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El agua y el TLC
Por Carolina Escobar Sarti - Guatemala, 24 de septiembre de 2005

Existe suficiente evidencia empírica que pone en evidencia los riesgos reales a los que se exponen nuestros países con la ratificación del TLC.

Lejos estoy de ser una experta en el tema del agua y lo relativo a su legislación, pero la opinión que acá presento sí es la de un experto mexicano. Jorge Mora Portuguez, especialista en Derecho Ambiental y Recursos Hídricos, responde en una entrevista a la pregunta: ¿Está amenazada nuestra agua con la entrada en vigencia del TLC?

Según lo demuestra Mora, sí.

Pese a que Alejandra Aguilar, otra experta en el tema, argumente que el TLC no establece ninguna disposición que obligue a un país a modificar la legislación relativa a la gestión del recurso hídrico, sino que más bien establece la obligación de cumplir adecuadamente con ciertos estándares ambientales, incluyendo los relativos a la protección del recurso hídrico, Mora afirma que el TLC sí provocará que el agua sea regulada por las reglas de la oferta y la demanda.

“Aún y cuando ciertas disposiciones (...) citadas por Alejandra parecieran ir dirigidas a comprometer a los Estados a no hacer más laxa su normativa ambiental, lo cierto es que el problema principal no está en ese punto, sino en la imposibilidad de aplicar dicha normativa en función del capítulo de Inversiones y otros temas relacionados”, dice Mora, quien a su vez cita a otro experto (Colmenares Mejía): “En el marco de los TLC el capítulo de Inversiones es crucial; en él se establece que las controversias que surjan entre los Estados firmantes y los inversionistas extranjeros, por presuntas violaciones del derecho de propiedad, serán dirimidas por tribunales arbitrales internacionales, cuando así lo soliciten dichos inversionistas, quienes podrán exigir una compensación por cualquier acto gubernamental que afecte sus ganancias potenciales.

Queda establecido que tales demandas las pueden realizar las empresas contra los Estados, pero éstos no pueden hacerlo contra las empresas”.

Es un hecho que diversas corporaciones han ganado litigios argumentando que las normas ambientales transgreden su derecho como inversionistas a tener utilidades. Incluso los gobiernos les han pagado millones de dólares en arreglos extrajudiciales.

Entonces, si por ejemplo, “decidiéramos regular la exportación de agua embotellada o el reconocimiento de un pago o restricción por el agua virtual exportada en hortalizas, frutas, productos industriales por parte de empresas transnacionales, éstas podrían demandarnos ante un tribunal arbitral externo a nuestro país si sienten que sus intereses comerciales se ven afectados”, dice Mora.

El experto comprueba con documentos una serie de casos en los cuales varias empresas transnacionales han demandado por sumas millonarias a los gobiernos de distintos países que quisieron aplicar medidas de protección ambiental o para la salud de las personas.

La realidad -señala el experto- es que si bien ciertas disposiciones legales señalan que nuestros países pueden ser multados por varios millones por no hacer cumplir su legislación ambiental, también es cierto que es mayor el riesgo a condenas mucho más elevadas si se adoptan medidas y regulaciones ambientales que puedan lesionar los intereses comerciales de tales empresas.

¿Están nuestros países en capacidad de resistir semejantes demandas? ¿Podríamos afrontar los costos millonarios que implica ir a un proceso arbitral aún y cuando no nos condenen?, se pregunta.

Y continúa: “El temor a demandas multimillonarias, o a procesos arbitrales con costos millonarios, podría llevar a nuestros Gobiernos a preferir no regular el desempeño ambiental de empresas transnacionales, o a hacerse la vista gorda sobre los posibles impactos de actividades dañosas por parte de estas.(...).

Existe suficiente evidencia empírica que pone en evidencia los riesgos reales a los que se exponen nuestros países con la ratificación del TLC; riesgos que incluso el mismo Banco Mundial reconoce cuando en su Informe del 2005 señala la inconveniencia para los países pobres de ratificar Acuerdos Bilaterales con países como Estados Unidos. (“Proyecciones Económicas Globales”. 2005. BANCO MUNDIAL).” ¿No habría que revisar y negociar mejor esas disposiciones legales?

Fuente: www.prensalibre.com


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