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Seguro de Desempleo
Por Carlos Mejía - Guatemala, 25 de abril de 2018

Necesitamos saber su opinión, sobre la siguiente iniciativa: de antemano muchísimas gracias.

4036 Iniciativa que dispone aprobar Ley Reguladora del Programa Nacional del Seguro de Desempleo y Fomento del Empleo, presentada por el diputado Oscar Armando Quintanilla Villegas.

· El 18 de agosto de 2009, fue conocida por el Pleno del Congreso de la República y enviada a la Comisión de Trabajo y de Finanzas Públicas y Moneda, para su estudio y dictamen conjunto correspondiente.

· El 10 de julio de 2010, la Comisión de Trabajo del Congreso de la República emite dictamen favorable y es firmado por los diputados Sonia Argentina Segura Varsoly, Leonardo Camey Curup, Domingo Solís Icó, Hugo René Hemmerling González, Daniel Humberto Caballeros, Delia Emilda Back de Monte, cuatro diputados no firmaron.

· La comisión de Finanzas Públicas y Moneda, no emitió el dictamen correspondiente.

· El dictamen favorable emitido, aún está pendiente de su aprobación por el Pleno en su primer debate.

Consideraciones sobre la iniciativa:

El Código de Trabajo tiene más de sesenta años de haberse promulgado, en la actualidad hay mucho desempleo, lo cual afecta la subsistencia familiar, ya que cada día se incrementa el alto costo de la vida de los guatemaltecos en general. El desempleo es producto de problemas causados por el propio Estado, por las políticas económicas, laborales, sociales y de capacitación que debe impulsar, aunado a los altos precios del petróleo y otras factores que encarecen la canasta básica y los servicios que todos tenemos derecho. El Estado debe de asumir su responsabilidad mediante la inversión de los recursos necesarios para evitar consecuencias futuras desastrosas para las finanzas públicas y el equilibrio social.

En varios países en los que ya está vigente el seguro de desempleo, en los que en unos casos está su financiamiento a cargo de los trabajadores, en otros a cargo de los empleadores y en otros tripartitamente financiado por los trabajadores, por los empleadores y por el Estado, y en estos últimos se ha comprobado su viabilidad y sus incalculables beneficios económicos y sociales, lo que se constituye en política pública por demás progresista y necesaria, puesto que viene a solventar de manera oportuna un apoyo de sobrevivencia para ese enorme número de desempleados que existen en estos momentos en toda la República. Sin trabajo son nulos los derechos laborales y los de seguridad social. El seguro del desempleo funciona en México, España, Francia, Italia, Brasil, Colombia, Argentina, Alemania y Perú.

En Guatemala se hace necesario la promulgación de una ley especial, que permita a los ciudadanos guatemaltecos mayores de dieciocho años que se hayan quedado sin empleo, por causas no imputables a ellos, acceder a una cantidad mensual adecuada que les permita la subsistencia tanto para ellos como para sus familias, mientras consigan otro empleo acorde a sus capacidades, con el apoyo y supervisión del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

La iniciativa de Ley tiene 23 artículos, con lo cual se pretende:

1. La creación del Programa Nacional del seguro de desempleo y fomento del empleo, para todos aquellos guatemaltecos mayores de 18 años que carezcan de empleo por causas no imputables a ellos, tanto para trabajadores del sector privado como del sector estatal.

2. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a todos los trabajadores cuyas relaciones de trabajo se regulen por lo establecido en los artículos 108 y 111 de la Constitución, 4 del Decreto 1748 y a los contemplados en el artículo 2 del Código de Trabajo.

