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No puede continuar aplicándose la figura de "prisión provisional"
Por Carlos Enrique Mejía Paz - Guatemala, 21 de noviembre de 2019

5564 Iniciativa de Ley que dispone aprobar Reformas al Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92, al Decreto 17-73 Código Penal, y al Decreto 19-2002 Ley de Bancos y grupos financieros ambos del Congreso de la República. Propuesta por los diputados: Héctor Leonel Lira Montenegro y Nineth Varenca Montenegro Cottom.

· El 18 de marzo de 2019, es ingresada a Dirección Legislativa para su trámite correspondiente.

· El 03 de abril de 2019, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la Comisión de Reformas del Sector Justicia, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

· El 08 de octubre de 2019, la Comisión de Reformas del Sector Justicia, emite DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES a la iniciativa 5564 y es firmado por los diputados: Cornelio Gonzalo García García, Héctor Leonel Lira Montenegro, Estuardo Ernesto Galdamez Juárez, Ana Victoria Hernández Pérez, Juan Ramón Lau Quan, Ronal Estuardo Arango Ordóñez. No firmaron el Dictamen: Los diputados: Fidel Reyes Lee y Vivian Beatriz Preciado Navarijo.

· El 15 de octubre de 2019, el Dictamen es aprobado en Primer Debate por parte del Pleno del Congreso de la República.

· El 22 de octubre de 2019, el Dictamen es aprobado en Segundo Debate.

· Está pendiente de ser aprobada en Tercer Debate, por artículos y redacción Final.

· En jefes de bloques legislativos acordaron conformar una mesa técnica, para ver que modificaciones le hacían al Dictamen, y en consenso plantear las reformas en el Pleno.

El Dictamen Favorable contiene 26 artículos, entre los cuales se pretende hacer reformas a once artículos al Código Procesal Penal y adicionar 4 nuevos; se pretende derogar un artículo y hacer reformas a dos artículos del Código Penal; reformar un artículo de la Ley de Bancos y grupos financieros, incluye seis artículos que contienen las disposiciones transitorias y finales, y el artículo final que define la vigencia. Los diputados al emitir el Dictamen la iniciativa es Viable, oportuna y cumple con los principios constitucionales y en consecuencia:

1. Debe corregirse la contradicción conceptual que existe entre la forma como se concibe la prisión preventiva y las demás medidas de coerción como sustitutivas de ésta en la actual legislación, frente a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, lo que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las motivaciones que inspiran el actual Código Procesal Penal (en cuanto a la humanización y dignificación del proceso penal), lo que ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que ha resuelto tanto la Corte de Constitucionalidad, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que, todas las medidas cuyo objeto es el aseguramiento de la presencia del sujeto en el proceso, son medidas de coerción y que dentro de estas la excepción debe ser la de prisión preventiva, no al revés como lo plantea nuestra legislación. Esto quiere decir que, es el fiscal quien debe argumentar en qué medida existe peligro de fuga o peligro de obstaculización de la justicia del imputado y el juez determinar, por qué aplica esta medida en detrimento de las otras menos gravosas. En consecuencia conceptualmente, la medida de prisión preventiva es la medida sustitutiva, ya que excepcionalmente debe sustituir a las otras que son la regla, y debe hacerlo únicamente cuando existen elementos suficientes que lo justifiquen.

2. Es necesario ajustar la regulación actual a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en relación a establecer la prisión preventiva como única medida de coerción aplicable a las personas a que se imputa determinados delitos. Y para el efecto se puede citar la parte conducente: " (...) establecer la prisión preventiva como única medida de coerción aplicable... contraviene el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala que garantiza el derecho a la presunción de inocencia (...)" (expediente 1994-2009 de fecha 08/02/2011, Corte de Constitucionalidad). Sin embargo, la comisión consideró que las personas ligadas a procesos por los delitos que actualmente contiene este tipo de regulación, sí deben ser sujetos de un control mayor para asegurar su presencia en el proceso penal sin violentar sus derechos, de esa cuenta establece que el juez preferentemente, si decide aplicar una o varias medidas de coerción no privativa de libertad, deberá auxiliarse del dispositivo de control telemático.

