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Oficializan política minera y energética
Por Crosby Girón - Guatemala, 28 de octubre de 2007

• Aplauden política pero rechazan proceso de aprobación

• Minería metálica pasa por su mejor momento

• Persisten conflictos por Proyecto Fénix en Izabal, esta vez con la Iglesia Católica

El gobierno oficializó el 25 de octubre de 2007, la política energética y minera para los próximos ocho años. Pese a que existen pendientes algunas reformas a la Ley de Minería en el Congreso de la República, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), publicó los Lineamientos de la Política Minera y Energética. El auge de la industria minera metálica obedece a la vocación minera del país y a los cada vez mejores precios internacionales del oro y la plata principalmente, se asegura. Existen a la fecha cientos de licencias de explotación autorizadas y otras tantas en trámite, y a futuro, con el cambio de gobierno, analistas no vislumbran cambios sustanciales en la forma de operar en la industria que se ha caracterizado por altos niveles de conflictividad en áreas en donde viven comunidades indígenas principalmente. Por otra parte, vuelve la conflictividad a Izabal, donde se ubica el proyecto Fénix, la más importante mina de níquel en el país.

APRUEBAN POLÍTICAS. El 23 de octubre se publicó en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Gubernativo 481-2007, firmado por el Consejo de Ministros, el cual da vida a la Política Energética y Minera, formulada por el Ministerio de Energía y Minas ( MEM ). Asimismo, dos días después, el gobierno dio a conocer los «Lineamientos en política Energética y Minera».

De acuerdo con estos lineamientos, «Este documento es el resultado de diagnósticos realizados por el Ministerio de Energía y Minas sobre la evolución del Sector Energético y Minero en el último quinquenio, y de un proceso de validación con más de 130 guatemaltecos involucrados en el sector energético; así como del consenso a los que llegó la Comisión de Alto Nivel en el 2005 en materia de minería.»

Sin embargo, la Coalición Ambientalista publicó un comunicado en el que plantea que el Acuerdo Gubernativo 481-2007 contraviene el Artículo 97 de la Constitución de la República y que para su aprobación no hubo participación ni consulta con los sectores ambiental, académico y social del país.

Manifestaron que no se oponen a la explotación de los recursos ni a la aprobación de las políticas, pero sí «al proceso no participativo como fueron elaboradas» . Ya que según afirman, «debilita los espacios de participación ciudadana, la legitimidad de las políticas…».

Jorge García Chiú, viceministro del MEM , dijo a Inforpress que conocía el documento de la Coalición Ambientalista: «Nos sorprendió porque estos lineamientos se han trabajado desde 2004» . Agregó que hubo participación de distintos sectores con los cuales se realizaron talleres en los que se consensuaron los lineamientos.

Yuri Melini, director de Centro de Acción Legal Ambiental y Social ( CALAS ), dijo a Inforpress que «Las políticas son necesarias y de utilidad pública, pero lamentamos la forma en que se aprobaron». El activista agregó que en los lineamientos planteados por el MEM existen «tremendos vacíos en el tema de rectoría» y que considera un craso error el enfoque de estos lineamientos en los que predomina la extracción de recursos en función del mercado y se obvia el rol del Estado.

Según Melini, en la elaboración de los documentos tuvo especial importancia el aporte de integrantes del Centro de Investigaciones Sociales y Nacionales ( CIEN ), conocido centro de estudios con enfoque empresarial, por lo cual, «los lineamientos tienen graves vacíos y desfases».

García Chiú por su parte, insistió en que la participación fue amplia y que el CIEN participó como un representante más. Agregó que se tuvieron importantes aportes de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales ( ASIES ), y de sus representantes Carlos Escobar Vargas y Raquel Zelaya , pero que el documento fue elaborado por el MEM . Asimismo, mencionó que por parte de ASOREMA participaron César Barrientos , Marta Pilón , Magalí Rey Rosa y Jorge Cabrera.

Pero en el fondo, según García Chiú, el problema radica en que las reformas propuestas a la Ley de Minería y entregadas al Congreso de la República en mayo de 2006 siguen sin mayores avances en el Legislativo.

