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Vida y familia
Por Carlos Mejía - Guatemala, 8 de febrero de 2018

Les agradeceremos sus opiniones o sugerencias, sobre lo siguiente:

Iniciativa de Ley No. 5272 que dispone aprobar Ley para la Protección de la Vida y la Familia, presentada por los diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, entre otros.

· El 27 de abril del 2017, La conoció el Pleno del Congreso de la República y la trasladó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

· El 18 de octubre de 2017, la Comisión emitió Dictamen Favorable y fue firmada por los diputados Cornelio Gonzalo García García, Ronald Estuardo Arango Ordoñez, Juan Ramón Lau Quan, Fernando Linares Beltranena, Juan José Porras Castillo, Juan Manuel Días Durán Méndez y Erwin Enrique Álvarez Domínguez.

· Aun no ha sido aprobado en primer debate, segundo debate y en consecuencia en Tercer debate.

El objetivo de la iniciativa: Hacer garantizar y proteger la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Es deber del Estado garantizar la protección social, económica y jurídica de la familia y promover su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Cumplir con los diversos organismos internacionales al haber ratificado convenios y declaraciones entre las cuales se pueden mencionar: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre los derechos del niño, convenio para la prevención de todas las formas de discriminación contra la mujer, pacto Internacional de derechos civiles y políticos, y la convención Americana sobre derechos humanos, que protegen la vida, la integridad y los derechos fundamentales de las personas.

Contenido de la iniciativa:

1. Tiene por objeto la protección del derecho a la vida, la familia y la educación de los niños, niñas adolescentes y jóvenes.

2. Se entenderá por familia, el grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros; y en particular de los niños y de las niñas, deben recibir la protección y asistencia necesaria para sumir plenamente sus responsabilidades.

3. Quien de propósito causare un aborto, será sancionado con prisión de diez a quince años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Si se hubiere empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de quince a veinticinco años de prisión.

4. Si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas, resultare la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de cinco a diez años. Si se tratare de aborto o maniobra abortivos efectuados sin consentimiento de la mujer y sobreviniere la muerte de ésta, el responsable será sancionado con prisión de diez a veinticinco años.

5. Quien por actos de violencia ocasionare el aborto, sin propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión de cinco a doce años. Si los actos de violencia consistieren en lesiones a las que corresponda mayor sanción, se aplicará esta aumentada en una tercera parte.

6. El médico que, abusando de su profesión causare el aborto o cooperare en él, será sancionado con las penas de quince a veinticinco años, con multa de cincuenta mil a doscientos mil quetzales. Iguales sanciones se aplicarán, en su caso, a los practicantes o personas con título sanitario, sin prejuicio de lo relativo al concurso de delitos.

7. Cuando ocurriere la muerte natural o provocada del feto en el vientre materno y que sea considerado mortinato, el médico que atienda el caso, estará siempre en el deber de rendir un informe de mortinato el que deberá ser remitido de oficio al Registro Nacional de las personas, para su inscripción en el registro de mortinatos, el cual deberá cumplirse en un plazo de sesenta días.

8. Todos los niños y niñas tienen derecho a una familia, bajo la custodia y responsabilidad de una madre y/o padre, o en su caso de sus tutores. A falta de padre y/o madre del menor o tutor, el Estado deberá otorgar su cuidado y protección a una madre y/o padre adoptivo/a.

9. Los padres, y en su caso los tutores, tienen siempre el derecho preferente de escoger el tipo de educación de sus hijos, correspondiente a la evidencia científica, en aras de proporcionar el mejor desarrollo de aptitudes intelectuales y físicas de las personas. Ninguna persona o entidad pública o privada podrá interferir, limitar o restringir el ejercicio de este derecho de los padres.

10. Derogan todas las disposiciones legales que contradigan las disposiciones legales.

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