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¿Qué opina de la siguiente iniciativa?: Aceptación de cargos
Por Carlos Enrique Mejía Paz - Guatemala, 3 de mayo de 2018

5132 Iniciativa que dispone aprobar Ley para la aceptación de cargos, presentada por el diputado Oliverio García Rodas.

· El 9 de agosto de 2016, fue leída en el Pleno del Congreso de la República, dispensada de dictamen y aprobada en primer debate.

· El 2 de mayo de 2018, está prevista su aprobación en segundo debate.

El concepto de justicia premial hace referencia al uso de beneficios y castigos con diversos fines, entre los cuales se encuentran los de estimular la admisión de los hechos, delación y terminación temprana del proceso. Esta forma de justicia considera que es posible que a través de tales prácticas se llegue a un acuerdo que permita evitar desgaste al sistema de justicia, definiéndose anticipadamente la responsabilidad penal.

La finalidad es abreviar los tiempos del proceso, mediante formas de definición anticipada en base al consenso, a las que se llegue a través de la aplicación de mecanismos procesales predeterminados; y su objetivo político criminal es la racionalización de las causas a tramitarse mediante procesos comunes de extensión lineal.

Permite la conclusión consensuada del proceso penal mediando el respeto del principio de legalidad, consenso conclusivo que es producto de una negociación entre el fiscal y la defensa, basada en reciprocas concesiones y se ve auspiciada por las consecuencias premiales que la ley acuerda, como son la aplicación del beneficio de reducción de pena por confesión sincera y de modo adicional acumulativo a la aplicación del beneficio de reducción de pena en una sexta parte, por el solo hecho de acogerse a la terminación anticipada.

La aceptación de cargos es una modalidad de terminación abreviada que consiste en el reconocimiento libre, consciente y espontaneo de haber participado en alguna forma o grado en la ejecución de la conducta punible motivo de investigación.

La figura premia al procesado que mediante la manifestación libre, consciente, voluntaria, debidamente informada y asistido por un abogado defensor, acepta sin ningún condicionamiento la responsabilidad penal en el comportamiento de trascendencia social y jurídica atribuido por la fiscalía, al permitirle al Estado ahorrar esfuerzo y recursos en su investigación y juzgamiento.

Lo que se busca es evitar el desgaste innecesario de la administración de justicia para el logro de su mayor eficiencia, en casos donde el problema jurídico probatorio puede resolverse a través del consenso.

Crea mejores condiciones para la resocialización del sentenciado, pues su participación en la construcción consensuada de su condena, partiendo de su reconocimiento voluntario de culpabilidad, es favorable para la generación de una predisposición psicológica a su reinserción social.

Contribuye como medida efectiva para el deshacinamiento del sistema penitenciario, tomando en cuenta que el mayor porcentaje de la población privada de libertad, es la que se encuentra en prisión preventiva, a la espera de solventar su situación jurídica.

La iniciativa responde al marco general conceptual y a los lineamientos de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, la cual contempla el eje de reinserción social que el Estado de Guatemala deberá articular esfuerzos orientados a disminuir el hacinamiento carcelario, mejorar las condiciones de reclusión, generar mecanismos que posibiliten el cumplimiento del fin re socializador y rehabilitador de la sanción y políticas para el retorno al contexto social.

El código Procesal guatemalteco no contempla la figura de aceptación de cargos como parte de la justicia premial, situación que es lamentable debido a la existencia de un alto índice de personas ligadas a proceso que se encuentran en espera de debate oral y público por falta de posibilidad de optar a un mecanismo eficaz de celeridad al proceso, ya que el procedimiento abreviado se encuentra limitado a delitos de bagatela o de poca trascendencia.

Esta iniciativa de ley tiene 19 artículos, y constituye un llamado a la reflexión para que se asuma con seriedad el problema de saturación de los sistemas de justicia y penitenciario, ya que de la manera en que se desarrollan en la actualidad, inevitablemente, en poco tiempo llegarían al colapso. La iniciativa de ley pretende:

1. Contribuir a obtener la aplicación de justicia pronta y cumplida, como una forma que permita alcanzar soluciones en los conflictos sociales generados por el delito, y propiciar la reparación integral de los daños y agravios ocasionados por el delito, los imputados o acusados podrán aceptar los cargos que les formule el Ministerio Público.

