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PNC de nuevo en el ojo del huracán
Por Crosby Girón - Guatemala, 6 de octubre de 2007

• Interrogan a varios agentes y jefes policiales por secuestro y asesinato de cinco jóvenes

• Estructuras paralelas dentro de PNC y MINGOB garantizan impunidad en ejecuciones extrajudiciales

• Analistas plantean escenarios no prometedores

El clima de inseguridad ciudadana se hace cada vez más crítico de cara a la segunda vuelta electoral a realizarse el 4 de noviembre de este año. La existencia de grupos de la llamada «limpieza social» a lo interno de la Policía Nacional Civil con conexiones directas con los altos mandos, se dejó sentir de nuevo con el asesinato de cinco jóvenes de un barrio pobre en la capital. El primero en «perder la cabeza» fue el director de la PNC Julio Chávez. La general aceptación y uso de la población guatemalteca de mecanismos de fuerza y violencia para enfrentar la inseguridad ponen al país en una situación de alto riesgo. Sin embargo, la entrada en operaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala es para algunos una ventana en el horizonte. Mientras, la depuración de la PNC y los cambios esperados en Gobernación no dan muchas esperanzas a la población.

¿«PODERES OCULTOS» MUESTRAN SUS TENTÁCULOS? El proceso de depuración que se lleva a cabo en la Policía Nacional Civil (PNC), ha dejado fuera de la institución a varios cientos de agentes y algunos mandos medios ( El Nuevo Herald , 28/09/07).

En este contexto, han sucedido serios crímenes en los que han resultado involucrados elementos de la PNC cercanos a los altos mandos. Esta situación ha sido analizada desde varias perspectivas y algunas conclusiones se dejan ver. Pero ante todo, el telón de fondo es la rampante impunidad en el país.

El caso más grave y visible fue el secuestro y posterior asesinato de cinco jóvenes del barrio El Gallito (Inforpress 1723). Para Sandino Asturias, del Centro de Estudios Guatemala (CEG), «La captura mediante los GPS al igual que el caso de los diputados salvadoreños, evidencia que hay una total impunidad para ralizar este tipo de trabajos, en los dos casos saben (los ejecutores) que los pueden localizar pero hay la confianza para hacerlo porque lo hacen decenas de veces con el consentimiento de ciertos mandos y los poderes reales».

Asturias argumenta que los poderes llamados «ocultos» no son tan ocultos «Hace falta voluntad política para sacarlos del control del Estado, el problema es que los poderes ocultos trabajan para los poderes reales, por eso operan con total impunidad».

Esto no es nuevo, dijo a Inforpress la investigadora y analista Claudia Samayoa «Desde febrero se dijo que las ejecuciones extrajudiciales se ejecutaban mediante una estructura compleja y con participación de altos mandos. Subir a (Julio) Chávez era un riesgo, porque no se desmantelaba la estructura», agregó.

Según Asturias, «Son intocables los poderes, sin embargo, los ejecutores materiales son prescindibles, en el caso de la ejecución de los asesinos de los diputados salvadoreños, hasta ahora son intocables los autores materiales porque trabajan con el poder real».

En círculos académicos se comenta que tras la salida de Carlos Vielmann de Gobernación (Inforpress 1698) , y la eventual entrada en funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los cuerpos clandestinos de seguridad dentro de la PNC buscan borrar huellas y/o evidencias que los inculpen. Pero este extremo no se ha podido comprobar. El analista Edgar Gutiérrez considera que las estructuras en la PNC son miméticas a sus mandos y los propósitos de éstos.

CABEZAS DE TURCO. Una de las primeras decisiones tras el conocimiento del asesinato de los cinco jóvenes en la zona 3 capitalina, fue la destitución de Julio Chávez como director de la PNC. Este hecho puede interpretarse como una manera de contener la salida de Adela de Torrebiarte de la cartera del Interior, ya que representaría un costo político muy alto, sobre todo por cómo se dio la salida de Vielmann.

La salida de Chávez, en primera instancia, fue presentada como una garantía de independencia en la investigación de los agentes capturados por el asesinato de cinco jóvenes.

Para Gutiérrez, Chávez es un funcionario administrativo, por lo que no tiene «Las cualidades de apreciación global del problema que se requiere para el cargo. Me da la impresión que justamente lo (pro) pusieron en el cargo porque no daba mala apariencia y los «malos» podían seguir, bajo su mampara, con sus negocios sin riesgos».

El ahora ex director declaró que no conocía a los agentes capturados, pero existe dudas al respecto, sobre todo porque eran personas encargadas de su seguridad personal. Para Gutiérrez, «Lo hicieron porque (...) han tenido retribuciones y esta vez, adicional, tenían el cargo de confianza».