3. Es necesario establecer un plazo fatal para que tanto el Ministerio Público como los tribunales de justicia puedan obligar a una persona a permanecer en prisión preventiva, puede extender dicha medida implica que se convierta en una pena anticipada, sobre todo si en el proceso penal no logra determinarse su culpabilidad.

4. No puede continuar aplicándose la figura de "prisión provisional", puesto que no tiene fundamento legal y violenta garantías constitucionales, como ya lo indicó el Procurador de los Derechos Humanos.

El contenido de cada uno de los artículos es el siguiente:

1. Se reforma el primer párrafo del artículo 75. Domicilio. El imputado, si no estuviere sujeto a prisión preventiva, deberá señalar en la primera oportunidad su residencia y fijar lugar para recibir citaciones y notificaciones dentro del perímetro de la población de la sede del tribunal y, con posterioridad, mantendrá actualizados esos datos, comunicando al Ministerio Público o al tribunal, según el caso, las variaciones que sufrieren.

2. Se reforma el artículo 82. Desarrollo. Dentro de los plazos que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, la audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente:

1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables, y descripción de los elementos de convicción existentes.

2. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente.

3. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor.

4. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata.

5. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor, para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. La víctima o el querellante adhesivo también podrá solicitar al juez la imposición de la medida de coerción.

6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de diez días ni mayor de quince días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia a las partes que lo soliciten, y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia.

7. El querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia, a continuación del fiscal, en cada una de sus intervenciones. Las partes no podrán oponerse a la presencia del querellante en la audiencia. La víctima presente en la audiencia podrá ser escuchada si así lo desea.

3. Se adiciona el artículo 258 BIS. Principio general de interpretación y aplicación. Toda decisión relativa a las medidas de coerción, será adoptada bajo la estricta responsabilidad del juez y deberá fundamentarse debidamente conforme a los artículos 11 bis, 262, 263 y 264 de este Código. El juez deberá fundar su decisión en el principio de proporcionalidad, analizando su razonabilidad, idoneidad y necesidad.

4. Se adiciona el artículo 258 TER. Medidas de coerción. Son medidas de coerción, además de las previstas en este código, las siguientes:

a) No privativas de libertad:

1. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido, ante el juez o ante la autoridad que él designe;

2. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de las reglas a las que se somete, las que deberán relacionarse con el hecho imputado;

3. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, con especificación de las reglas a que se somete, las que deberán relacionarse con el hecho imputado;

4. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa;

5. La prestación por parte del imputado o de tercera persona de una caución económica proporcional al daño y a la capacidad económica del imputado, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda de hipoteca, entrega de bienes o la fianza;

6. Orden de arraigo, consistente en la prohibición de salir del país;

7. Arresto domiciliar, consistente en la prohibición de salir del departamento donde reside;

8. Prohibición de salir del municipio donde reside o de la circunscripción territorial que fije el juez;

9. Arresto residencial del imputado en el lugar de vivienda que éste señalare con la aprobación del juez. En este caso el juez deberá imponer la obligación de someterse a un mecanismo de control o vigilancia electrónica. Cuando a criterio del juez, la protección de la víctima lo haga necesario, dispondrá que el imputado señale un lugar distinto a aquel en donde la víctima habita.

b) Privativa de Libertad: Prisión preventiva en establecimiento de privación de libertad. Para decretar esta medida de coerción deben respetarse las garantías establecidas en la Constitución Política de la República y cumplirse con lo establecido en la presente ley.

Siempre que el peligro de fuga o obstaculización a la justicia pueda ser razonablemente evitado, el juez podrá imponer las medidas de coerción no privativas de la libertad indistintamente, de forma conjunta o separada, según el caso, y ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. Además, podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático, si a su juicio, las circunstancias del caso lo ameritan.

Para asegurar el cumplimiento de las medidas el juez podrá imponer la obligación al imputado de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal y cuya idoneidad debe ser calificada por el juez bajo su estricta responsabilidad, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra en caso de incumplimiento.

