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Lo que no se ha cumplido de los Acuerdos de Paz
Por Carlos Enrique Mejía Paz - Guatemala, 25 de noviembre de 2019

El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de la República de Guatemala, el Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) logran poner fin a 36 años de enfrentamiento armado interno en nuestro país. Organizaciones como: Partido Guatemalteco del Trabajo(PGT), las Fuerzas Armadas Revolucionarias(FAR) Ejército Guerrillero de los Pobres(EGP) y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) se aglutinaron en una sola expresión política en 1982, denominándola UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA (URNG).

El Gobierno de Álvaro Arzú asume en ese año el compromiso de cumplir cada uno de los 12 acuerdos y 720 compromisos, que según un estudio que realizó la Secretaría de la Paz (SEPAZ) a 20 años de la suscripción de los Acuerdos de Paz, se concluye que de los Acuerdos de Paz, el Gobierno de la República, ha cumplido con 366 compromisos, 6 compromisos han sido cumplidos y sostenidos, 169 han sido cumplidos parcialmente, 67 han sido cumplidos formalmente y 142 han sido incumplidos, para hacer un total de 750 compromisos que debieron haber cumplido los gobiernos desde 1996 al 2017.

De haberse cumplido con los compromisos pendientes, se tendría una realidad distinta a la que se tiene hasta el día de hoy, pero las razones por las cuales surge el enfrentamiento armado interno en nuestro país, siguen vigentes.

Debe reconocerse que gracias a los Acuerdos de Paz, hoy se puede establecer que existen decretos de ley aprobados por el Congreso de la República tales como la Ley de Consejos de Desarrollo, Ley de Descentralización, Código Municipal, Ley del Registro Nacional de la Personas, Ley del Registro de Información Catastral, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Armas y Municiones, Ley de Empresas Privadas de Seguridad, Reformas al Código Penal, Ley del Servicio Cívico, Ley del Ministerio Público, Ley del Instituto de la Defensa Publica Penal, Ley de Idiomas Indígenas, Ley de la Policía Nacional Civil, Ley de Femicidio, Ley de los Acuerdos de Paz, Ley de Acceso a la Información y la que crea la Comisión Internacional para el Combate de la Impunidad en Guatemala, entre otras.

Producto de la promulgación de las leyes citadas han sido creadas Instituciones como la Secretaría de Asuntos Agrarios, Defensoría de la Mujer Indígena, Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala, Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, Fondo de Tierras, Comisión contra la Discriminación y el Racismo, Dirección de Educación Bilingüe Intercultural, Secretaría Presidencial de la Mujer, Foro de la Mujer, Secretaría de la Paz, Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, Academia de Lenguas Mayas, Instituto de la Defensa Pública Penal, Comisión Internacional para el Combate a la Impunidad en Guatemala, entre otras.

Asimismo, hoy en día ningún joven es reclutado a la fuerza para prestar servicio militar, en otros tiempos era obligatorio. También ahora se garantiza el derecho a la organización y a la participación ciudadana, se pueden presentar denuncias de corrupción y de abuso de autoridad y se garantiza el derecho a contar con un intérprete en los tribunales y juzgados del sistema judicial.

En comparación a 1996, se ha extendido la red vial, hay fluido eléctrico en el 90% de las comunidades del país; hay más escuelas y maestros en las comunidades, aunque el estado de esa infraestructura es deplorable debido a la falta de mantenimiento y ampliación de las mismas.

En el marco de los Acuerdos de Paz, URNG se constituyó como partido político en 1998 como una entidad de derecho público y con personalidad jurídica. Su objetivo es acceder al poder político, dentro del marco de la ley, para realizar un gobierno cuyo programa sea de beneficio para todos los sectores económico-sociales del país, pero fundamentalmente, los sectores mayoritarios más necesitados.

Los principios de URNG parten del espíritu y letra de los Acuerdos de Paz, de la defensa de los derechos humanos; la democracia; la equidad de género; el respeto y la dignidad de la persona y la defensa de la naturaleza; el rechazo a todo tipo de discriminación y el reconocimiento a la identidad y derechos de los pueblos maya, xinca, garífuna y ladino, asumiendo como parte esencial de la unidad nacional la diversidad de nuestra propia realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe en la construcción de la nueva nación, el desarrollo económico nacional y la justicia económica y social.

