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Seguridad: sector privado gana el pulso
Por Crosby Girón - Guatemala, 25 de julio de 2007

• A 10 años de su creación, imagen de PNC desgastada

• Candidatos a la presidencia le apuestan al uso del Ejército para resolver inseguridad ciudadana

• Leyes sobre seguridad enfrentan serios escollos en el Congreso 

En el décimo aniversario de constituida la Policía Nacional Civil (PNC), activistas de derechos humanos denuncian que esta entidad no da muestras de mejorar su imagen desprestigiada. La noticia de que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), consideró que las autoridades han obstaculizado la investigación del asesinato de tres parlamentarios salvadoreños, agrava este hecho. Algunos analistas interpretan que la actitud criminal de la PNC se debe a una influencia del Ejército de la posguerra, la cual persiste entre las filas policiales hoy día. Esta debilidad se suma a la desconfianza que genera la PNC, lo cual se ha traducido en el desarrollo acelerado de empresas de seguridad privada. Pero lo que más preocupa a los especialistas y defensores de derechos humanos es que no exista control sobre esas empresas. Por otro lado, en un Foro con candidatos presidenciales, organizado por la Gremial de Compañías de Seguridad, éstos declararon que no existe una salida al problema de la inseguridad sin la participación del Ejército. Llama la atención que coincidentemente, las empresas de seguridad son manejadas principalmente por militares en retiro y que el sector privado les denomine «actores clave» en este tema. Algunos analistas consideran que esto implica un proceso de privatización indirecta de la seguridad.

DÉCADA PERDIDA. La Policía Nacional Civil ( PNC ) cumplió, el 15 de julio, una década de haber sido creada. Las características que en este tiempo ha mostrado la institución policial, según denunciaron activistas de derechos humanos son «desprestigio, infiltración del crimen organizado y vulnerabilidad».

Para algunos analistas, la injerencia del Ejército en actividades de seguridad ciudadana es un factor que ha contribuido a la vulnerabilidad de la PNC . Carmen Aída Ibarra , de la Fundación Myrna Mack ( FMM ), dijo a Inforpress que esto obedece a que «la PNC se construyó sobre la base de un cuerpo policial sumido en la corrupción, actos criminales y la complicidad con políticas contrainsurgentes, y ésta es la contaminación que aún hoy se puede comprobar.»

A lo anterior se agrega que existe un retraso de 10 años en la reforma a las leyes que rigen a la PNC . De acuerdo con Sandino Asturias , del Centro de Estudios Guatemala ( CEG ), «las leyes para reformar la PNC se han recalendarizado durante los últimos 10 años, son compromisos de Paz que durante tres gobiernos se han pospuesto.»

La conducta criminal de la PNC mostró su nivel más alto con el asesinato de tres parlamentarios salvadoreños en febrero pasado ( Inforpress 1694). La gravedad de este hecho forzó cambios a nivel de las autoridades del Ministerio de Gobernación ( MINGOB ) y de la PNC , y el Ministerio Público ( MP ) ha sido señalado por parte del FBI estadounidense de estar encubriendo a gente de «alto nivel» ( Inforpress 1712).

Tras la salida de Carlos Vielmann del MINGOB y la llegada al cargo de Adela de Torrebiarte, las autoridades anunciaron la depuración de la PNC , pero hasta la fecha es un proceso que no muestra avances contundentes.

Según Ibarra, hay que apostarle a la legalidad. En este sentido, distintas leyes se están discutiendo hoy día en el Congreso de la República (ver cuadro).

SEGURIDAD DE LA INSEGURIDAD: LA LÓGICA DE UN NEGOCIO. El recrudecimiento de la violencia en el país se desarrolla en un clima de absoluta impunidad. La aceptación de parte del presidente de la República, Óscar Berger , de que las fuerzas públicas han sido superadas por las del crimen y la delincuencia agrava aún más la crisis.

En ese contexto, Ibarra declaró en marzo de este año a un diario local: «Estamos viviendo una verdadera crisis en materia de seguridad, quizá la más grave desde la quema de la Embajada de España».