En caso de incumplimiento de una medida de coerción no privativa de la libertad, el juez podrá a petición del Ministerio Público o de la víctima, imponer otra medida que estime pertinente, inclusive privativa de la libertad, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

Para la verificación del cumplimiento de las medidas de coerción el juez deberá realizar todas las diligencias que considere pertinentes directamente, a través de un ejecutor designado dentro de su personal auxiliar o por medio de la Unidad de Control de Medidas de Coerción a cargo de la Corte Suprema de Justicia. La evaluación del cumplimiento debido de las medidas de coerción incluirá, entre otros aspectos, la presentación de informes periódicos sin perjuicio de las comunicaciones urgentes y medidas inmediatas que deban adoptarse. El ejecutor u órgano a cargo de la verificación actuará bajo la estricta responsabilidad del juez.

En ningún caso se utilizarán las medidas de coerción desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. En especial se evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado, debidamente comprobadas, impidan la prestación.

Queda prohibida la imposición de medidas de coerción distintas a las reguladas en el presente artículo.

En los casos de procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por: a) delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menores de doce años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado; b) al reincidente de los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas, delitos de tenencia o portación de armas de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la DIGECAM; c) delitos comprendidos en el Capítulo VII del Decreto No. 48-92 del Congreso de la República de la Ley contra la Narcoactividad; d) los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero; e) delitos de adulteración de medicamentos, producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado , distribución y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, medicamentos adulterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado o establecimientos o laboratorios clandestinos; f) delitos de pánico financiero, quiebra culpable, evasión o cooperación en la evasión; g) delitos comprendidos en el Decreto No. 21-2006 del Congreso de la República Ley Contra la Delincuencia Organizada; y g) delito de intermediación financiera, el juez al determinar que procede una medida de coerción no privativa de libertad deberá, preferentemente, auxiliarse del dispositivo del control telemático .

5. Se adiciona el artículo 258 QUATER. Se crea la Unidad de Control de Medidas de Coerción a cargo de la Corte Suprema de Justicia con el objeto de brindar apoyo a los órganos jurisdiccionales en el seguimiento y control del cumplimiento debido de las medidas de coerción. Para el efecto tendrá las siguientes funciones:

a) Recopilar y comprobar información útil para que el juez tome decisiones sobre las medidas a imponer; en el caso de la primera declaración esta información deberá presentarse al juez en la audiencia que se señale para el efecto.

b) Controlar el cumplimiento de las medidas de coerción distintas a la prisión preventiva en centro de privación de libertad.

c) Centralizar y gestionar información actualizada sobre personas detenidas o en prisión preventiva. Esta información será de carácter público y de acceso inmediato. Para el efecto, los órganos jurisdiccionales y demás instituciones involucradas estarán obligadas a remitir de manera inmediata la información pertinente.

d) Seguimiento a alertas sobre plazos de prisión preventiva en centro de privación de libertad.

6. Se reforma el artículo 262. Peligro de fuga. Para establecer el peligro de fuga se tendrán en cuenta las circunstancias de cada caso. Entre otros, se deberá considerar de manera integral, los aspectos siguientes:

1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, vivienda, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, así como la conducta y la situación personal y social del sindicado, incluyendo sus vínculos con la comunidad.

2. El comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que evidencie su voluntad de someterse a la persecución penal.

7. Se reforma el artículo 263, Peligro de obstaculización a ala justicia. Para establecer el peligro de obstáculo de obstaculización se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado podría:

a) Influir en otra persona, para evitar que proporcione información o medios de prueba a los órganos competentes del sistema de justicia.

b) Emplear fuerza física, intimidación, amenaza o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sea miembro del Organismo Judicial o de las instituciones auxiliares de la administración de justicia, traductor, intérprete o perito, para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones.

c) Aprovechar la posición de poder o la capacidad de influencia política, económica o social para obstaculizar el proceso o para influir en la destrucción, modificación, ocultamiento supresión o falsificación de medios de investigación.

d) Por cualquier acción o medio evitar la obtención de evidencias o medios de prueba, rehusare proporcionar al Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal o cualquier otra institución que cumpla esas funciones, documentos o información que conozca o que obre en su poder, estando obligado a ello.

e) Destruir u ocultar información o documentos, o bien proporcionar documentos o información falsa al Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal o cualquier otra institución que cumpla esas funciones.

f) Introducir a otros a realizar tales comportamientos.

