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21 de junio día nacional de los desaparecidos
Por Carlos Enrique Mejía Paz - Guatemala, 21 de junio de 2018

3590 Iniciativa que dispone aprobar Ley de la Comisión de Búsqueda de Personas, Víctimas de la Desaparición Forzada y otras formas de Desaparición, propuesta por los diputados: Víctor Manuel Sales Ortiz Y Mirna Frinee Ponce Broocke de Samayoa.

· El 14-12-20006 fue presentada a Dirección Legislativa del Congreso de la República.

· El 18-1-2007, fue conocida por el Pleno del Congreso y enviada a las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda; y a la de Legislación y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

· El 22-3-2011, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, emite el Dictamen Favorable y es firmado por los diputados: Oliverio García Rodas, César Augusto del Águila López, Rodolfo Aníbal García Hernández, Rosa María Ángel Madrid de Frade, Jorge Mario Barrios Falla, Francisco José Contreras Contreras, Ronnie Danilo Escobar, José Alberto Gándara Torrebiarte, Otilia Lux de Cotti, y Héctor Alfredo Nuila Ericastilla. 6 diputados no firmaron el dictamen.

· El 19-5-2011, el Dictamen fue entregado a Dirección Legislativa para su trámite correspondiente.

· El 13-5-2014, el Dictamen Favorable es aprobado en Primer Debate, por el Pleno del Congreso de la República.

· El 4-2-2016, el Dictamen es aprobado en Segundo Debate, por el Pleno del Congreso de la República.

· Desde esa fecha a la actual, no ha tenido ningún movimiento, está pendiente de ser aprobado en tercer Debate, por artículos y redacción final.

La iniciativa de ley busca la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición, como un ente autónomo de carácter humanitario para el diseño, evaluación y ejecución de los planes de búsqueda de las personas víctimas de desaparición a través del estudio, documentación, sistematización, análisis, registro y seguimiento de los casos de desaparición forzada u otras formas de desaparición. Establece criterios mínimos para la realización del procedimiento de búsqueda de dichas personas desaparecidas durante los años de 1960 a 1996.

Tiene como fundamento legal el artículo dos y cuarenta y cuatro de la Constitución Política de la República de Guatemala, La Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada, la Carta de las Naciones Unidas, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales. Dos puntos resolutivos aprobados en el Congreso el 08-04 y el 19-04. Los Acuerdos de Paz.

La iniciativa de ley tiene 26 artículos.

1. El objeto de la presente ley, apegado al texto constitucional, la Ley Marco de los Acuerdos de Paz y de estos mismos, es regular y establecer las disposiciones dirigidas a determinar la verdad acerca de las circunstancias del tiempo, modo y lugar en las que se dieron las desapariciones forzadas y otras formas de desaparición ocurridas durante el conflicto armado interno y el paradero o destino de las víctimas.

2. Establece definiciones: a) Desaparición forzada: Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos, se considera delito de desaparición forzada, la privación de libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de desaparición forzada, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas.

b) Otras formas desaparición: i) La desaparición de una o más personas, cualquiera que fuere su forma cometida por los grupos insurgentes; y II) La desaparición de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, a causa de un combate armado, un operativo de las fuerzas de seguridad o los grupos insurgentes, en una zona de violencia generalizada o de control militar, o a raíz del desplazamiento de personas dentro de este contexto.

c) Víctima. Para los efectos de esta ley se entenderá como víctima a toda persona que haya sufrido daño, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de sus acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de sus derechos fundamentales. Se considera víctima así como a la familia, a la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.

d) Derecho a la verdad. El derecho a la verdad o a saber, es que la sociedad en su conjunto y cada uno de sus miembros tienen de conocer en forma segura y cierta los hechos de violaciones a los Derechos Humanos, ocurridos durante el Conflicto Armado interno, las circunstancias de tiempo, modo y lugar dentro de las cuales ellas se dieron, del paradero o localización de las víctimas y de los motivos que impulsaron a los autores, así como acerca de la identidad de los presuntos responsables de las violaciones a los Derechos Humanos. En lo que respecta a la desaparición forzada este derecho le asiste a las víctimas de conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la persona desaparecida.

e) Archivo. Para los efecto de ésta ley, se debe entender como archivo cualquier documento o colección de documentos, en formato escrito, fotográfico, audiovisual, informático u otro, incluyendo informes, base de datos, registros y expedientes en trámite.