Independientemente de quienes hayan participado o no en la elaboración, es claro que los lineamientos concuerdan plenamente con la Agenda Nacional de Competitividad 2005-2015, elaborada por el Programa Nacional de Competitividad ( PRONACOM ) en donde predomina la presencia de altas figuras empresariales o tecnócratas. La Agenda en realidad fue un plan de largo plazo impulsada por el actual gobierno de cara a atraer inversión extranjera, modernizar la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, fortalecer el aparato productivo y exportador, al igual que los parques industriales.

MINERÍA VIENTO EN POPA. 2005 fue el año clave para la minería, que en años anteriores había tenido un desempeño bastante bajo. Es a partir de ese año que la industria de minería (metálica principalmente) empieza a cobrar fuerza. Asimismo, la actividad minera generó un fuerte rechazo de las distintas comunidades en donde se asientan importantes yacimientos, dados los altos índices de pobreza y el predominio de pueblos indígenas en esas zonas.

De acuerdo con el documento «Lineamientos de Política Minera, 2008-2015», elaborado por el MEM , «La existencia en el país de yacimientos minerales y canteras de características apta para su explotación económica, el comportamiento actual de los precios internacionales de algunos de esos metales, el reciente inicio de nuevas operaciones de exploración minera en el país y el renovado interés manifestado por los inversionistas de ese sector, perfilan a la minería como una de las actividades económicas en las que es posible realizar inversiones adicionales.»

Actualmente existen 370 derechos mineros vigentes otorgados (licencias de explotación) y existen 300 solicitudes en trámite. Esto muestra el fuerte interés de diferentes compañías extranjeras -en alianza con empresarios y funcionarios públicos- en desarrollar los proyectos mineros. Cabe destacar que dos de los minerales metálicos más importantes que hacen atractivo el negocio son: el oro y la plata, cuyos precios y demanda internacionales han despuntado recientemente. La onza troy de oro se cotiza en US$600 aproximadamente, mientras que la plata cuesta unos US$11 la onza troy.

Según el MEM estos precios reflejaron un crecimiento de 668% en 2006 respecto al año anterior. Aunque este crecimiento incluye la minería no metálica, hay que mencionar que el valor de producción de la minería metálica representa el 84% del valor de la producción del sector. El año pasado se exportaron 5 toneladas de oro (US$98.6 millones) y unas 49 toneladas de plata (US$19.1 millones).

Es importante recordar que una característica del gobierno de Óscar Berger ha sido el irrestricto apoyo a la industria minera y los reiterados señalamientos de tener fuertes intereses en estos negocios ( Inforpress 1667). Esta postura ha ocasionado graves escenarios de conflicto de diferente naturaleza que a la fecha persisten (cuadro).

Estas preocupaciones no le son ajenas al gobierno. García Chiú dijo a Inforpress que «Se debe seguir trabajando, el Congreso de la República debe retomar la agenda de la Ley de minería».

Sin embargo, la fuerte influencia que empresarios y grupos académicos pro empresariales tienen sobre los partidos contendientes para la segunda vuelta electoral (la Unidad Nacional de la Esperanza – UNE -, y el Partido Patriota – PP -), según analistas, plantea un escenario en que la expansión geoeconómica significaría la continuidad en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.

Hasta ahora, según activistas, no existen propuestas claras de parte de las autoridades para dar solución a los problemas de conflictividad por tierras en muchos de los proyectos de minería metálica. Antes bien, según apuntan, el ofrecimiento de certeza jurídica a los inversionistas es el principal interés, mientras que los procesos de consulta comunitaria y los derechos sustentados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) siguen sin asideros legales.

Los grandes beneficiarios en este sentido serían los grandes consorcios empresariales del país que dominan la banca, el comercio, la industria y la agricultura ( El Observador Electoral No. 5, octubre 2007).