URNG fundamenta el proceso de transformaciones democráticas en la movilización social, la fuerza ideológica, la organización y participación política de las grandes mayorías; en las justas demandas y necesidades de los pueblos que conforman la unidad nacional; en las luchas reivindicativas obreras, campesinas, de los sectores medios, de mujeres, estudiantiles, profesionales, empleados del Estado y en los intereses de los productores, empresarios y ciudadanos de toda proveniencia que propugnen por una Guatemala de progreso y desarrollo social.

Es por esta razón, que deseamos que nuestros afiliados, amigos, simpatizantes conozcan, analicen, se apropien y en forma conjunta luchemos, con otros sectores democráticos, progresistas y revolucionarios, para que el Gobierno de la República de Guatemala, ahora encabezado por el presidente Jimmy Morales Cabrera, cumpla con los compromisos, aun pendientes de los Acuerdos de Paz, los cuales se describen a continuación:

ACUERDO GLOBAL SOBRE DERECHOS HUMANOS

1. El Gobierno promoverá en la comunidad internacional el reconocimiento de las desapariciones forzadas o involuntarias y de las ejecuciones sumarias o extrajudiciales como delitos de lesa humanidad.

ACUERDO PARA EL REASENTAMIENTO DE LAS POBLACIONES DESARRAIGADAS POR EL ENFRENTAMIENTO ARMADO

2. Desarrollo sostenible, sustentable y equitativo de las áreas de reasentamiento, que beneficie a todas las poblaciones y personas que radiquen en ellas, en el marco de un plan de desarrollo nacional.

3. Las poblaciones desarraigadas deben participar en la toma de decisiones relativas al diseño, la ejecución y la fiscalización de la estrategia global de reasentamiento y sus proyectos específicos. Este principio de participación se extiende a las poblaciones que residen en las áreas de reasentamiento en todos los aspectos que les conciernen.

4. Reintegrar las poblaciones desarraigadas, social, económica y políticamente marginadas, creando las condiciones que les permitan constituirse en un factor dinámico del proceso de desarrollo económico, social, político y cultural del país.

5. Priorizar la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, que afectan con particular gravedad las áreas del desarraigo y que corresponden en gran medida a las áreas de reasentamiento.

6. Hacer particular énfasis en la protección de las familias encabezadas por mujeres así como de las viudas y de los huérfanos, que han sido más afectados.

7. Respeto y promoción de las formas de vida comunidades indígenas, mayoritariamente mayas, identidad cultural, costumbres, tradiciones y organización social.

8. Generación de empleos y de ingresos provenientes de la agroindustria, la industria y los servicios, conforme a esquemas apropiados al medio rural y a la preservación de los recursos naturales.

9. Para lograr un mejoramiento de la calidad de la vida, los objetivos del desarrollo rural deben incluir:

i) Seguridad alimentaria local e infraestructura básica de servicios a las poblaciones: vivienda, saneamiento, agua potable, almacenamiento rural, salud y educación.

ii) Incremento de la producción y de la productividad y promoción de mercados locales y regionales de productos e insumos agrícolas, agroindustriales y artesanales.

iii) generación de empleos e ingresos.

iv) uso sostenible y sustentable de los recursos naturales disponibles mediante ordenamiento de recursos a nivel de área.

10. Los proyectos y actividades de integración productiva relacionados con la estrategia global de reasentamiento tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1) Considerar los niveles regionales y locales de las áreas de reasentamiento, y la utilización de instrumentos de ordenamiento territorial para favorecer el uso de los recursos conforme a su mejor potencial.

2) Contar con la capacidad de respuesta de la población, sus niveles de organización y sus expectativas, fomentando una creciente participación organizada e informada.

3) Promover la regularización y titulación de las tierras y de los derechos de agua, para proporcionar el necesario marco de seguridad en el usufructo de esos recursos naturales básicos.

4) Promover el desarrollo de las organizaciones y de las instituciones locales y regionales que permitan la concertación de intereses y la planificación racional del uso de los recursos disponibles.

5) Considerar objetivos sucesivos de desarrollo, a partir de un primer e inmediato objetivo de seguridad alimentaria y adecuada nutrición para las familias y comunidades.