Cabe destacar que el actuar de las autoridades en esta situación fue muy diferenciada. El editorial del vespertino La Hora, expresó que el arraigo de Chávez era una «verguenza» aunque no quita mérito a la decisión del arraigo. «Pero es inaudito que mientras contra un comisario que no tiene «agarres de alto nivel» se actúa de esa forma, contra los comisarios (Javier) Figueroa y (Erwin) Sperissen no se haya procedido de igual manera y se les permitiera salir del país como chucho por su casa» ( La Hora , 03/10/07).

La diferencia en este caso es que según el editorial «los otros eran parte de los círculos sociales de quienes gobiernan y de quienes tienen el poder económico y por lo tanto, aunque se les acusa no sólo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por personal a su cargo, sino de crímenes cometidos directamente como en el caso de Figueroa, nadie mueve un dedo para buscar siquiera su extradición».

VÍCTOR RIVERA CON DE TORREBIARTE: UNA FIGURA INAMOVIBLE. La existencia de estructuras clandestinas de seguridad a lo interno de la PNC y MINGOB fue una denuncia que el presidenciable del Partido Patriota (PP), Otto Pérez Molina manejó muy bien. El tema resultó en la salida de Vielmann del MINGOB aún con todo el apoyo de importantes grupos empresariales ( Inforpress 1698).

Sin embargo, esto no significó la desarticulación de estructuras paralelas criminales a lo interno de las citadas instituciones. En este sentido, Samayoa dice que la permanencia de personas como Víctor Rivera en el Ministerio de Gobernacción (MINGOB), muestra vulnerabilidad, ya que «siguen ocurriendo cosas».

Sandino Asturias va más allá cuando afirma que «Victor Rivera es de los inamovibles, es parte y representante del poder real, por lo tanto en lo privado o en lo público estará». Y de cara a 2008, agrega que no considera que existan muchas diferencias sustanciales en la PNC con la UNE y PP , ya que «esos temas los definen los financistas de ambos partidos, que lamentablemente son los mismos grupos, para mí, habrá una continuidad en las políticas de seguridad gane quien gane, los poderes reales ya decidieron eso».

La permanencia de Rivera en ese sentido se hace lógica, por la cercanía de De Torrebiarte con la UNE (Inforpress 1700). Para Gutiérrez, «Rivera con Colom, seguirá como de Ministro de facto. Con Otto Pérez tienen tal animosidad mutua, que Rivera se va del país o se arma la de San Quintín. Y ahí entraría, como invitada de honor, la CICIG».

Pese a la entrada en acción de la CICIG esperada para enero de 2008, la inseguridad ciudadana y el clima criminal en general no aparece distinto aun con el cambio de autoridades. Actualmente, la ministra de Gobernación tiene el favor de algunos sectores que le dan el beneficio de la duda.

«Ella en general tiene buena voluntad, pero limitacione serias (...) atiende en la medida de sus posibilidades consejos de gente progresista, pero tiene una extrema dependencia de Víctor Rivera», dijo Gutiérrez. (ver cuadro).

Sin embargo, ya existen peticiones para destituir a De Torrebiarte ( Prensa Libre, 04/10/07). Además, en el caso de los cinco jóvenes asesinados, se supo que varios agentes de la PNC han «desertado» de cara a una posible interrogatoria.

Analistas plantean escenarios

Distintos analistas consultados por Inforpress coinciden en que no hay elementos que muestren una mejoría sustancial en el tema de la seguridad ciudadana. «Mi apreciación es que Otto Pérez, si gana, articulará antes del 14 de enero una o varias bancadas a su favor. Con esa certeza entraría con leyes de seguridad y lanzaría una suerte de operación de pacificación para ganar popularidad en los primeros meses. Una vez logra ese propósito promueve una constituyente (...) Más o menos la estrategia de Rafael Correa en Ecuador pero tirado a la derecha. En tal caso, la PNC sería una fachada que trataría de estructurar a favor de su modelo, mientras operan las fuerzas de limpieza social.» , explicó Gutiérrez.

Claudia Samayoa afirma que existe un reto de varios niveles como lo es la depuración de la PNC: «Los depurados en el gobierno de Álvaro Arzú volvieron con Alfonso Portillo. El retorno es un problema del sistema de justicia, no de la institucionalidad policial, pero de eso nadie está hablando».

Por su parte, Sandino Asturias considera que «Es evidente que la estructuración de estas políticas se desata en la administración Vielmann-Sperissen, y (los hechos recientes) pueden ser parte de los ajustes tras su salida, hay que recordar que vienen ajustes con la llegada de otro grupo de poder el 4 de noviembre

Pero en todo caso, el gran problema de fondo recae en el Estado y su lucha contra sus entidades infiltradas por el crimen organizado y cuerpos clandestinos de seguridad, mismos que defienden intereses no ocultos desde hace mucho tiempo en el país.

De acuerdo con Gutiérrez, «No veo mayor diferencia en la organización, modus operandi y conexiones con el poder político y económico, con los «poderes ocultos» que operaron desde 1954 y, oficialmente, hasta la firma de los Acuerdos de Paz (aunque se extendieron a 1998, con Gerardi).»

 

 


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