3. Se crea la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de Desaparición en adelante la Comisión, que formará parte de la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República, como una institución autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio.

4. La Comisión tendrá la siguiente estructura: a) Directorio; b) Consejo Asesor; c) Secretaría Ejecutiva; y d) Departamentos.

5. Los nombramientos del Secretario/a Ejecutivo y jefes de departamento corresponden al Directorio de la Comisión de conformidad con lo estipulado en la presente ley.

6. El Personal de la Comisión estará sujeto a un manual de clasificación de puestos y salarios, en el que se determine como mínimo, la denominación, las funciones, los requisitos y el salario de cada puesto, el cual será aprobado por el directorio a propuesta de la Secretaría Ejecutiva. El Reglamento interno de la Comisión determinará las normas de funcionamiento de cada dependencia y las funciones, y responsabilidades del personal asignado a las mismas.

7. El Directorio se integra de la siguiente forma: a) El Presidente de la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos; b) El Secretario de la Paz; c) El Director del Archivo General de Centro América; d) Un representante de la Comisión Guatemalteca de Derecho Internacional Humanitario COGUADIH; e) Un representante del Consejo Nacional de Adopciones; f) Un representante del Ministerio de Gobernación; g) Tres representantes electos por el Congreso de la República de Guatemala a propuesta de organizaciones de víctimas sociales con pertinencia en el tema de personas desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno. Con las propuestas recibidas, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República elaborará una nómina de nueve candidatos que presentará al Pleno para que elija a tres.

Los integrantes del Directorio deberán ser de reconocida honorabilidad; trayectoria en la protección y Defensa de los Derechos Humanos; no haber ocupado cargos públicos en los Organismos del Estado durante el Conflicto Armado Interno; y, no haber sido señalado de cometer delitos de lesa humanidad.

Los integrantes del Directorio en pleno elegirán dentro de sus miembros por mayoría simple a la persona que presida la Comisión inmediatamente después de su instalación, el Presidente en caso de empate tendrá voto privilegiado.

8. La Comisión contará con un Consejo Asesor integrado por: a) Un representante de la Corte Suprema de Justicia; b) Un representante del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público; c) Un representante del Procurador de los Derechos Humanos; d) Un representante de la Procuraduría General de la Nación. Los miembros del Consejo Asesor podrán participar en las reuniones del Directorio con voz pero sin voto.

9. Se crea la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, en adelante la Secretaría, como el Órgano Ejecutor de las políticas y del proceso de búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición. Una vez integrado el Directorio éste nombrará a través de un mecanismo de oposición a la persona responsable de la Secretaría, quien ejercerá la representación legal de la comisión.

10. La Comisión para el cumplimiento de sus funciones sustantivas organizará los siguientes departamentos: a) Registro Nacional; b) Investigación; c) Comunicación y Divulgación; d) Jurídico; e) Aquellos necesarios para el cumplimiento de sus funciones que se determine en el reglamento. Los departamentos dependerán directamente de la Secretaría Ejecutiva, las funciones de cada uno de los departamentos serán establecidas en el reglamento correspondiente.

11. Para el cumplimiento de sus objetivos, esta comisión tendrá una duración de quince años a partir de la conformación de la misma.

12. Para ejercer sus funciones, la Comisión tendrá como ámbito de actuación todo el territorio nacional y podrá establecer, a través de los canales correspondientes, la colaboración necesaria para la búsqueda de personas desaparecidas fuera del territorio nacional.