6) Promover mercados locales y regionales de productos e insumos, así como el desarrollo de mecanismos adecuados de comercialización para los productos agrícolas, agroindustriales y artesanales.

7) Incluir el establecimiento de la infraestructura básica de servicios a las poblaciones: vivienda, saneamiento, agua potable, almacenamiento rural, salud y educación.

8) Considerar el mejoramiento y/o la puesta en marcha de servicios permanentes y competentes de apoyo técnico a todas las organizaciones y proyectos, incluyendo el apoyo a las organizaciones no gubernamentales que seleccionen las poblaciones para facilitar la ejecución de sus proyectos.

9) Mejorar y/o establecer servicios rurales de asistencia financiera y crediticia apropiados a las necesidades y posibilidades de las poblaciones involucradas.

10) Realizar programas de capacitación destinados a diversificar y ampliar la capacidad de producción y gestión de los beneficiarios.

ACUERDO SOBRE IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

11 . El Gobierno se compromete a promover ante el Congreso de la República un proyecto de ley que incorpore las disposiciones de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, al Código Penal.

12 . Agotar los trámites tendentes al reconocimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial tal como lo establece el artículo 14 de dicha Convención.

13 . Asegurar la participación de los indígenas en las decisiones relativas a la planificación y ejecución de programas y proyectos culturales mediante sus organismos e instituciones propias.

14 . El Gobierno promoverá ante el Congreso de la República una reforma al artículo 66 de la Constitución Política de la República a fin de estipular que el Estado reconoce, respeta y protege las distintas formas de espiritualidad practicadas por los pueblos maya, garífuna y xinca.

15 . Reconocer el derecho de los pueblos maya, garífuna y xinca de participar en la conservación y administración de los lugares sagrados.

16 . El Gobierno se compromete a impulsar, con la participación de los pueblos indígenas, las medidas legales que aseguren una redefinición de las entidades del Estado encargadas de esta función que haga efectivo este derecho. Lugares sagrados.

17 . En el marco de una campaña de concientización a la población sobre las culturas maya, garífuna y xinca en sus distintas manifestaciones, se informará sobre el valor espiritual y cultural de los trajes indígenas y su debido respeto.

18 . Se reconoce la existencia y el valor de los conocimientos científicos y tecnológicos mayas, así como también los conocimientos de los demás pueblos indígenas. Este legado debe ser recuperado, desarrollado y divulgado.

19 . El Gobierno se compromete a promover su estudio y difusión, y a facilitar la puesta en práctica de estos conocimientos. También se insta a las universidades, centros académicos, medios de comunicación, organismos no gubernamentales y de la cooperación internacional a reconocer y divulgar los aportes científicos y técnicos de los pueblos indígenas.

20 . Perseguir el efectivo cumplimiento del derecho constitucional a la educación que corresponde a toda la población, especialmente en las comunidades indígenas donde se muestran los más bajos niveles de atención educativa, generalizando su cobertura y promoviendo modalidades que faciliten el logro de estos objetivos.

21 . Se consolidará la Franja de Lengua y Cultura Maya para toda la población escolar guatemalteca.

22 . Se promoverá la creación de una Universidad Maya o entidades de estudio superior indígena.

23 . Favorecer la más amplia difusión en idiomas indígenas del patrimonio cultural indígena, en particular maya, así como del patrimonio cultural universal.

a) Abrir espacios en los medios de comunicación oficiales para la divulgación de las expresiones culturales indígenas y propiciar similar apertura en los medios privados.

b) Promover asimismo la derogación de toda disposición del ordenamiento jurídico que obstaculice el derecho de los pueblos indígenas a disponer de medios de comunicación para el desarrollo de su identidad.

c) Reglamentar y apoyar un sistema de programas informativos, científicos artísticos y educativos de las culturas indígenas en sus idiomas, por medio de la radio, la televisión y los medios escritos nacionales.

24. Reconociendo el papel que corresponde a las comunidades, en el marco de la autonomía municipal, para el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, y en particular con relación a la educación, la salud, la cultura y la infraestructura, el Gobierno se compromete a afirmar la capacidad de dichas comunidades en esta materia.

25. Definición de formas para el respeto del derecho consuetudinario y todo lo relacionado con el hábitat en el ejercicio de las funciones municipales, teniendo en cuenta, cuando sea el caso, la situación de diversidad lingüística, étnica y cultural de los municipios.

