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Es de toda la sociedad
Por Carolina Escobar Sarti - Guatemala, 21 de abril de 2007

El hecho de que no todos tengamos entre nosotros a una persona con discapacidad, no quiere decir que el problema no exista.

Siempre he creído que una familia que tiene entre los suyos a una persona con cualquier tipo de discapacidad, es de admirar. No por la persona discapacitada en sí misma, sino por la fortaleza que demanda para esta persona y para todo el grupo familiar una situación de esa naturaleza en una sociedad tan determinada por lo estético, lo “normal” y lo funcional, donde no es fácil encontrar los espacios adecuados para que alguien en esas condiciones desarrolle todo su potencial como ser humano.

Por otra parte, Guatemala ha sido históricamente un territorio de exclusión, hecho que ha provocado -entre otros- que la desnutrición afecte a uno de cada dos niños y niñas, hasta dejarlos al límite de sus capacidades mentales y físicas.

El abandono de una gran mayoría poblacional por parte del Estado, principalmente del área rural, ha provocado que en el país existan más personas con discapacidades de todo tipo, de las que desearíamos. Esto exige del mismo Estado y de toda la sociedad una respuesta.

El hecho de que no todos tengamos entre nosotros a una persona con discapacidad, no quiere decir que el problema no exista. Según los datos que ofrece el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), aproximadamente el 12 por ciento del total de la población guatemalteca tiene algún tipo de discapacidad. Y según la Encuesta Nacional de Discapacidad (Endis) de 2005, el 98 por ciento de ese 12 por ciento no recibe capacitación para el trabajo, aunque tres de cada 10 expresaran que deseaban recibirla.

Además, el 80 por ciento de los escasos servicios especializados para atender a las personas con discapacidad están en el sector privado, en el área metropolitana o en zonas urbanas.

Integrarse al ámbito laboral, formar una familia o realizarse como persona no sólo requiere de voluntad individual, sino de una voluntad política que se exprese en acciones concretas desde el Estado, en beneficio de la población con discapacidad.

Hagamos un cálculo aproximado del tiempo que nos llevamos en formar y educar a nuestros hijos e hijas hasta que obtienen el diploma de diversificado o de la universidad, y consiguen independizarse. En promedio, son unos 20 ó 25 años, si toda va bien.

Con esa realidad en mente, el Conadi decide formular una “política nacional en discapacidad”, con visión de largo plazo y con un objetivo muy claro: crear oportunidades de integración y participación para las personas con discapacidad en la sociedad guatemalteca.

Abril de 2007 marca un hito: queda establecido en el acuerdo gubernativo 91-2007 que Guatemala cuenta con esta política y que el Conadi será el ente coordinador de la misma. La política no se construye desde una visión paternalista o asistencialista, sino que plantea que las instituciones del Estado tienen la responsabilidad y el compromiso ineludible de implementar las metas y objetivos contenidos en el plan de acción de dicho instrumento.

Pero no lo deja todo en manos del Gobierno; invita a las instituciones no gubernamentales que dan atención a personas discapacitadas de todas las edades a coordinar con las instituciones gubernamentales, para no duplicar esfuerzos, y al resto de la sociedad guatemalteca directa o indirectamente relacionado con el tema, a monitorear y evaluar constantemente la política.

Guatemala tendría que comenzar por cambiar, entre muchas cosas, una palabrita del artículo 53 de nuestra Constitución Política, que preceptúa que “es obligación del Estado garantizar la protección de los minusválidos (...)”, porque cuando las palabras cambian, las actitudes comienzan a cambiar. Ni minusválidos, ni subnormales, ni lisiados, ni pobrecitos.

Sabemos que ninguna política es la panacea, sobre todo si su implementación no se traduce en acciones concretas, pero ésta promueve la generación de oportunidades de integración y participación para quienes no las han tenido o escasamente las tienen por su condición de discapacidad.

Sin acuerdos de paz no habría Conadi y sin Conadi no habría política nacional de discapacidad; este es un paso hacia adelante por el cual hay que agradecer a muchos. Sin embargo, lo que sigue nos toca a todos.

Fuente: www.prensalibre.com - 190407


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