2. Los imputados o acusados tienen derecho a renunciar al juicio oral y público y a las garantías de no autoincriminación, siempre y cuando lo hagan con la asesoría de un abogado defensor, de manera libre, consciente, voluntaria y debidamente informada.

3. Los imputados o acusados podrán aceptar los cargos atribuidos por el Ministerio Público y a cambio obtener rebajas en las penas, por una única ocasión en el respectivo proceso, desde cuando el Ministerio Público haya formulado la imputación conforme el artículo 82 del Código Procesal Penal, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate según lo establecido en el artículo 375 del Código Procesal Penal.

Si el Procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en la mitad.

Si lo hace después de la audiencia de primera declaración y hasta que se profiera resolución que admita la acusación, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una tercer parte.

Si lo hace después de la apertura del juicio, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una quinta parte.

4. Para los efectos de la aceptación de cargos antes que la acusación sea admitida por el juez contralor, la imputación hecha por el Ministerio Público en la audiencia de la primera declaración, o sus posteriores reformas, harán las veces de acusación.

5. Cuando la imputación o acusación contemple varios cargos, el imputado o acusado podrá aceptar unos y rechazar otros, para que en cada caso se otorgue el trámite correspondiente. Con respecto a los cargos aceptados, el juez o tribunal respectivo darán el curso procesal pertinente; dentro de los rechazados, el caso seguirá el procedimiento común.

6. Trámite de la aceptación de cargos:

a) Si el imputado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración, concluida la misma, el juez contralor suspenderá el trámite común del proceso en lo atinente con los cargos aceptados, y seguidamente, verificará las condiciones de la aceptación.

b) A solicitud del imputado, durante la audiencia de primera declaración, después de presentada la imputación, el juez podrá disponer receso por tiempo prudente de máximo una hora, para que el defensor asesore al imputado acerca de la viabilidad de la aceptación de los cargos.

c) Concluida la audiencia de primera declaración, mientras el proceso se encuentre bajo la dirección del juez contralor, el imputado, por cualquier medio, podrá informar que acepte los cargos atribuidos por el Ministerio Público; inmediatamente el juez citará a audiencia, donde verificará las condiciones de la aceptación.

d) Si el imputado acepta los cargos durante la audiencia intermedia, inmediatamente el juez contralor suspenderá el trámite en lo atinente con los cargos aceptados y verificará las condiciones de la aceptación de cargos.

e) Desde cuando la acusación es remitida al juez o tribunal de sentencia hasta antes de iniciar la recepción de pruebas en la audiencia de debate, el acusado podrá informar que acepta los cargos de la acusación, ante lo cual se suspenderá el proceso regular en lo atinente con los cargos aceptados, y en audiencia el mismo juez o tribunal de sentencia verificará las condiciones de la aceptación.

f) Respecto de los cargos no aceptados, el proceso seguirá su curso ordinario.

g) En todos los casos, la sentencia será dictada por el juez o tribunal que tenga a cargo el proceso.

7. Cuando haya discrepancia entre el procesado y su defensor respecto a si acepta o no los cargos, salvando las garantías judiciales del primero, prevalecerá su decisión, de eso quedará constancia expresa ante el juez o tribunal que emita la sentencia.

8. La aceptación de cargos implica necesariamente la admisión de los hechos por parte del imputado o acusado ante el juez o tribunal de sentencia, en los términos de la atribución fáctica y jurídica hecha por el Ministerio Público en la imputación o acusación.

9. Si el imputado o acusado aceptare la imputación o acusación hecha por el Ministerio Público, congruente con ella deberá admitir los hechos correspondientes ante el juez o tribunal de sentencia, quien verificará si esta decisión es honesta, sincera, libre, consciente, voluntaria, suficientemente informad y asesorada por la defensa técnica, y en todo caso, que no esté afectada por vicios del consentimiento.

10. El procesado tendrá derecho a retractarse o desistir de la aceptación de cargos hasta antes que el juez o tribunal dicte sentencia, luego de verificar que se trate de una decisión honesta, sincera, libre, consciente, voluntaria, suficientemente informada y asesorada por la defensa técnica. Si el imputado o acusado se retracta oportunamente, podrá aceptar los cargos durante el proceso, pero no será beneficiado con rebajas de penas.

