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Ordenar la tierra
Por Carolina Escobar Sarti - Guatemala, 28 de julio de 2005

Una Ley de Catastro es necesaria y vital para Guatemala.

La reforma liberal impulsada en 1871 por Justo Rufino Barrios, fue un parteaguas en este tema del ordenamiento de la tierra en Guatemala. Durante su gobierno se realiza el primer catastro nacional, y es entonces cuando el idioma se constituye en el factor principal del despojo brutal de las tierras comunitarias, propiedad de indígenas.

Sólo aquellos que en idioma español podían probar que las tierras eran suyas, se constituían legalmente en sus dueños. Y sólo aquellos que podían pagar la medición de los terrenos nacionales baldíos, se convertían en sus propietarios.

Atrás quedaban las cédulas reales que, en la primera mitad del siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas solicitara al rey español para que a los indígenas no los pudieran despojar tan fácilmente de sus tierras comunales.

La lectura de esta arquitectura jurídico-agraria tendría que hacerse no sólo en términos de su historia, sino en términos de los métodos y los protagonistas que han participado en este recorrido. Me refiero a las lecciones que nos permiten vivir con mayor conciencia el presente y entrar con pie más firme al futuro.

Hablar en el 2005 de realizar un catastro nacional, es volver sobre estos temas; es ir tras el espíritu de los acuerdos de paz firmados en 1996; es tratar el tema de la certeza jurídica en la propiedad de la tierra en Guatemala; es recoger lo dicho sobre la situación agraria y el desarrollo rural del país. Más allá aun, significa hablar del papel del Estado (no sólo como Gobierno) y de las soluciones que ese mismo Estado plantea para ordenar nuestro territorio.

Con el catastro, este gobierno se ha propuesto hacer una radiografía del país, lo cual no es sólo necesario, sino loable. Pero desde todas las buenas intenciones que parecen acompañar esta disposición, yo cuestiono aspectos del cómo, el quiénes y el para qué de esta iniciativa recogida en los acuerdos de paz.

Aquí entra, por ejemplo, el tema de los excesos de la tierra y me pregunto cómo van a manejar esto, cuando sabemos que hay fincas que en los últimos 30 años han crecido hasta en un 320 por ciento su tamaño, gracias al corrimiento arbitrario de linderos.

En otro sentido, ¿por qué no se tomó en cuenta la propuesta de varias organizaciones indígenas en este tema, en algunos puntos validada por otros sectores del país (incluido el del agro), donde se proponía la creación de un ente autónomo descentralizado que manejara esto del catastro, dentro del cual participaran también indígenas y otras personas de la sociedad guatemalteca, además del Gobierno? Esto le daría mayor legitimidad al proceso.

En El Salvador, país vecino, cuentan con un Registro de la Propiedad que se encarga de lo legal, con una instancia de Catastro que maneja lo del ordenamiento físico y con un Instituto Geográfico Nacional que se encarga de los aspectos técnicos de la medición.

¿Por qué nuestros diputados privilegiaron una disposición que deja la ejecución del catastro básicamente en las manos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga)?

Sabiendo hacia dónde se ha inclinado la balanza en la gestión actual de esa institución, se comprende fácilmente cuál es la preocupación de algunos sectores de la sociedad guatemalteca en este tema.

Claro que el Maga contempla dentro de sus ejes fundamentales del proceso de mantenimiento catastral, la participación de municipalidades y otras instituciones ciudadanas, la observancia de una normativa y unos procedimientos administrativos, técnicos y jurídicos adecuados y la coordinación constante con el Registro General de la Propiedad. Pero ya sabemos cuánto pesa el discurso cuando lo que priva es lo político.

Una Ley de Catastro es necesaria y vital para Guatemala, pero ninguna ley funciona adecuadamente en Estados débiles y corruptos. La corrupción de algunos abogados que, sirviendo a sus también corruptos clientes, trabajan en complicidad con varios funcionarios que están o estuvieron en el Registro de la Propiedad, habla de una problemática más compleja.

El ordenamiento del territorio guatemalteco significa comenzar desde abajo, devolviéndole la confianza a una ciudadanía que ha sido enseñada --de manera brutal-- a no confiar en nadie y menos en la clase política.

Fuente: www.prensalibre.com


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