26. El Gobierno se compromete a promover las reformas legales e institucionales que faciliten, normen y garanticen tal participación.

27. Elaborar dichas reformas con la participación de representantes de las organizaciones indígenas, mediante la creación de una comisión paritaria de reforma y participación, integrada por representantes del Gobierno y de las organizaciones indígenas.

28. Mecanismos obligatorios de consulta con los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar los pueblos maya, garífuna y xinca.

29. Obtener la opinión favorable de las comunidades indígenas previa la realización de cualquier proyecto de explotación de recursos naturales que pueda afectar la subsistencia y el modo de vida de las comunidades.

30. Las comunidades afectadas deberán percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de estas actividades.

31. El Gobierno adoptará o promoverá las siguientes medidas:

a) Suspender las titulaciones supletorias para propiedades sobre las cuales hay reclamos de derechos por las comunidades indígenas

b) Suspender los plazos de prescripción para cualquier acción de despojo a las comunidades indígenas.

32. Promover el aumento del número de juzgados para atender los asuntos de tierras y agilizar procedimientos para la resolución de dichos asuntos.

ACUERDO SOBRE ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y SITUACIÓN AGRARIA

33. Garantizar plena y efectivamente los derechos de los trabajadores urbanos y rurales y de los campesinos a participar como entes organizados en los procesos de concertación con el sector empresarial o a nivel nacional.

34. Permitir sustituir estructuras que generan conflictividad social por nuevas relaciones que aseguren la consolidación de la paz, como expresión de la armonía en la convivencia, y el fortalecimiento de la democracia, como proceso dinámico y perfectible, en el que se pueda constatar un avance en la participación de los distintos grupos sociales en la definición de las opciones políticas, sociales y económicas del país.

35. Reconocer la igualdad de derechos de la mujer y del hombre en el hogar, en el trabajo, en la producción y en la vida social y política y asegurarle las mismas posibilidades que al hombre, en particular para el acceso al crédito, la adjudicación de tierras y otros recursos productivos y tecnológicos.

36. Garantizar que la mujer tenga igualdad de oportunidades y condiciones de estudio y capacitación, y que la educación contribuya a desterrar cualquier forma de discriminación en contra suya en los contenidos educativos.

37. Garantizar a las mujeres el acceso, en igualdad de condiciones, a vivienda propia, eliminando las trabas e impedimentos que afectan a las mujeres en relación al alquiler, al crédito y a la construcción.

38. Revisar la legislación laboral, garantizando la igualdad de derechos y de oportunidades para hombres y mujeres.

39. En el área rural, reconocer a las mujeres como trabajadoras agrícolas para efectos de valoración y remuneración de su trabajo.

40. Legislar para la defensa de los derechos de la mujer trabajadora de casa particular, especialmente en relación con salarios justos, horarios de trabajo, prestaciones sociales, y respeto a su dignidad.

41. Garantizar el derecho de organización de las mujeres y su participación, en igualdad de condiciones con el hombre, en los niveles de decisión y poder de las instancias local, regional y nacional.

42. Asegurar, en forma integrada, la eficiencia económica, el aumento de los servicios sociales y la justicia social; promoviendo, orientando y regulando el desarrollo socioeconómico del país.

43. El Gobierno se compromete a adoptar políticas económicas tendientes a alcanzar un crecimiento sostenido del producto interno bruto a una tasa no menor del 6% anual, que permita una política social avanzada.

44. Se compromete a una política social cuyo objetivo sea el bienestar de todos los guatemaltecos, con prioridad en la salud, la nutrición, la educación y capacitación, la vivienda, el saneamiento ambiental y el acceso al empleo productivo e ingresos dignos.

45. Asegurar una prestación eficiente de servicios por el sector público, teniendo en cuenta que la obligación del Estado es asegurar el acceso de la población a servicios de calidad.

46. Reestructurar el presupuesto en beneficio del gasto social.

47. Priorizar los sectores de la sociedad más necesitados y las áreas del país más desprovistas, sin desatender a los otros sectores de la sociedad.

48. Evitar la perpetuación de la pobreza y de las discriminaciones sociales, étnicas, hacia la mujer y geográficas, en particular las debidas a la brecha campo-ciudad.

