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Queda la duda
Por Carolina Escobar Sarti - Guatemala, 19 de mayo de 2007

Es deseable la separación entre el poder militar y las fuerzas de seguridad civil.

¿A dónde irán los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que serán despedidos por actos de corrupción? ¿La utilización de la fuerza quedará principalmente en manos privadas? ¿No son acaso también privados los espacios del crimen organizado y el narcotráfico? Ahora que la PNC tiene vía libre para revisar más de mil 200 expedientes y depurar a su mala hierba, surgen éstas y más preguntas.

Después de todo, la graduación e incorporación de unos 900 jóvenes policías a finales de este año no plantea ninguna solución de fondo para resolver la situación de inseguridad y violencia que vive la población guatemalteca.

No digo que los depurables deban quedarse en la PNC, sólo señalo que un policía que es despedido en esas condiciones no se conformará con volver a su casa y trabajar de jardinero, cuando lo que ha hecho durante los últimos años de su vida es robar, matar, jugar sucio y abusar del poder que le ha sido otorgado. Seguro el crimen organizado engrosará sus filas, y lo mismo sucederá con las empresas de seguridad privadas. Así que, sin importar al amo que sirvan, sucederá lo de aquel cuento de Augusto Monterroso: cuando despertemos, el dinosaurio estará aún allí.

Habría sido bueno que esta depuración de la PNC contemplara programas de reinserción social que formaran parte de una política de Estado en materia de seguridad, pero eso es mucho pedir.

No podemos pedir gustos, cuando la Academia de la Policía apenas cuenta con un magrísimo presupuesto del total asignado a esa institución y Guatemala sólo tiene 19 mil policías para proteger a más de 12 millones de habitantes. Además, de esos 19 mil, hay cinco mil asignados al cuidado de edificios públicos. Haga la cuenta.

Me voy ahora a Colombia, con el caso de Salvatore Mancuso, y luego les cuento por qué hago la relación con el tema de la depuración de la PNC en Guatemala. Mancuso es el líder de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia y ha acusado públicamente al actual vicepresidente, Francisco Santos, así como a su primo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, de auspiciar a los grupos paramilitares acusados de aproximadamente nueve mil crímenes en ese país.

La cuestión no termina allí. Mancuso señaló que “la cervecería Bavaria y la compañía de gaseosas Postobon, así como multinacionales extranjeras realizaron pagos a grupos paramilitares”.

También acusó a varios políticos de la costa del Caribe de buscar en el pasado a los ultraderechistas para conseguir votos. Todas las declaraciones del ex jefe paramilitar se dieron luego de que Chiquita Brands International Inc. se declarara culpable en Washington de haber pagado a paramilitares para que protegieran a sus empleados en Colombia.

Los tradicionales poderes fácticos (el económico, el político y el militar) nos recuerdan cuán frecuente es este maridaje, y hoy allá vuelve a sostenerse la tesis de un Estado que auspicia a los grupos paralelos.

¿Por qué menciono todo esto? Es obvia y deseable la separación entre el poder militar y las fuerzas de seguridad civiles. Mi comparación no va por allí. Recurrí al caso colombiano para ejemplificar con una situación concreta lo que puede suceder cuando se da la utilización de fuerzas de seguridad, tanto desde instancias privadas como desde el Estado.

Extrapolo el hecho al tema de los policías que serán depurados y que, con esa hoja de vida, con la escasez de empleo en el país y la presencia fuerte del crimen organizado, probablemente no tendrán más opciones que trabajar en la clandestinidad o en empresas de seguridad privadas que ni siquiera están legalmente establecidas. Quizás hasta terminen de guardaespaldas de algún diputado.

A muchos de ellos no les quedará más que encargarse del trabajo sucio. Limpieza social, asesinatos por encargo, secuestros, amenazas o ataques a organizaciones no gubernamentales serán algunas de sus opciones. Y en este tiempo de campaña electoral, hasta pueden formar parte de los grupos desestabilizadores.

En fin, frente a un Estado que ofrece pocas oportunidades de desarrollo a su ciudadanía y sin una adecuada política de reinserción, siempre queda la duda de lo que esos desempleados harán. Lo que no dudamos es que los poderes fácticos de turno tendrán ahora más peones.

Fuente: www.prensalibre.com


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