13. La presente Comisión se regirá por los siguientes principios: a) La búsqueda de la verdad. Los procedimientos y mecanismos se desarrollarán con compromiso de establecer la verdad acerca de las circunstancias de las desapariciones forzadas y otras formas de desaparición, y el paradero o destino de las víctimas; b) Rescate del respeto a la dignidad de la víctima y sus familias. La atención integral de la problemática de la desaparición forzada y otras formas de desaparición se regirá por el pleno respeto a la dignidad de la víctima y sus familiares; c) Preservación de la memoria de la víctima. La Comisión respetará y dignificará la memoria de las víctimas; d) Respeto a la diversidad cultural: La actuación de la Comisión se guiará por el respeto a la diversidad cultural, lingüística y étnica de la nación guatemalteca, particularmente el de las víctimas; e) Actuación de oficio. La Comisión actuará en forma diligente, sin distinción de ningún tipo, ya sea a solicitud de parte o de oficio; y f) Falta de formalismo. Los procedimientos para recibir información y la solicitud de estudiar un caso de desaparición forzada y otras formas de desaparición carecerán de todo formalismo, pudiendo ser presentada en forma escrita o verbal, sin necesidad de auxilio profesional.

14. Son facultades de la comisión las siguientes: a) Conocer los hechos de desaparición forzada y otras formas de desaparición ocurridos entre 1960 y 1996; b) Solicitar en el marco del cumplimiento de su mandato de acceso a la información y/o a los archivos que la comisión considere relevantes a los Organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas, o semiautónomas, ya sean civiles o militares, estando estos obligados a atender y proporcionar sin demora aquello que les sea requerido, con observancia de lo prescrito en la Constitución Política de la República de Guatemala y leyes del país; c) Recibir información sobre víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición por parte de familiares, organizaciones, instituciones o cualquiera que tenga información al respecto; d) Promover el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad mediante mecanismos y procedimientos de búsqueda que tienen por objeto la determinación del paradero o destino de víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición; e) Promover el derecho de las víctimas y sus familias a una reparación integral mediante medidas de atención, que deben incluir, entre otras las siguientes: 1) Atención psico-social; 2) Asesoría legal; 3) Entrega de restos de las víctimas a sus familiares después de realizadas las investigaciones antropológicas-forenses respectivas, para que realicen las inhumaciones según sus propias creencias; 4) Preservación y dignificación de la memoria de las víctimas; y 5) Reencuentros familiares, cuando fuere posible. El ejercicio de estas facultades será siempre en coordinación con las instituciones estatales y no estatales pertinentes, y atendiendo a la particularidad de cada caso; f) Entablar las coordinaciones y convenios pertinentes con otras instituciones u organizaciones, para cumplir con sus objetivos; g) Requerir auxilio y colaboración de los funcionarios, autoridades o instituciones estatales, las cuales están obligadas a brindarla en forma pronta y efectiva; h) Solicitar acceso a la información de entidades privadas según los procedimientos legales correspondientes; i) Solicitar la adopción de medidas de protección urgentes para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas involucradas en los procesos de búsqueda; j) Solicitar asesoría técnica al Comité Internacional de la Cruz Roja, en la materia que se considere pertinente en el cumplimiento del objeto de la presente ley; k) Solicitar la colaboración de otras Estados u organismos internacionales, así como la de entidades o personas relacionadas con el tema de la desaparición forzada y otras formas de desaparición; l) Las demás facultades establecidas en el reglamento respectivo.

15. Las funciones principales de esta comisión son: a) Elaborar, ejecutar y evaluar los planes de búsqueda, que incluya el estudio, la documentación, la sistematización, análisis, el registro y el seguimiento, de casos de personas víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición, así como promover medidas de atención integral en beneficio de las víctimas y sus familiares teniendo como base los estándares internacionales aplicables; b) Establecer mecanismos y procedimientos de búsqueda para determinar el paradero o el destino de víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de desaparición. Estos mecanismos podrían incluir, entre otros, el acompañamiento a los procesos de exhumaciones que se desarrollen, a efecto de informarse y coordinar la identificación de las víctimas con el Ministerio Público; c) Diseñar y administrar un Registro Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de Desaparición, el cual cumplirá con los estándares internacionales pertinentes; y d) Elaborar informes de casos e informes anuales, que contengan los resultados de los mecanismos y procedimientos de búsqueda de las victimas de desaparición y las recomendaciones pertinentes, los cuales serán difundidos a nivel nacional y en forma periódica.