49. Contribuir a la incorporación del progreso técnico y científico, y, por consiguiente, al logro de crecientes niveles de productividad, de una mayor generación de empleo y de mejores ingresos para la población, y a una provechosa inserción en la economía mundial.

50. El Gobierno de la República se compromete a entregar puntualmente a la Universidad de San Carlos la asignación privativa que por mandato constitucional le corresponde

51. Basarse en una concepción integral de la salud (prevención, promoción, recuperación y rehabilitación), una práctica humanista y solidaria que enfatice el espíritu de servicio, aplicado a todos los niveles del sector público de salud del país.

52. Bajo la coordinación del Ministerio de Salud, concertar con instituciones públicas, incluyendo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, privadas y no gubernamentales que intervienen en este sector, la puesta en práctica de las acciones que permitan universalizar el acceso de toda la población guatemalteca a los servicios integrales de salud.

53. Dar prioridad a la lucha contra la desnutrición, al saneamiento ambiental, la salud preventiva, las soluciones de atención primaria, especialmente el materno infantil.

54. El Gobierno se compromete a presupuestar por lo menos 50% del gasto público en salud a la atención preventiva, y se compromete a reducir la mortalidad infantil y materna, antes del año 2000, a un 50% del índice observado en 1995.

55. Hacer efectiva la inserción del IGSS, en el sistema coordinado de salud.

56. Crear condiciones que faciliten la incorporación plena de todos los trabajadores a la seguridad social.

57. Llevar a cabo una estrecha articulación con políticas de ordenamiento territorial, en particular planificación urbana y protección ambiental, que permita el acceso de los pobres a la vivienda con servicios y en condiciones de higiene y sostenibilidad ambiental.

58. Actualizar las normas de salubridad y seguridad aplicables a la construcción y supervisar su cumplimiento; coordinar con las municipalidades del país para que existan normas homogéneas, claras y sencillas para la construcción y supervisión, persiguiendo la buena calidad y adecuada seguridad de la vivienda.

59. Incentivar la oferta de servicios, soluciones habitacionales y material de construcción de calidad y costo adecuados; en este contexto, aplicar normas antimonopolio en la producción y comercialización de materiales y servicios de construcción de conformidad con el artículo 130 de la Constitución.

60. Promover la legalización, acceso y registro de terrenos, no solamente alrededor de la ciudad de Guatemala, sino también para el desarrollo urbano en las cabeceras y municipios del país, así como la ejecución de proyectos habitacionales en aldeas y fincas, especialmente para vivienda rural.

61. El Gobierno se compromete a dedicar a la política de fomento de la vivienda el equivalente de no menos del 1.5% del presupuesto de ingresos tributarios, a partir de 1997, con prioridad al subsidio de la demanda de soluciones habitacionales de tipo popular.

62. Mediante una política económica orientada a incrementar la utilización de mano de obra, crear las condiciones que permitan alcanzar niveles crecientes y sostenidos de ocupación, reduciendo fundamentalmente el subempleo estructural y permitiendo elevar progresivamente el ingreso real de los trabajadores.

63. Que fortalezcan la capacidad de fiscalización del cumplimiento de las normas laborales de derecho interno y las derivadas de los convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala.

64. Instaurar un proceso permanente y moderno de capacitación y formación profesional que garantice la formación a todo nivel y el correspondiente incremento de la productividad, a través de un proyecto de ley que norme la formación profesional a nivel nacional.

65. Para el caso de trabajadores agrícolas aún sujetos a contratación mediante contratistas, se propondrán reformas tendientes al reconocimiento jurídico, ágil y flexible de formas asociativas que permiten negociar dicha contratación.

66. Promover una cultura de la negociación y, en particular, la capacitación de los interlocutores para dirimir disputas y concertar acciones en beneficio de las partes involucradas.

67. La resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural, y que es la más afectada por la pobreza, la pobreza extrema, las iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales.

68. La transformación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra constituya para quienes la trabajan base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad.

69. Promover un agro más eficiente y más equitativo, fortaleciendo el potencial de todos sus actores, no solamente en el ámbito de las capacidades productivas sino también en la profundización de las culturas y los sistemas de valores que conviven e intercambian en el campo guatemalteco.

