afuera, y la de Mario Arturo Aguirre Godoy, que estuvo dentro de la Embajada hasta minutos antes de que se desencadenara el incendio. No se elaboraron informes periciales que permitieran establecer las causas del siniestro. No se ordenaron y, por lo tanto, no se recibieron declaraciones de policía alguno.

El último trámite realizado, de fecha 6 de marzo del mismo año, fue una providencia en la que se dispuso la entrega a sus parientes de los efectos personales de una de las víctimas.

El examen de las pocas páginas que componen el expediente judicial No. 547-80, del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, titulado Caso de quema de Embajada de España, muestra claramente la absoluta falta de voluntad del Organismo Judicial y del Ministerio Público de investigar los hechos y de enjuiciar y castigar a los culpables.

Respecto a la desaparición y posterior ejecución extrajudicial de Gregorio Yujá, la CEH no pudo encontrar el parte policial donde se daba cuenta del hallazgo del cadáver. Lo mismo sucedió con relación al caso de los estudiantes universitarios que fueron acribillados durante el funeral celebrado por las víctimas de la masacre.

Conclusiones

Analizados todos los antecedentes de este caso, la CEH llegó a la convicción de que agentes del Estado, en concreto, de la Policia Nacional, judiciales y miembros de la Inteligencia del Ejército, uniformados y de civil, atentaron contra el derecho a la vida de 37 personas, que fueron los responsables materiales de la ejecución arbitraria de quienes estaban dentro de la Embajada de España, y que las más altas autoridades del Gobierno de Guatemala de la época son responsables intelectuales de esta gravísima violación de derechos humanos.

La CEH considera que carece de toda base la hipótesis de que las víctimas se autoinmolaron.

La CEH estima que la reacción del Estado fue injustificable, ya que su operativo y despliegue ofensivo fueron totalmente desporporcionados en relación con la amenaza que representaban los ocupantes, quienes se encontraban, prácticamente, en estado de indefensión.

Del mismo modo, asiste a la CEH la convicción plena de que agentes del Estado ejecutaron arbitrariamente, bajo protección de las autoridades superiores, al único ocupante que sobrevivió la masacre de la Embajada, Gregorio Yujá.

La CEH, coincidiendo con la opinión del Congreso de la República de Guatemala, considera que los ocupantes tenían como única intención la denuncia pública y pacífica de las graves violaciones a los derechos humanos que sufría la población maya en zonas rurales. No haber sido escuchados por autoridad alguna ni por la Prensa les llevó al extremo de ocupar la Embajada de España.

Los antecedentes del caso establecen de forma plena que el Estado de Guatemala no llevó a cabo investigación real alguna encaminada a establecer la responsabilidad de los hechos, incumpliendo su deber de perseguir, enjuiciar y sancionar a los responsables y favoreciendo, de este modo, la impunidad.

Por otro lado, a la luz de las normas del derecho internacional, los agentes del Estado atentaron flagrantemente contra el Convenio de Viena, al entrar en la Embajada aún contra la voluntad expresa del jefe de misión, al desproteger y atentar contra la vida de su personal y al violar y destruir el recinto diplomático.

El caso de la masacre de la Embajada de España es precedente, prueba de la intensidad y el exceso que alcanzó en 1980 la represión política durante el Gobierno de Lucas García, y refleja tanto la imposibilidad de cualquier acción de oposición, de demanda social de justicia y de denuncia de violaciones de los derechos humanos cometidas en esa época, así como el ambiente de terror y amenaza que se vivía en el país.

La CEH resalta el valor y el significado de la resolución del Congreso de la República de Guatemala, que consideró y reconoció de un modo formal que "un grupo de campesinos hizo suyos los sufrimientos, necesidades y peticiones de la inmensa mayoría guatemalteca que se debate en la pobreza y pobreza extrema, al tomar la Embajada de España con el único fin de que el mundo conociera su situación", y que "la memoria histórica es parte de la cultura social y que esa misma debe ser inspiración de reconciliación y paz, para que los hechos acaecidos nunca más vuelvan a repetirse en la sociedad guatemalteca".

Por último, el caso fue un hito en el enfrentamiento armado interno, porque en él confluyeron la violencia que se vivía tanto en las zonas rurales como en las urbanas, en un suceso en que murieron tanto indígenas como ladinos, campesinos, obreros, estudiantes, personal de la Embajada y que evidenció que el Estado no autoimponía límite alguno, jurídico o ético, a sus acciones represivas.

Fuente: www.lahora.com.gt


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