11. Verificado por el juez o tribunal de sentencia que la aceptación de los cargos se dio sin vicios del consentimiento, que es una decisión honesta, sincera, libre, consciente, voluntaria, suficientemente informada y asesorada por la defensa técnica, aprobará dicho acto y enseguida, o en el término máximo de tres días, en congruencia con los cargos imputados y aceptados, emitirá la correspondiente sentencia condenatoria, desde el instante en que el juez o tribunal emitan sentencia, es inadmisible la retractación.

12. Si en la aceptación de cargos el juez advierte fraude, vicio del consentimiento, coacción o cualquier otro desconocimiento de garantías fundamentales, la rechazará; de inmediato el proceso retornará al curso común, en la etapa en que se encuentre. Si el proceso sufrió división procesal, podrá integrarse de nuevo a la causa principal siempre que se encuentre dentro de la misma etapa o fase, no se disminuyan o afecten garantías procesales y a criterio del juez o tribunal, la acumulación no implica dilaciones injustificadas en la tramitación de los casos; de lo contrario, se mantendrá la división.

Si el juez o tribunal de sentencia advierte que el imputado o acusado no ha comprendido suficientemente algún aspecto de la aceptación de cargos, previo a decidir sobre el rechazo o l aceptación, podrá solicitar a la defensa que haga las explicaciones y aclaraciones respectivas.

13. La rebaja de penas por aceptación de cargos lleva implícito el compromiso de que en el evento de ser requerido por el Ministerio Público, el procesado declarará como testigo en anticipo de prueba, en los casos seguidos contra quienes hayan participado en la comisión de los delitos aceptados. Dicha declaración deberá prestarla dentro de los cinco días siguientes en que quede en firme la sentencia.

El incumplimiento de esa condición conllevará la perdida de la rebaja de penas, circunstancias que, por solicitud del Ministerio Público, deberá resolver el juez de ejecución respectivo, dentro de un trámite incidental.

14. La rebaja de penas por aceptación de cargos procederá cuando el imputado o acusado haya indemnizado como mínimo el 50% del daño causado a sus víctimas y/o agraviados, y asegurado el pago del remanente.

15. En los delitos en los cuales el sujeto activo obtuviere un beneficio para sí mismo o para un tercero como resultado de la acción delictiva, no podrá rebajarse pena por aceptación de cargos mientras no se haya reintegrado o pagado a las víctimas y/o agraviados como mínimo el 50% del valor equivalente al incremento económico percibido, y asegurado el pago o recaudo del remanente.

Todo incremento patrimonial consecuencia de la comisión de un delito, salvo derechos de las víctimas, se entenderá constitutivo de agravio público a favor del Estado.

16. El monto del daño o agravio se determinará en el siguiente orden: 1) según la suma estimatoria fijada por las víctimas y/o agraviados en la denuncia, su ampliación, o en cualquier acto procesal posterior, aceptado por el imputado o acusado; 2) la cuantía considerada por el Ministerio Público en la imputación o acusación, aceptada por el imputado o acusado; 3) mediante acto conciliatorio celebrado bajo dirección del juez o tribunal de sentencia; 4) en defecto del consenso, el juez o tribunal de sentencia fijará la indemnización conforme las constancias procesales, teniendo en cuenta la naturaleza del delito y el daño ocasionado, pudiendo auxiliarse de peritos si lo estima necesario.

17. Contra la sentencia proferida sobre la base de la aceptación de cargos procede el recurso de apelación, pero las partes, solo tienen interés para recurrir lo relativo con las garantías procesales, las penas, la libertad o si el juez resuelve de manera diferente a lo acordado. No procede recurso de casación.

18. Transitorio. Principio de favorabilidad. De acuerdo con el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el procedimiento de aceptación de cargos se aplicará a solicitud del imputado o acusado en los casos que a la vigencia de la presente ley se encuentren en trámite, teniendo en consideración las fases respectivas para las rebajas de pena.

19. Entrará en vigencia dos meses después de su publicación en el Diario Oficial.

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