70. El Gobierno se compromete, mediante el presente Acuerdo, a impulsar una estrategia integral que abarque los múltiples elementos que conforman la estructura agraria y que incluyen la tenencia de la tierra y el uso de los recursos naturales; los sistemas y mecanismos de crédito; el procesamiento y la comercialización; la legislación agraria y la seguridad jurídica; las relaciones laborales; la asistencia técnica y la capacitación; la sostenibilidad de los recursos naturales y la organización de la población rural.

71. Tierras ociosas que se expropien de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución

72. Tierras que se adquieran con recursos provenientes de la venta de excesos de tierras que pudieran resultar en las propiedades privadas al comparar la medida real con la superficie registrada en el registro de la propiedad inmueble y que corresponden al Estado.

73. Tierras que pudiera adquirir el Estado en aplicación del artículo 40 del Decreto 1551.

74. Propiciar la emisión de valores hipotecarios, con garantía del Estado, cuyo rendimiento sea atractivo para el mercado privado y particularmente para las instituciones financieras.

75. Afrontar el problema del minifundio mediante:

i) Una política firme y sostenida de apoyo a los minifundistas para que se conviertan en pequeños empresarios agrícolas, mediante acceso a capacitación, tecnología, crédito y otros aportes.

ii) Promover, si los minifundistas lo desean, una concentración parcelaria en aquellos casos en que la conversión en pequeñas empresas no sea posible debido a la dispersión y tamaño de las propiedades.

76. Promover una revisión y adecuación de la legislación sobre tierras ociosas de manera que cumpla con lo estipulado en la Constitución y regular, incluyendo incentivos y sanciones, la subutilización de las tierras y su uso incompatible con la utilización sostenible de los recursos naturales y la preservación del ambiente.

77. Proteger las tierras ejidales y municipales, en particular limitando estrictamente y de manera pormenorizada los casos en que se puedan enajenar o entregar por cualquier título a particulares.

78. Restituir o compensar, según el caso al Estado, las municipalidades, comunidades o personas cuyas tierras hayan sido usurpadas, o que con abuso de autoridad hayan sido adjudicadas de manera anómala o injustificada.

79. En el caso de litigios judiciales, otorgar asesoría y asistencia legal gratuita a los campesinos y/o sus organizaciones que lo soliciten.

80. Recibir denuncias sobre abusos que se cometan en contra de las comunidades, de las organizaciones campesinas y de los campesinos individuales y hacerlas del conocimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos y/o de cualquier otro mecanismo de verificación nacional o internacional.

81. El Gobierno se compromete a promover una mejor participación de los trabajadores rurales en los beneficios del agro y una reorientación de las relaciones laborales en el campo.

82. Pondrá particular énfasis en la aplicación a los trabajadores rurales de la política laboral definida en el capítulo correspondiente del presente acuerdo. Una política de protección laboral enérgica, combinada con una política de capacitación laboral, responde a una exigencia de justicia social. Es también necesaria para atacar la pobreza rural y estimular una transformación agraria hacia un uso más eficiente de los recursos naturales y humanos. En virtud de ello, el Gobierno se compromete a:

a) Asegurar la vigencia efectiva de la legislación laboral en las áreas rurales.

b) Prestar atención urgente a las prácticas abusivas de las cuales son víctimas los trabajadores rurales migrantes, mozos colonos y jornaleros en el contexto de la contratación por intermediario, medianía, pago en especie y uso de pesas y medidas. El Gobierno se compromete a adoptar sanciones administrativas y/o penales, contra los infractores.

83. Promover para el año 1997 la legislación y los mecanismos para la aplicación, en consulta con las municipalidades, de un impuesto territorial en las áreas rurales de fácil recaudación por dichas municipalidades. El impuesto, del cual serán exentas las propiedades de pequeña superficie, contribuirá a desestimular la tenencia de tierras ociosas y la subutilización de la tierra. Estos mecanismos en su conjunto no deberán incentivar la deforestación de tierras de vocación forestal.

84. Establecer una nueva escala impositiva para el impuesto anual sobre tierras ociosas, que fije impuestos significativamente más altos a las tierras ociosas y/o subutilizadas de propiedad particular.