Y el propósito de privatizar la seguridad pública indirectamente parece estar detrás. Asturias dijo a Inforpress : «La inseguridad se ha convertido en el principal problema y la lógica es privatizar indirectamente la seguridad pública, y eso es un negocio sin control del Estado». Según el analista, «el debilitamiento de las instituciones de seguridad pública ha provocado la proliferación de los negocios de la violencia».

Los números muestran esta afirmación. Según el CEG , en 1997 se vendían 21 millones de municiones anuales, y para 2006, las ventas de municiones se elevaron a 50 millones. En el país hay casi 1.5 millones de armas de las cuales unas 250 mil están registradas y unas 800 mil calificadas como «ilegales» ( Inforpress 1698).

El control de parte del Estado sobre la circulación de armas está en manos del Departamento de Control de Armas y Municiones (DECAM).

En entrevista con Inforpress, Juan Luis González, vocero de la Gremial de Compañías de Seguridad, dijo que «la PNC y el DECAM tienen controles estrictos sobre nosotros y si no cumplimos caemos en ilegalidad y estamos expuestos a sanciones».

El número de agentes privados oscila dependiendo la fuente de información. Algunos citan 150 mil personas. Gonzáles dijo a Inforpress que son entre 25 mil a 27 mil personas las que trabajan en las empresas aglutinadas en el Gremio que representa.

En Guatemala se reportan 127 empresas de seguridad registradas, 99 en trámite y 31 clandestinas, y de registrarse las 99 empresas que están en trámite, el número de agentes llegaría a 106 mil (Prensa Libre, 20/1/06).

Asturias considera que el control del Estado sobre estas empresas es precario: «el DECAM no controla y es un facilitador de estos negocios».

La seguridad no se restringe a los servicios de agentes para vigilancia de establecimientos, se extiende a servicios como la solución de secuestros, inteligencia empresarial, casos de infidelidad, sistemas electrónicos de vigilancia, las mismas armas y uniformes, entre otros. Especialistas en el tema citan que estas empresas poseen tecnología avanzada para realizar su trabajo, tecnología que no posee ninguna entidad estatal, por lo que su poder de control sistematizado se desconoce.

La lógica del negocio está clara. Según González, «somos un negocio como las clínicas privadas y depende de lo que la gente esté dispuesta a pagar. Se prefieren los servicios privados porque se desconfía de los servicios públicos.»

CANDIDATOS HABLAN DE SEGURIDAD. La creciente influencia de los servicios privados de seguridad, contrapuesto al deterioro de la seguridad pública, es un factor clave en el proceso electoral actual.

El 25 de junio de este año, la Gremial de Empresas de Seguridad Privada*, convocó a un grupo de candidatos a la presidencia a debatir sobre el tema de seguridad. Al evento asistieron Harold Caballeros, de la agrupación Visión con Valores ( VIVA ); Alejandro Giammattei , de la Gran Alianza Nacional ( GANA ); Rigoberta Menchú , de Encuentro por Guatemala ( EG ); Luis Rabbé, del Frente Republicano Guatemalteco ( FRG ) y Eduardo Suger, del partido CASA .

Llamó la atención la ausencia de Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza ( UNE ) y Otto Pérez Molina, del Partido Patriota ( PP ) quienes según los organizadores, confirmaron su asistencia pero a última hora cancelaron.

Cabe recordar que el negocio de las empresas de seguridad es dominado por militares tanto retirados como activos. De hecho, el mismo Otto Pérez Molina posee al menos dos empresas de este tipo en donde emplea a más de 300 personas, según indicó el ahora ex gobernador de Petén, Manuel Barquín , en el contexto de las denuncias que Pérez Molina hizo sobre la existencia de escuadrones de la muerte a lo interno de la PNC y el MINGOB ( Inforpress 1695).

El recién nombrado presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras ( CACIF ), Carlos Zúñiga Fumagalli , dijo en la apertura del evento, que las empresas de seguridad privada eran un «actor clave» en el tema de seguridad en el país. Dada la naturaleza de este ente, el Foro se desarrolló según algunos analistas como una «caja de resonancia» , pues lo expresado públicamente por Fumagalli tiene una naturaleza política importante**.

Entrevistado por Inforpress, el analista político Edgar Gutiérrez calificó el Foro como «desafortunado» y dijo que «ahí los candidatos dijeron lo que los organizadores querían oír. Hasta Rigoberta Menchú apoyó los patrullajes combinados PNC y Ejército.»

