La reconocida honorabilidad
Por Carolina Escobar Sarti - Guatemala, 4 de febrero de 2010
cescobarsarti@gmail.com
Cuando 12 abogados, nueve decanos de las facultades de Derecho de distintas universidades del país y tres presidentes —uno del Tribunal Supremo Electoral (TSE), otro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otro más del Colegio de Abogados de Guatemala (CANG)— fueron juramentados y comisionados para postular a los seis aspirantes al cargo de fiscal general de la República, muchos nos pusimos de nuevo en estado de alerta.
Primero, porque sabemos que de esta elección depende mucho de la transformación o el sostenimiento del corruptísimo y debilitado sistema de justicia del país, del cual el Ministerio Público es piedra angular. Segundo, porque desde el inicio del proceso hubo cosas que hicieron mucho ruido, como el hecho de que una “Universidad” que ni siquiera tiene facultad de Derecho mandara a un representante solo para no quedar fuera de la jugada. Tercero, porque el recién nombrado secretario de la Comisión Postuladora es el licenciado Óscar Cruz, presidente del CANG, vinculado de una manera poco clara a Roberto López Villatoro, Rey del Tenis.
Y aquí es bueno recordar que López Villatoro estuvo detrás de las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones, influyendo de tal manera, que 26 de los 47 miembros de las comisiones de postulación de entonces habían sido becados por él para estudiar maestrías en Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, España. Cuarto, porque cuando una de las integrantes del Movimiento Pro Justicia, que fiscaliza el proceso desde la ciudadanía, dijo que era importante que el proceso fuera público y transparente y que “no evadan la discusión de la reconocida honorabilidad de los candidatos”, el presidente de la CSJ y miembro de la Comisión Postuladora dijo que “este aspecto es muy subjetivo” , a lo cual el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Rural se sumó, concluyendo que “nadie puede ser acusado sin que existan pruebas o indicios”.
En un país como el nuestro, donde sabemos que hasta los abogados se comen documentos que constituyen pruebas, esto último constituyó definitivamente un atrevimiento. ¿Cómo que la reconocida honorabilidad no se puede probar? El concepto de reconocida honorabilidad es tan objetivo como los notorios hechos que hablan de la trayectoria ética, política, democrática y humana de un profesional del Derecho. Por ejemplo, desde una postura ética, no es lo mismo que un abogado elija defender a clientes cuestionables, a que un barbero lo haga. Así que ver la cartera de clientes de un abogado podría ser un criterio. Pero poniéndonos aún más serios, la reconocida honorabilidad pasa por cosas como no haber manejado mal fondos públicos, como no haber participado en actos de corrupción, como no tener vínculos con el crimen organizado o con personas que han cometido violaciones a derechos humanos. Y pasa, además, por reconocerse capaz para dirigir un Ministerio Público, lo cual demanda a un especialista en Derecho Penal. ¿No serían suficientes criterios como estos?
Queremos recuperar la dignidad de nuestro país. Entre un Estado negligente, débil e incompetente como el guatemalteco y unas estructuras clandestinas enraizadas en todos los estamentos sociales, la impunidad es aquí algo instrumental, una mera consecuencia de la tremenda corrupción e ilicitud existente. Hay personas y sectores a quienes les interesa que todo siga igual, pero muchas más queremos que las cosas se hagan de otra manera; de ahí la necesaria fiscalización ciudadana como obligación de todos.
Fuente: www.prensalibre.com.gt |