85. Establecer la carrera de servicio civil.

86. Ejecución eficiente del presupuesto, con énfasis en su descentralización, desconcentración y fiscalización.

87. El Gobierno se compromete a que, antes del año 2000, la carga tributaria en relación al producto interno bruto se haya incrementado en, por lo menos, un 50% con respecto a la carga tributaria de 1995.

88. Evaluar y regular estrictamente las exenciones tributarias con miras a eliminar los abusos.

ACUERDO SOBRE EL FORTALECIMIENTO DEL PODER CIVIL Y

FUNCIÓN DEL EJÉRCITO EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

89. El Congreso de la República está llamado a jugar un papel fundamental en la representación de la sociedad guatemalteca, como Organismo donde se asuma en forma institucional y de armónica integración de intereses, la situación de conjunto del país.

90. Para fortalecer la legitimidad del Organismo Legislativo, éste tiene que cumplir a cabalidad con las siguientes responsabilidades: a) La función legislativa en beneficio del pueblo de Guatemala.

91. La reforma del artículo 157 de Constitución de manera que los diputados no puedan ser reelectos más de dos veces en forma consecutiva, de forma de no impedir la carrera parlamentaria pero a la vez permitir la renovación de nuevos liderazgos políticos en el Congreso.

92. Promover ante el Congreso de la República la reforma de los siguientes artículos de la Constitución Política:

a) Artículo 203: El artículo debe contener una referencia inicial a las garantías de la administración de justicia y, como tal, incluir: el libre acceso y en el propio idioma; el respeto por el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del país; la defensa de quien no puede pagarla; la imparcialidad e independencia del juzgador; la solución razonada y pronta de los conflictos sociales y la apertura a mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

b) En párrafo aparte debe recogerse el contenido actual del artículo 203, sintetizado.

c) Artículos 207, 208 y 209: Deben referirse a la Ley de la Carrera judicial,

estableciendo como sus contenidos: - Derechos y responsabilidades de los jueces, dignidad de la función y adecuado nivel de remuneraciones; - Sistema de nombramiento y ascenso de jueces con base en concursos públicos, que busquen la excelencia profesional; - Derecho y deber de formación y perfeccionamiento en la función; - Régimen disciplinario, con garantías, procedimientos, instancias y sanciones pre-establecidas, así como el principio de que un juez/magistrado no puede ser investigado y sancionado sino por quien tiene funciones jurisdiccionales.

d) Artículo 210: La garantía contenida en el segundo párrafo debería eliminarse, puesto que su contenido será absorbido por los tres artículos anteriores. El presente artículo debe referirse sólo a los servidores del Organismo judicial que no son jueces o magistrados;

93. Promover ante el Congreso de la República las siguientes reformas legales: Carrera judicial

a) Establecer la Carrera Judicial prevista por el artículo 209 de la Constitución Política, de conformidad con los contenidos del presente acuerdo.

94. Se promoverá la emisión de una nueva Ley de Orden Público en consonancia con los principios democráticos y el fortalecimiento del poder civil. Todo exceso en la aplicación de la nueva ley será debidamente sancionado. Las limitaciones que en interés del mantenimiento del orden público la ley establezca en ningún caso deben permitir excesos que contravengan la vigencia general de los derechos humanos ni facultarán a las autoridades a limitar otros derechos que los consignados en el artículo 138 de la Constitución.

95. Las comunidades participarán a través de sus representantes en la promoción de la carrera policial, la propuesta de candidatos que llenen los requisitos correspondientes y el apoyo a los agentes a cuyo cargo estará la seguridad pública a nivel local.

96. El Gobierno se propone que el gasto público ejecutado en seguridad pública con relación al PIB, para el año 2000, sea incrementado en 50% respecto del gasto ejecutado en 1995.

97. Otorgar responsabilidad sobre la materia al Ministerio de Gobernación. Lo referente a la tenencia y portación de armas ofensivas se considerará en casos muy excepcionales y calificados, y para ello se deberá contar con la opinión del Ministerio de la Defensa.

98. Transferir los registros que actualmente se encuentran en depósito en el Departamento de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa al Ministerio de Gobernación, con la verificación de la MINUGUA, en un proceso que concluirá a finales de 1997.

99. Se promoverán las reformas a la Ley Constitutiva del Ejército que se deriven de las reformas a la Constitución Política de la República, así como las que se deriven de los acuerdos de paz.