8. Se reforma el artículo 264. Arresto residencial del imputado. El arresto residencial del imputado podrá ser decretado atendiendo a la situación individualizada de la persona sindicada cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de coerción, esta medida sea suficiente. El juez valorará bajo su estricta responsabilidad, las siguientes circunstancias:

1. Si el imputado o acusado es mayor de 65 años, se encuentra en situación de discapacidad, otra situación de vulnerabilidad o circunstancias personales que, derivado de su condición, hagan indispensable la medida para asegurar la protección de su vida e integridad.

2. Si a la imputada o acusada le faltan dos meses o menos para el parto, o en cualquier momento, cuando existan condiciones que hagan calificar el embarazo como de alto riesgo. Igual derecho tendrá durante los seis meses siguientes a la fecha del nacimiento.

3. Si el imputado o acusado tuviere enfermedad grave que haga incompatible su derecho a la vida digna en establecimiento de privación de libertad o que estuviere en peligro inminente de muerte causado por su condición de salud, previo a dictámenes periciales correspondientes. El juez determinará si el imputado o acusado debe permanecer en su vivienda, en centro hospitalario o clínica médica.

4. Si el imputado o acusado fuere la única persona a cargo de prestar alimentos o cuidado de persona que sufriere discapacidad, enfermedad grave o de menor de edad, siempre que se compruebe que haya estado bajo su dependencia o cuidado, o que sobrevenga dicha situación mientras se encuentra cumpliendo prisión preventiva. En casos específicos, cuando a criterio del juez la protección de la víctima lo haga necesario, dispondrá que el imputado señale un lugar distinto a aquel en donde la víctima habita. Cuando se trate de la prestación de alimentos el imputado podrá gozar del derecho de acudir a su lugar de trabajo con las restricciones de horario y movilidad que determine el juez para el efecto.

La medida conlleva la obligación del imputado de permanecer en su vivienda o lugar designado, con las únicas excepciones de los permisos específicos concedidos por el juez, según corresponda.

En todos los eventos el beneficiario suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de vivienda sin previa autorización y a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido.

Si el imputado o acusado incumpliere alguna de las obligaciones impuestas al concederle el arresto residencial, a petición del Ministerio Público o de la víctima, el juez ordenará la reclusión en establecimiento de privación de libertad.

9. Se reforma el artículo 268. Cesación del encarcelamiento. La libertad del imputado o acusado se ordenará de inmediato en procesos instruidos por cualquier delito, en los siguientes casos:

1. Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tomen conveniente su sustitución por otra medida.

2. Cuando haya dictado clausura provisional, sobreseimiento o se haya absuelto al procesado, mientras tales decisiones cobren firmeza.

3. Como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad.

4. Cuando transcurridos cuatro meses, contados a partir de la fecha en que concluya la audiencia de primera declaración del sindicado, no se hubiere presentado la acusación, la clausura, el sobreseimiento o cualquier otra forma de terminación del proceso.

5. Cuando transcurrido dos meses, contados a partir de la fecha de presentación de la acusación, no haya concluido la audiencia intermedia.

6. Cuando transcurridos tres meses, contados a partir de la conclusión de la audiencia de etapa intermedia, no se haya realizado la audiencia de debate oral y emitido la sentencia correspondiente.

7. Cuando transcurrido dos terceras partes de la pena impuesta en primera instancia, no haya quedado firme la sentencia.

En estos casos, el juez podrá otorgar otra medida de coerción no privativa de la libertad para asegurar la competencia del imputado en las diligencias judiciales.

Cuando los términos previstos en los numerales 4), 5) y 6) sean afectados por acciones dilatorias del procesado o su defensor, orientadas a obstruir el normal desarrollo del proceso y hayan sido calificadas así con la debida fundamentación por el tribunal competente, no se computará el tiempo transcurrido en la tramitación de dichas acciones.

Los plazos previstos en los numerales 4), 5) y 6) podrán ampliarse hasta duplicarse bajo la responsabilidad del órgano jurisdiccional cuando sea indispensable atendiendo a la complejidad del caso, la cual se establecerá considerando la pluralidad de sujetos procesales, la pluralidad de delitos imputados y las dificultades probatorias, incluyendo la prueba proveniente del extranjero que se espera recibir. Superados los plazos de las ampliaciones los imputados deberán quedar sujetos a la medida de arresto residencial a que hace referencia el numeral 9 de la literal a) del artículo 258 Ter.

