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La privación de la libertad finalizará: Cuando el imputado sea mayor de 70 años
Por Carlos Enrique Mejía Paz - Guatemala, 13 de marzo de 2019

5474 Iniciativa de ley que dispone aprobar Reformas al Decreto Número 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, presentada por los diputados Juan Ramón Lau Quan y Felipe Alejos Lorenzana.

· El 06-07-2018, Fue ingresada a Dirección Legislativa para su trámite correspondiente.

· El 17-07-2018, fue conocida por el Pleno del Congreso de la República y enviada a las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales; y a la comisión del Sector Justicia.

· El 27-09-2018, La Comisión de Legislación y Puntos constitucionales del Congreso de la República emite Dictamen integrado Favorable con modificaciones a las iniciativas 5466 y 5474 y es firmado por los diputados Fernando Linares Beltranena, Adim Maldonado Molina, José Conrado García Hidalgo, María Stella Alonzo Bolaños, Javier Alfonso Hernández Franco, Juan Ramón Lau Cuan, Carlos Enrique López Maldonado, Estuardo Ernesto Galdamez Juárez, Juan Manuel Díaz Durán Méndez. No firmaron el Dictamen: Fidel Reyes Lee, Luis Pedro Álvarez Morales, Sandra Patricia Sandoval González, Cornelio Gonzalo Sandoval García García, Aníbal Estuardo Rojas Espino, Mayra Alejandra Carrillo De León, Eduardo Zachrisson Castillo, y Eva Nicolle Monte Bac.

· El 08-11-2018, fue aprobado el dictamen favorable, en Primer Debate por el Pleno del Congreso de la República.

· El 20-11-2018, fue aprobado el dictamen el Segundo Debate, por el Pleno del Congreso de la República.

· El 13-03-2019, está en agenda la aprobación en tercer debate.

El contenido del Dictamen tiene 6 artículos, para su aprobación.

1. Reforma el artículo 105 del Código Procesal Penal. El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará, a quien incurra en él, al pago de las costas provocadas por el reemplazo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. El abandono será comunicado inmediatamente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

El Colegio de Abogados y Notarios deberán normar la sanción y el plazo que podrá aplicar el Tribunal de Honor en caso de abandono.

2. Reforma el artículo 177 del Código Procesal Penal. En el ejercicio de sus funciones, el tribunal podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer de todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los actos que ordene. El decreto de toda medida cautelar debe ser razonado y motivado detalladamente.

3. Reforma el artículo 268 del Código Procesal Penal. La privación de la libertad finalizará:

1) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida;

2) Cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera, considerando, incluso, la posible aplicación de las reglas penales relativas a la suspensión de la pena o a la libertad anticipada;

3) Cuando su duración exceda de un año; pero si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar tres meses más;

4) Cuando el imputado sea mayor de 70 años.

La cesación de la privación de la libertad podrá dictarse por el Juez o Tribunal que corresponda aún con la copia del expediente del proceso respectivo, cuyo origen se hubiere elevado o remitido a otra instancia.

Las salas de las Corte de Apelaciones de la República, en los casos sometidos a su conocimiento a solicitud de los jueces de Paz, jueces de Instancia o Tribunales de Sentencia o del Ministerio Público, conocerán, y en su caso autorizarán por una sola vez la prórroga de los plazos de prisión preventiva que establece el Código, fijando, en todo caso, el plazo de la prórroga concedida, el cual no podrá exceder de seis meses.

En ningún proceso sometido a la competencia de los juzgados de Paz, la prórroga a que se refiere el presente artículo no se podrá otorgar por más de una sola vez.

En los procesos en que se hubiere dictado sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso de apelación especial.

Cuando en el trámite del proceso obren acciones legales presentadas por el procesado, procesadas u abogados defensores, la prórroga de prisión será solicitada cuantas veces sea necesaria conforme a las acciones planteadas, sin vulnerar el Derecho de Defensa.

4. Reforma el artículo 308 del Código Procesal Penal. Los jueces de primera instancia y donde no los hubiere, los de paz, apoyarán las actividades de investigación de la policía y los fiscales del Ministerio Público cuando estos lo soliciten, emitiendo, si hubiere lugar a ello, las autorizaciones para las diligencias y medidas de coerción o cautelares que procedan conforme a la ley.

Cuando se trate de arraigo, la autoridad solicitante deberá razonar su solicitud ante el juez competente el cual resolverá inmediatamente y de manera motivada las solicitudes que les sean formuladas.

Para el efecto anterior, los jueces podrán estar presentes en la práctica de estas diligencias si así lo solicita el Ministerio Público y, a petición de éste, dictar las resoluciones que según las circunstancias procedan para garantizar los fines del proceso penal.

Durante la etapa preparatoria los fiscales fundamentaran verbalmente ante el juez el pedido de autorización explicándole los indicios en que se base. En el mismo acto, a petición del juez mostrarán el registro de las actuaciones de investigación.

Cuando la diligencia haya sido solicitada por la policía por no existir fiscalía en el lugar, ésta deberá informar de ello al Ministerio Público en un plazo máximo de veinticuatro horas. Puesta la persona a disposición del juez, éste deberá informarlo igualmente al Ministerio Público en el mismo plazo.

5. Se adiciona el artículo 321 bis al Código Procesal Penal. 1. Habiéndose ordenado la libertad del procesado mediante desistimiento, sobreseimiento o archivo, el Estado de Guatemala indemnizará al procesado con entre diez y veinticinco salarios mínimos, salario mensual vigente para las actividades no agrícolas. El salario se regirá según lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se publicará por lo menos en dos diarios de mayor circulación en el país, incluyendo las circunstancias por las cuales se ordena dicha indemnización. 2. Asi mismo se indemnizará al procesado por parte del Estado de Guatemala, quien fuere absuelto en sentencia firme debidamente ejecutoriada con entre treinta y cincuenta salarios mínimos, salario mensual vigente para las actividades no agrícolas. El salario se regirá según lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se publicará por lo menos en dos diarios de mayor circulación en el país, incluyendo las circunstancias por las cuales se ordena dicha indemnización.

Los fondos provenientes para hacer efectiva la indemnización del imputado, serán financiados con los ingresos ordinarios del Organismo Judicial.

Dicha indemnización será cancelada, siempre y cuando no haya existido dolo por parte del procesado para guardar prisión o haber sido procesado. Para solicitar la indemnización basta con el auto o sentencia que pone fin al asunto, el cual deberá encontrarse firme y ejecutoriado. El mismo servirá como título ejecutivo para actuar por la vía civil correspondiente.

La indemnización contenida en el presente artículo excluye cualquier derecho de reclamar una indemnización o cobro adicional por los mismos supuestos.

6. Entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

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