100. Debe formularse una nueva doctrina militar de acuerdo con las reformas previstas en el presente Acuerdo. La doctrina estará orientada al respeto de la Constitución Política de la República, a los derechos humanos, a los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala en materia militar, a la defensa de 'la soberanía e independencia nacional, a la integridad del territorio del país Y al espíritu de los acuerdos de paz firme y duradera.

101. El Gobierno adoptará las políticas más adecuadas para la adquisición de armas y equipo bélico de acuerdo a las nuevas funciones del Ejército.

Deberá considerarse el funcionamiento de la Fábrica de Municiones a efecto de que pueda cubrir las necesidades de las fuerzas de seguridad pública civil.

El Gobierno promoverá ante el Congreso de la República las siguientes reformas a la Constitución Política de la República:

a) Con relación a las funciones del Presidente de la República, incluir la siguiente: "Cuando los medios ordinarios para el mantenimiento del orden público y la paz interna resultaren rebasados, el Presidente de la República podrá excepcionalmente disponer del Ejército para este fin. La actuación del Ejército tendrá siempre carácter temporal se desarrollará bajo la autoridad civil y no implicará limitación alguna en el ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Para disponer estas medidas excepcionales, el Presidente de la República emitirá el acuerdo correspondiente. La actuación del Ejército se limitará al tiempo y las modalidades estrictamente necesarios, y cesará tan pronto se haya alcanzado su cometido. El Presidente de la República mantendrá informado al Congreso sobre las actuaciones del Ejército, y el Congreso podrá en cualquier momento disponer el cese de estas actuaciones. En todo caso, dentro de los quince días siguientes a la terminación de éstas, el Presidente de la República presentará al Congreso un informe circunstanciado sobre la actuación del Ejército.

b). Reformar el artículo 246 titulado "Cargos y atribuciones del Presidente en el Ejército" suprimiendo la frase del literal b) de dicho artículo, que dice: "Puede, asimismo, conceder pensiones extraordinarias".

c) Reformar el artículo 183 titulado "Funciones del Presidente de la República" suprimiendo el inciso r) y modificando el texto del inciso t) de la siguiente manera: "Conceder pensiones extraordinarias".

104. En consonancia con lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Política, el Gobierno promoverá la tipificación del delito por tenencia de registros y archivos ilegales de información política sobre los habitantes de Guatemala.

105. Modernizar la administración pública, haciendo públicos los mecanismos de selección y clasificación del personal de todas las dependencias del Organismo Ejecutivo y revisando su integración de manera que los empleados y funcionarios llenen los criterios de honradez y capacidad.

106. Establecer la Carrera de Servicio Civil.

107. Tomar las medidas correspondientes a fin de propiciar que las organizaciones de carácter político y social adopten políticas específicas tendientes a alentar y favorecer la participación de la mujer como parte del proceso de fortalecimiento del poder civil.

108. Determinar que en todas las formas de ejercicio del poder, se establezcan y garanticen oportunidades de participación a las mujeres organizadas o no.

109. El Gobierno se compromete a diseñar y ejecutar después de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera programas que permitan la reinserción productiva de los miembros del Ejército que sean desmovilizados en virtud del presente Acuerdo, salvo aquellos que hayan sido sentenciados por la comisión del algún delito.

110. Estos planes concluirán en un plazo de un año. El Gobierno impulsará los planes para la obtención de los fondos correspondientes.

ACUERDO SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES Y RÉGIMEN ELECTORAL

111. Reformas constitucionales o legales que fueran necesarias para mantener la consistencia y congruencia con las reformas propuestas por las Partes.

112. Reconocer que la conformación misma de la sociedad, sin perjuicio de su unidad nacional y del Estado, está caracterizada como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe.

113. Reconocimiento de la especificidad de la espiritualidad indígena como componente esencial de su cosmovisión y de la trasmisión de sus valores.

114. Oficialización constitucional de los idiomas indígenas, como uno de los pilares sobre los que se sostiene la cultura nacional y como medio de la adquisición y trasmisión de la cosmovisión indígena, de sus conocimientos y valores culturales.

115 Campaña de información Pública. Para la efectividad de estas campañas se debería tener en cuenta la importancia que tiene la utilización de los distintos idiomas de los pueblos indígenas conforme lo convenido en el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. (FIN)

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