Las decisiones derivadas de los dos párrafos anteriores serán remitidas en audiencia, debidamente razonadas y podrán ser recurridas mediante apelación.

10. Se reforma el artículo 272. Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de procesamiento y medidas de coerción, el tribunal declarará la falta de mérito y dejará en libertad al imputado.

11. Se reforma el artículo 277 Revisión de la medida de prisión preventiva. El imputado o su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación, o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta, en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieren variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citadas todas las partes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria.

La audiencia de revisión de medidas de coerción deberá realizarse dentro de los tres días siguientes de formulada la solicitud, bajo la estricta responsabilidad del juez.

La revisión de la medida de coerción de prisión preventiva procederá de oficio en la audiencia de etapa intermedia.

Cuando se revise la medida de prisión preventiva siempre que el peligro de fuga o de obstaculización a la justicia pueda ser razonablemente evitado, el juez podrá imponer las medidas de coerción no privativas de libertad indistintamente, de forma conjunta o separada, según el caso, y ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. Además, podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático, si a su juicio, las circunstancias del caso lo ameritan.

12. Se reforma el artículo 320. Auto de Procesamiento. A continuación de haber dictado auto de procesamiento, el juez que controla la investigación emitirá auto que imponga medida de coerción.

Sólo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria, antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia.

13. Se reforma el artículo 324 BIS. Control Judicial. A los tres meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez bajo su responsabilidad, dictará resolución, condiciéndole un plazo máximo de tres días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda.

Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al Ministerio Público para que tome las medidas disciplinarias correspondientes, y ordene la formulación de la petición procedente.

Si en el plazo máximo de ocho días el fiscal no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de la ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este Código.

En el caso de que se haya dictado una medida de coerción no privativa de la libertad, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará seis meses a partir del auto de procesamiento.

Mientras no exista vinculación procesal, la investigación no estará sujeta a estos plazos.

14. Se reforma el artículo 404. Apelación. Son apelables los siguientes autos por los jueces de primera instancia:

1. Los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo o de las partes civiles.

2. Los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.

3. Los que denieguen la práctica del anticipo de prueba.

4. Los autos en los cuales se declare la falta de mérito.

5. Los que no admitan o denieguen la intervención del tercero civilmente demandado.

6. Los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal.

7. Los que declaren el sobreseimiento o la clausura provisional del proceso.

8. Los que impongan medidas de coerción privativas y no privativas de la libertad, incluidas las resoluciones que se dicten en virtud de revisión de las medidas y las que amplíen los plazos de la prisión preventiva o no tomen en cuenta los plazos transcurridos conforme el artículo 268.

9. Los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil.

10. Los que resuelvan la desestimación.

El planteamiento de apelación en los casos anteriores carece de efectos suspensivos, debiendo para el efecto el órgano jurisdiccional remitir al tribunal superior copia física o electrónica de las actuaciones.

Serán apelables con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad.

15. Se reforma el artículo 465 TER. Procedimientos para delitos menos graves. El procedimiento para delitos menos graves constituye un procedimiento especial que se aplica para el juzgamiento de delitos sancionados en el Código Penal y leyes penales especiales con pena máxima de cinco años de prisión. Para este procedimiento son competentes los jueces de paz y se rige, aparte de las normas procesales generales, por las especiales siguientes:

1. Inicio del proceso: el proceso da inicio con la presentación del requerimiento fiscal o querella de la víctima o agraviado;

2. Audiencia de conocimiento de cargos: esta audiencia debe realizarse dentro de los diez días de presentado el requerimiento fiscal o querella, convocando al ofendido, parte acusadora, imputado y su abogado defensor, desarrollándose de la siguiente manera:

a) En la audiencia, el juez concederá la palabra, en su orden, al fiscal o, según el caso, a la víctima o agraviado, para que se argumenten y fundamenten su requerimiento; luego al acusado y a su defensor para que ejerzan el control sobre el requerimiento;

b) Oídos los intervinientes, el juez de paz puede decidir:

