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Conceder
Por Carolina Escobar Sarti - Guatemala, 3 de marzo de 2005

No pongo mi fe ni en los funcionarios públicos ni en los funcionarios privados.

Siempre he relacionado el conceder con los encargos importantes. “Te concedo mi vida”, dicen los enamorados; “Te concedo mi permiso”, dice el padre a la novia; “Te concedo mi país”, dicen los gobernantes a sus amigos. Y de concesión en concesión, se va dejando lo más valioso en manos ajenas. Hablamos hoy de la propuesta de Ley de Concesiones que se discute en el Congreso de la República.

Según esta ley, el Estado podría entregar a empresas privadas la construcción y mantenimiento de autopistas, carreteras, viaductos, túneles, vías férreas, aeropuertos, puertos, acueductos, oleoductos y gasoductos. También podría conceder servicios esenciales para la población, parques, edificios públicos, recuperación ambiental, correos, alimentación para hospitales, cárceles y escuelas, fabricación de documentos de identificación, servicios de transporte colectivo y parques turísticos, entre otros rubros. Permítanme respirar.

La justificación: el gobierno de Guatemala no tiene los recursos para realizar este tipo de obras o para brindar ciertos servicios, y tampoco podría pagar la deuda que generaría hacerle frente a este enorme desafío planteado no sólo desde nuestro mismo proceso de desarrollo, sino principalmente desde el TLC.

La justificación de la justificación: no tenemos dinero porque no hemos sido buenos recaudadores de impuestos, porque no nos hemos querido levantar como nación sino por sectores y porque la corrupción y la impunidad están enquistadas en las instituciones del Estado guatemalteco.

Esta iniciativa da la impresión de que vamos a pasar del gran elefante blanco que ha sido sinónimo del Estado, al gran elefante blanco que puede llegar a ser el sector privado nacional o mutinacional. En las empresas, al igual que en el Estado también abundan la corrupción y la ineficiencia.

Si es casi imposible fiscalizar a las instituciones del Estado, habiendo mecanismos e instancias para ello (Congreso incluido), imagínese si la población va a tener la posibilidad de auditar la gestión privada. Es de suponer que esa ley contemple mecanismos viables de control y auditoría social.

Por otro lado, las concesiones se otorgan en plazos de 50 años, y pueden renovarse. Esto, frente a la fragilidad de una muy incipiente democracia, sitúa a nuestro país a merced de nuevos monopolios acostumbrados a viejas prácticas.

En otro sentido, ¿quién podría garantizar que bajo la sombrilla de esta Ley de Concesiones no se ampararían otros proyectos de inversión que por sí solos no tendrían el suficiente apoyo para ser aprobados en el Ejecutivo o el Legislativo?

Personalmente, no pongo mi fe ni en los funcionarios públicos ni en los funcionarios privados; todos son guatemaltecos que, con mucho poder, pueden llegar a cometer los mismos errores y a perfeccionar las mismas mañas. Que unos tengan apellido que suena y otros no, que unos practiquen una doctrina y otros otra, podría ser hasta irrelevante en todo este asunto.

Por eso, no es sólo el cambio de manos lo que se cuestiona, sino la fragilidad de nuestro sistema para responder a tamaño desafío.

Es cierto, la mayoría de las grandes empresas se levantan sobre postulados ideológicos muy particulares, y empujan por desaparecer al Estado, en buena parte por eso de los controles, las regulaciones y los impuestos. Los ideólogos del empresariado han reconocido que las suyas no son instituciones de caridad, que nadie debe cargar con la responsabilidad de nadie y que es suficiente con dar trabajo, para cumplir con la sociedad.

Esas son algunas de las premisas que orientan el quehacer de las instituciones a las cuales se les otorgarán las concesiones de interés público. Está clarísimo que son instituciones que miden todo en términos de costo-beneficio y que nadie debería de pedir que le pagaran por un trabajo que no realiza. Pero quedan “cabos sueltos”: las condiciones laborales, la pérdida de sentido y significado por la naturaleza del trabajo, la solidaridad humana, la corrupción en las empresas, las licitaciones a dedo y tantas cosas más.

Desaparecer el Estado tradicional para convertirnos en un gran Estado empresarial no es la solución; hay salidas mucho más creativas e intermedias que benefician a más personas. Como decía Bertrand Russell: “¿para qué repetir los errores antiguos habiendo tantos errores nuevos que cometer?”.

Fuente: www.prensalibre.com


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