16. Los mecanismos y procedimientos de búsqueda tienen por objeto la averiguación del paradero o determinación del destino de la persona víctima por desaparición forzada y la verdad sobre cómo se produjeron los hechos. Estos mecanismos y procedimientos de búsqueda se regirán por los siguientes principios: a) La actuación de los miembros de la comisión en las acciones de búsqueda y localización será independiente y objetiva; b) Los familiares de las víctimas, las organizaciones sociales o particulares que demuestren interés comprobado tendrán acceso a las diligencias realizadas por la comisión para la búsqueda de la persona desaparecida; excepto aquellas situaciones que estuvieran limitadas por la confidencialidad de las declaraciones y por las razones de seguridad de la investigación; c) Ninguna actuación de la comisión dentro del mecanismo de búsqueda y localización causará erogación a los familiares de las víctimas, a sus representantes o a las organizaciones no gubernamentales que colaboren con ellas; d) Los mecanismos de búsqueda que se implementen deberán regirse por los principios de celeridad y eficacia, evitando la burocratización de los mismos; e) No podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacer cesar un mecanismo de búsqueda, sin haberse agotado la investigación correspondiente.

17. La Comisión elaborará y emitirá informes anuales de los casos resueltos y los que se encuentren en proceso, en estos se expondrán el proceso de búsqueda, los obstáculos encontrados y los hallazgos obtenidos por caso. Los informes de los resultados de los procesos de búsqueda deberán ser fundamentados de forma clara y precisa. Estos informes servirán a los familiares para gestionar ante las autoridades aquellos trámites que consideren necesarios.

18. La Comisión presentará informes anuales al Congreso de la República y al Procurador de los Derechos Humanos. Dicho informe contendrá un análisis de casos conocidos durante el año y sus consecuencias, especificando los resultados obtenidos y las recomendaciones pertinentes para la atención integral de la problemática de la desaparición forzada y otras formas de desaparición. Los informes emitidos por la comisión son públicos.

19. El Presupuesto de la Comisión estará compuesto por el monto que el Congreso de la República le asigne en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado y las donaciones y ayudas que se proporcionen a la misma.

20. La Comisión tendrá bajo su responsabilidad el diseño, elaboración y administración de un Registro Nacional de Víctimas, de Desaparición Forzada y otras formas de Desaparición, que cumpla con los estándares internacionales establecidos.

21. La Comisión implementará las medidas técnicas y administrativas necesarias para asegurar la adecuada protección de sus archivos, e impedir la sustracción, destrucción, disimulación o falsificación. Al terminar su mandato temporal o por cualquier otra circunstancia que le impida cumplir con las funciones, la comisión trasladará sus archivos a la Procuraduría de los Derechos Humanos, siempre y cuando la capacidad de asegurar la preservación de los archivos para el futuro.

22. Los miembros de la Comisión deberán ser designados dentro de sesenta días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. La convocatoria de instalación y juramentación la efectuará el Congreso de la República de Guatemala dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo para la designación de los miembros de la Comisión.

23. La Comisión emitirá su propio reglamento dentro de los noventa días siguientes a su instalación.

24. La elección de representantes de organizaciones de víctimas u organizaciones sociales con pertinencia en el tema de las personas desaparecidas por causa del Conflicto Armado Interno, se llevará a cabo dentro de los noventa días siguientes a la puesta en vigencia de la presente ley.

25. La presente ley deroga expresamente aquellas disposiciones que sean contrarias a la misma.

26. Entrará en vigencia a los ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

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