Juan Luis González, vocero de la Gremial, dijo a Inforpress que la intención de hacer el Foro correspondía a un aporte cívico de parte de las empresas de seguridad al proceso electoral. Agregó que la opinión vertida por los candidatos en el Foro es una expresión propia, es decir, que no corresponde con la opinión de la Gremial.

En general, los candidatos expresaron en este evento, que la única solución al problema de la inseguridad es que el Ejército salga a las calles o que se refuercen los patrullajes combinados que actualmente ya se desarrollan como parte de la seguridad pública. Gutiérrez afirma que esto sucede porque « usualmente los candidatos hacen lo mismo: se hacen camaleones según el lente del público que los escucha».

Algunas posturas de los candidatos llamaron la atención. Luis Rabbé, del FRG por ejemplo, dijo que aplicaría la Ley de Orden Público; Suger se decanta por el fortalecimiento del Ejército, e incluso, dijo que apoyaría que se legalice el que los agentes de empresas privadas puedan realizar capturas.

Suger además de ser un reconocido académico, también tiene el grado de coronel asimilado, debido a los servicios prestados al Ejército en las décadas del 70 y 80 ( elPeriódico, 17/6/07).

La investigadora Claudia Samayoa dijo a Inforpress que las declaraciones de Suger se enmarcan dentro de «un viejo proceso de privatización de la seguridad que se está afianzando y que en la medida en que se siga descuidando una verdadera política de seguridad del Estado, será una realidad que explícita o no, se da».

*Según González , la Gremial de Empresas de Seguridad fue inscrita hace 18 años y está adscrita a la Cámara de la Industria ( CIG ). Su junta directiva está integrada de la siguiente manera: presidente: General Edgar Alfredo Trujillo (Corporación Privada de Seguridad); vicepresidente: Teniente Sergio Barbales (Safari Seguridad); secretario: Mayor Atila Santizo (Servisa); tesorero: Licenciado Armando Herrador (Servisa); vocal I: Alférez Rafael Tobar (Cuttepsi); vocal II: Licenciado Armando Acevedo (Comando Omega); vocal III: Licenciado Juan Luis González (SECUR); vocal suplente: Capitán Oswald Aguirre (SOV) y vocal suplente: Licenciado Fabricio Saravia (Seguridad Total).

** Fernando Valdez en su libro «El ocaso de un liderazgo. Las élites empresariales tras un nuevo protagonismo» (Guatemala, FLACSO, 2004), cita: “ ... [el CACIF] es un poder legítimo [250 mil afiliados] para decir por dónde queremos que vayan las cosas”.

Discuten leyes en el Congreso de la República

Actualmente se discuten en el Palacio Legislativo, la Ley de Armas y Municiones, la Ley de Empresas de Seguridad privada, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y la Ley contra el Crimen Organizado.

Existen diferencias de intereses gremiales y políticos en estas discusiones, por lo que el avance ha sido lento. En el caso de la Ley Marco, va por la tercera lectura.

La Ley de Empresas de Seguridad ha llegado “consensuada” entre sociedad civil y sector privado pero existe una discrepancia en la clasificación de las armas. Además, según declaró a Inforpress , el analista y asesor de la Comisión Plan Visión de País en el Congreso, Carlos Hoffman, “existe una presión de parte de empresarios nacionales en cuanto a la estandarización de estas empresas, ya que las empresas internacionales apuestan por la estandarización, con lo cual dejarían a muchos empresarios nacionales fuera del negocio por la poca capacidad que tendrían de llegar a esos estándares.”

La Ley contra el Crimen Organizado fue aprobada pero hace falta una reglamentación que le corresponde al MINGOB, pero esta reglamentación no ha sido elaborada.

En cuanto a la Ley de Armas y Municiones existe más presión, ya que actualmente las municiones se venden sin mayor regulación. Un ciudadano puede adquirir hasta 500 municiones por arma, pero la falta de control permite que se hagan compras en distintas tiendas.

Además, preocupa que el control se busque ejercer sobre las armas registradas. Es decir, que el casi millón de armas «ilegales» que circulan en el país no están sometidas a ninguna normativa específica.


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