3. Para tener derecho a las prestaciones por desempleo, los trabajadores deberán llenar los siguientes requisitos:

a) Encontrarse en situación de desempleo y estar dispuesto y disponible para ocupar un empleo acorde a sus capacidades;

b) Haber cotizado al Fondo del Programa Nacional de Seguro del desempleo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante los tres años anteriores al cese de la relación laboral que dio lugar a la situación de desempleo;

c) No estar percibiendo ningún tipo de beneficios, intereses o prestaciones de cualquier naturaleza que fuere, para lo cual se deberá solicitar los informes que se consideren oportunos;

d) Hacer la solicitud de la prestación al Programa, en los plazos y formas que correspondan.

4. Se entenderá que están en situación legal de desempleo, los trabajadores que hayan sido despedidos sin causa justificada, de las comprendidas en el artículo 77 del Código de Trabajo o 76 del Decreto 1748 y aquellos que soliciten la rescisión de sus contratos de trabajo por causas imputables al patrono.

5. La solicitud del pago de la prestación deberá presentarse al Programa del Seguro de Desempleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro del plazo de treinta días contados a partir de la terminación del contrato de trabajo.

6. Para percibir efectivamente la prestación, deberá de transcurrir un plazo de treinta días, para los efectos del trámite correspondiente en el programa indicado, con efecto retroactivo al cese efectivo de la relación laboral.

7. El monto de la prestación, será el equivalente al sesenta por ciento del promedio de sus salarios, de conformidad a los datos obtenidos por su contribución al programa en los últimos doce meses. La prestación mensual deberá tener una cantidad mínima y una máxima, de conformidad con lo establecido en el reglamento de la presente ley, pero nunca podrá ser inferior al salario mínimo decretado anualmente por el Gobierno de la República.

Si el trabajador, por razón de accidente, enfermedad o embarazo quedara sin trabajo, se incluirán los salarios percibidos antes de acaecer estos hechos.

Todo trabajador que resulte beneficiado con el programa del seguro del desempleo, deberá recibir su pago cada mes, siempre y cuando acredite haber estado buscando trabajo activamente, lo que será evaluado técnicamente por el programa indicado.

8. Los patronos quedan obligados a:

a) Efectuar aportaciones mensuales al fondo del programa del 4% sobre el salario de cada trabajador, así como retener y enterar las aportaciones de los trabajadores al fondo del programa, por el 1% de su salario, debiendo ser únicamente por el salario base percibido. Las aportaciones deberán ser controladas por el programa en una cuenta privativa que para el efecto se lleve, para posteriormente ser trasladadas a los beneficiarios en cuentas individuales abiertas para el efecto en uno de los bancos del sistema.

b) Proporcionar a las autoridades del programa y a todas aquellas a las que por ley deban de hacerlo, cualquier dato o información que se le solicite, la que deberá quedar plasmada en el reglamento de la ley.

9. Los beneficiarios quedan obligados a:

a) Proporcionar al Programa todos aquellos documentos que se les soliciten, especialmente los que reglamentariamente deban de presentar, así como dar aviso inmediato de cualquier cambio de domicilio o residencia;

b) Aceptar los empleos adecuados que le sean ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social por conducto de la Dirección correspondiente y asistir a las capacitaciones que le sean requeridas;

c) Estar dispuesto a someterse a todos los controles reglamentarios que el Programa establezca;

d) Dar aviso al Programa del inicio de una nueva relación laboral, inmediatamente que ésta se efectúe, para los efectos correspondientes;

e) De ser necesario, reintegrar los montos percibidos por la prestación, si por cualquier motivo hubiere que hacerlo al haber recibido cantidades indebidamente.

10. Las prestaciones se suspenderán en los siguientes casos, cuando los beneficiarios:

a) No asistan a una citación del Programa, sin causa justificada;

b) Incumpla con las obligaciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo anterior.

c) Sea condenado a penas de arresto mayor o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoriada;

d) Celebre un contrato de trabajo por cualquier tiempo que se establezca; no obstante, en este caso, cuando se refieran a plazos muy cortos, la prestación podrá reanudarse al finalizar el plazo del contrato y siempre y cuando no haya conseguido el beneficiario otro trabajo.