I. Abrir a juicio penal el caso, estableciendo los hechos concretos de la imputación;

II. Desestimar la causa por no proceder, no constituir delito el hecho imputado o no tener la probabilidad de comprobar la participación del imputado. La desestimación que determine será apelable;

c) Si abre a juicio, concederá nuevamente la palabra a los intervinientes para que en su orden ofrezcan la prueba lícita, legal, pertinente e idónea a ser reproducida en debate, asegurando el contradictorio para proveer el control de la imputación probatoria. Seguidamente, el juez de paz decidirá sobre la admisión o rechazo de la prueba ofrecida, señalando la fecha y hora del debate oral y público, el que debe realizarse dentro de los veinte días siguientes a la audiencia en que se admite la prueba;

d) Las pruebas de la defensa, cuando así se pida en la audiencia, serán comunicadas al juzgado por lo menos cinco días antes del juicio, donde serán puestas a disposición del fiscal o querellante;

e) A solicitud de alguno de los sujetos procesales, se podrá ordenar al juez de paz más cercano, que practique determinada diligencia de anticipo de prueba para ser valorada en el debate.

3. Audiencias de debate: los sujetos procesales deben comparecer con sus respectivos medios de prueba al debate oral y público, el que se rige por las disposiciones siguientes:

a) Identificación de la causa y advertencias preliminares por parte del juez de paz;

b) Alegatos de apertura de cada uno de los intervinientes al debate;

c) Reproducción de prueba mediante el examen directo y contra examen de testigos y peritos, incorporando a través de ellos la prueba documental y material;

d) Alegatos finales de cada uno de los intervinientes al debate;

e) Pronunciamiento relatado de la sentencia, inmediatamente de vertidos los alegatos finales, en forma oral en la propia audiencia.

En todos estos casos, cuando se trate de conflictos entre particulares, el Ministerio Público puede convertir la acción penal pública en privada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

16. En toda norma legal y reglamentaria en que se mencione el término medida sustitutiva, deberá entenderse que se refiere a medida de coerción no privativa de libertad.

17. En toda norma legal y reglamentaria en la que se mencione la causal de peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad, deberá entenderse que se refiere al peligro de obstaculización de la justicia.

18. Se derogan todas aquellas disposiciones que establezcan limitaciones a las consideradas en el Código Procesal Penal, Código Penal y leyes especiales , relativas a medidas de coerción, quedando bajo la potestad y responsabilidad exclusiva de los jueces la aplicación de dichas medidas.

Las medidas a que se refiere esta ley y que hayan sido dictadas antes de su entrada en vigencia podrán ser revisadas después de seis meses de dicha vigencia.

19. Se deroga la frase: "En este caso, no se podrá otorgar cualquiera de las medidas sustitutivas contempladas en el Código Procesal Penal", del artículo 342 B del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República.

20. Se deroga la frase: "No podrá aplicársele al procesado alguna clase de medida sustitutiva ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado a prisión por ese delito, rebaja de la pena" del artículo 348 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República.

21. Se deroga la frase: " No podrá aplicársele al procesado alguna clase de medida sustitutiva ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado a prisión por ese delito, rebaja de la pena" del artículo 349 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República.

22. Se deroga el artículo 472 del Código Penal, Decreto 17-73.

23. Se deroga la frase: "la cual excluye la aplicación de cualquiera de las medidas sustitutivas contempladas en el Código Procesal Penal" del artículo 96 de la Ley de Bancos y grupos financieros, Decreto Número 19-2002.

24. Implementación de la Unidad de control de medidas de coerción. Dentro del plazo máximo de noventa días contados a partir de la vigencia de la presente ley, la Corte Suprema de Justicia deberá emitir las disposiciones reglamentarias de organización y funcionamiento que rijan la Unidad para asegurar su implementación. Asimismo, deben realizar la previsión presupuestaria para que la Unidad inicie sus funciones dentro del mismo plazo.

25. Implementación de la Ley. La corte Suprema de Justicia deberá realizar los ajustes presupuestarios correspondientes para la implementación de las disposiciones del presente Decreto. Asimismo, deberá emitir y adecuar los reglamentos y competencias que corresponden para el efecto, dentro de los noventa días contados a partir de la vigencia de la presente ley.

26. El Presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Se exceptúan los numerales 4, 5 y 6 del artículo 268 del Código Procesal Penal, reformado por medio del artículo 9 de la presente Ley, los que entrarán en vigencia un año después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, para el caso de los procesos que se encuentran en trámite a la entrada en vigencia de la presente ley.

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