Los lineamientos de la Política en materia minera allanan el camino para lo que el analista Franco Martínes llama «el reduccionismo estatal» , el cual «estaría reflejado fundamentalmente en la benevolencia del Estado con la iniciativa privada, fortaleciendo la figura del Estado/contratista y/o concesionario, facilitando las condiciones administrativas, técnicas y jurídicas para la adjudicación de proyectos…» ( La Hora Política, 31/10/2007).

El níquel y la Iglesia Católica, otro conflicto

El polémico proyecto minero Fénix , ubicado en El Estor, Izabal, es considerado uno de los yacimientos de níquel más importantes del país. El creciente interés de los accionistas subyace en las jugosas ganancias que representa, se calcula que de la mina se obtendrán 590 toneladas del mineral ( Inforpress 1663).

El proyecto Fénix se ha caracterizado por la conflictividad de la región, cuyas comunidades han enfrentado violentos desalojos ( Inforpress 1667). Pero más recientemente, diferencias entre líderes de la Iglesia Católica han puesto de nuevo el tema en la palestra. Al parecer, al grupo de sacerdotes de la Orden Claretiana que ha estado en el municipio durante los últimos 40 años les fue solicitada la parroquia por parte de monseñor Gabriel Peñate , Obispo de la Diócesis de Izabal.

La ambientalista Magalí Rey Rosa, en su columna de Prensa Libre (19/10/07), lanza la pregunta sobre si esto tendría relación con la oposición que los sacerdotes claretianos han mostrado frente al tema minero y el «descontento por lo que está pasando en relación con la minería de níquel. Hay desconcierto por las oraciones que un sacerdote –muy conocido– ha elevado públicamente por las operaciones de la empresa minera CGN, que inicia sus labores de explotación .» Aunque Rey Rosa no cita el nombre de esta persona, la referencia apunta a una actividad religiosa que el sacerdote Daniel Vogt realizara en un evento de la minera.

De acuerdo con Eloyda Mejía , directiva de la Asociación Amigos del Lago, «existe un servilismo total» de parte de todas las instancias de gobierno, tanto local como nacional hacia el proyecto y respecto a la Iglesia Católica considera que es «un tema muy delicado» porque los sacerdotes claretianos que han acompañado a las comunidades en procesos de diálogo y denuncias han sido llamados a retirarse del municipio.

Pese a estas opiniones la Iglesia Católica ha fijado su postura en una Carta Pastoral en la que manifiesta su comprensión por la « pena y tristeza» que la decisión de pedir el retiro de los padres Claretianos de la parroquia, pero al mismo tiempo deja en pie la petición, misma que según la carta se hará efectiva el 19 de noviembre de 2007.

En este documento no se hace referencia alguna al proyecto minero y las razones de la petición se hacen con base en el ofrecimiento de mejor atención espiritual mediante padres diocesanos guatemaltecos en mayor cantidad.

Daniel Vogt, quien es director de la Asociación Estoreña Para el Desarrollo Integral ( AEPDI ) y responsable de la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Izabal, declaró a Inforpress que « existe mucha confusión y desinformación en este tema». Agregó que la oración que ofreció en el citado acto no fue parte de un programa y que le fue solicitada espontáneamente. Pero reconoce el impacto que en las comunidades pudo haber tenido.

Señaló además que el tema de la parroquia no tiene que ver con el proyecto minero y que será el Obispo Peñate el encargado de pronunciarse. Añadió que el conflicto con las comunidades persistirá en tanto el Estado y la empresa no se enfoquen en desarrollar una estrategia que aborde el problema de las licencias, pues se otorgan en terrenos que no son propiedad de la empresa, lo cual es una debilidad.

Según Yuri Melini «me atrevería a decir que todo esto es una estrategia de la Iglesia Católica de poner en el municipio a un actor político menos confrontativo que los claretianos», en referencia a la llegada de Vogt , a quien Melini considera un interlocutor «menos radical en el tema minero».

Curiosamente, la llegada de los padres Claretianos a El Estor a finales de los años 60, correspondió a una decisión del gobierno de Estados Unidos de que la empresa EXMIBAL contara con el apoyo de la iglesia.


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