11. El derecho a la prestación se extinguirá, cuando el beneficiario esté comprendido en uno de los siguientes casos:

a) Por terminar el periodo de duración de las prestaciones que le hayan correspondido;

b) Por haber obtenido beneficios derivados de las prestaciones distintas a las del programa;

c) Por haber celebrado contrato de trabajo por cualquier tiempo que fuere;

d) Por haber obtenido los beneficios del programa mediante actos o declaraciones fraudulentas o engañosas;

e) Por incumplir con las obligaciones a que se comprometió y que están contempladas en los incisos c) y d) del artículo anterior.

f) Por no haber declarado recibir una indemnización derivada de su relación laboral anterior; y

g) Por negarse a aceptar los empleos adecuados que le hayan sido ofrecidos.

12. Las normas legales aplicables al beneficio del Programa en el caso de la suspensión, la reanudación o la extinción del derecho con relación a las prestaciones de desempleo, podrán ser impugnadas administrativa o judicialmente ante las autoridades correspondientes y de conformidad con las leyes que rigen la materia.

13. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como ente rector del Programa deberá solicitar anualmente la asignación presupuestaria correspondiente para el pago efectivo y puntual de las prestaciones, la cual deberá ser incluida en el Presupuesto general de la nación.

14. La reglamentación correspondiente deberá ser emitida por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

15. El Gobierno de la República deberá aportar para los efectos del pago del beneficio correspondiente, un 5% del salario base de cada trabajador beneficiado, tomando como mínimo el salario mínimo decretado anualmente. Dicha aportación deberá depositarse mensualmente en una cuenta privativa del Programa para que con el aporte del patrono y del trabajador se pueda efectuar el pago correspondiente.

16. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá elaborar los programas necesarios para el fomento del empleo que deberán incluir acciones para capacitar, formar, calificar, perfeccionar y especializar a los trabajadores desempleados con el fin de crear empleo productivo y reinsertar ocupacionalmente a los trabajadores desempleados, debiéndole dar prioridad a la juventud guatemalteca.

17. Se crea el Programa del Seguro de Desempleo y para el Fomento del Empleo, como dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que será el encargado de la aplicación de la presente ley y por ende de la administración de la misma y será la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social la dependencia responsable de administrar el Programa, cuyas funciones y atribuciones sustantivas se regularán en el reglamento de la presente ley.

18. El Programa de Seguro de Desempleo y Fomento del Empleo, será supervisado por un Consejo que será instalado por el Presidente de la República y estará integrado por cinco miembros, así: El Ministro de Trabajo y Previsión Social, quien lo presidirá, El Viceministro de Trabajo y Previsión Social encargado del área Previsional, El Director de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y dos representantes de Organizaciones no Gubernamentales, propuestos por las organizaciones más representativas de la materia.

19. El incumplimiento de las obligaciones por parte de los patrones, a que se refiere la presente ley, será sancionado con una multa de nueve salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que incurra, de cualquier naturaleza que fuere.

20. Los beneficiarios del Seguro de Desempleo también podrán acceder, si tuvieren derecho, a las prestaciones del IGSS por haber contribuido al Programa , en los casos que la presente ley regula.

21. El Programa deberá coordinar con el Fondo para la Vivienda FOPAVI, con el INTECAP, y con el Instituto Nacional para el Desarrollo Rural y la Competitividad INDERCOMI y con otras entidades similares, a las que podrá efectuarles asignaciones ordinarias y extraordinarias anuales con los fondos propios de Estado, así como con las instituciones públicas, autónomas, semi autónomas o descentralizadas, para la atención a las personas beneficiarias a fin de lograr incluirlas en sus proyectos de vivienda, de capacitación u otras de beneficio social.

22. El Presidente de la República por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá emitir, durante un plazo no mayor de treinta días de publicarse esta ley, el reglamento correspondiente.

23. Entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

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