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Reformas a Ley de Reconciliación
Por Carlos Mejía - Guatemala, 20 de febrero de 2018

5377 Iniciativa de Ley que dispone aprobar reformas al Decreto Número 145-96 del Congreso de la República, Ley de Reconciliación Nacional, propuesta por los diputados: Fernando Linares Beltranena, Jaime José Regalado Oliva, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, Claude Harmeling, Boris España, Armando Melgar, Javier Hernández Franco, Delia Emilda Bac Alvarado, Manuel Conde, Javier Hernández Ovalle, Julio Lainfiesta, José Ubico.

· El 25 de enero de 2018, fue conocida por el Pleno del Congreso de la República y enviada a las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y Derechos Humanos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Para lograr la paz y reconciliación es necesaria una amnistía para los que participaron en un conflicto, fue la razón por la que la Conferencia Diplomática, que aprobó el Protocolo II de los Convenios de Ginebra, contempló el otorgamiento de las más amplia amnistía.

Nadie suscribe un Acuerdo de Paz provenientes de conflictos armados, si no contemplan la amnistía que permita la extinción de la responsabilidad penal por delitos cometidos en el marco del conflicto, salvo rendición total como en la segunda guerra mundial. No es realista creer que un contendiente firma la paz y luego acepte ser procesado y encarcelado.

Hay 71 militares detenidos y un guerrillero, lo que alimenta la teoría de un acoso judicial, a una parte del conflicto, los militares. La cantidad de denuncias es mucho mayor contra las fuerzas del Estado , las que defendieron el Estado y su Constitución, totalmente desproporcionado a lo que se vivió, lo que refleja que solo el Estado respeta la paz, pero para otros sectores pro insurgentes no respetan los Acuerdos de Paz y se han buscado efectos judiciales, invocando la justicia transicional y en la búsqueda de resarcimiento que deberán ser pagados por el Estado con los impuestos de los contribuyentes.

Es necesario reafirmar la vigencia y alcance de lo amnistía acordada en los Acuerdos de Paz para darle certeza jurídica a lo acordado en las negociaciones, lo que permitió poner fin al enfrentamiento armado. Esta certeza jurídica consolidará la paz y se podrá emprender renovadas acciones de reconciliación, reparación y no repetición, por lo que se hace necesaria la reforma.

El contenido de la iniciativa de ley tiene 7 artículos.

1. La presente ley en su totalidad es un instrumento básico para la reconciliación nacional y en consecuencia, el conjunto de sus disposiciones servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, respetando el principio de la irretroactividad de la ley y el principio de legalidad como derechos humanos e individuales, así como los derechos adquiridos por las amnistías decretadas con anterioridad y del debido proceso.

2. Se derogan los artículos 2,4 y 8 Ley de reconciliación nacional que regulan la extinción total de la responsabilidad penal por los delitos cometidos en el enfrentamiento, de los delitos comunes conexos citados, y la no aplicación de la ley a varios delitos mencionados.

3. Se declara la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores, las personas que pertenecieron a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), así como las autoridades del Estado, miembros de sus instituciones o cualquiera otra fuerza establecida por ley, perpetrados con los fines de prevenir, impedir, perseguir o reprimir las acciones de la URNG o sus unidades integrantes, amnistía que se extiende a todos los delitos tipificados en el código penal y otros cuerpos legales vigentes al 27 de diciembre de 1996.

Los delitos cuya responsabilidad penal se declaran extinguida en este artículo se conceptúan de naturaleza política y la autoridad judicial declarará el sobreseimiento definitivo sin más trámite. Ninguna persona que haya participado en el enfrentamiento armado interno, será objeto de medidas de coerción o persecución penal.

4. La extinción de la responsabilidad penal que se decreta en la presente ley, opera de pleno derecho, respecto de todos y frente a todos.

5. Se ratifica la amnistía decretada por la extinción de la responsabilidad penal en los artículo citados de la Ley de Reconciliación Nacional y, en consecuencia a toda persona que haya sido juzgada y se encuentre en cumplimiento de condena o se encuentre en proceso penal y se le decretaron medidas de coerción, tales como auto de procesamiento , prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conducción y aprehensión por delitos enmarcados en dicha ley, se le deberá decretar la amnistía y el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas. Las autoridad judicial, ministerial, policial o penitenciaria que no diere cumplimiento a la presente norma incurrirá en los delitos de Retardo Malicioso, Denegación de Justicia y Detención Ilegal.

6. Se reitera la plena vigencia y aplicación general de la Ley de Reconciliación Nacional a partir del 27 de diciembre de 1996, con las modificaciones de la presente ley y que la extinción de responsabilidad penal concedida, da plenos derechos de amnistía.

7. Entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

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