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Terrorismo con fines de desorden publico social
Por Carlos Enrique Mejía Paz - Guatemala, 28 de enero de 2020

TERRORISMO CON FINES DE DESORDEN PÚBLICO SOCIAL, SERA SANCIONADO CON PRISIÓN DE SEIS A DOCE AÑOS INCONMUTABLES, SIN PERJUICIO DE LAS PENAS ASIGNADAS A LOS DELITOS COMETIDOS.

5692 Iniciativa de Ley que dispone aprobar reforma al Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal, presentada por el Organismo Ejecutivo, por medio del Presidente de la República Alejandro Eduardo Giammattei Falla, a Dirección Legislativa.

· Aún no se conoce en el Pleno del Congreso de la República.

La creciente incidencia criminal que afecta a la población guatemalteca, producto de distintas y variadas actividades ilícitas realizadas por distintos grupos delincuenciales existentes en el territorio nacional, denominadas pandillas o maras, caracterizados por su alta criminalidad, simbología y territorialidad, cuya finalidad es obtener beneficios económicos a costa de crear zozobra en la población, mediante el uso excesivo y abuso de la violencia, en detrimento de la paz y convivencia social, irrespetando el Estado Democrático de Derecho y los derechos humanos fundamentales de la población, sin que exista un instrumento legal eficaz para combatir y erradicar estos grupos criminales.

Los altos índices de criminalidad que permanecen en la actualidad, causan desconfianza social para el ciudadano común y en general para todos los guatemaltecos que diariamente enfrentan el flagelo de la inseguridad producto de la existencia de pandillas o maras, que han logrado un alto grado de conflictividad social, han provocado la muerte violenta de personas inocentes en perjuicio de familias guatemaltecas, y han sido responsables de actos atroces y deleznables, que han quedado en la impunidad, producto de la ineficacia del sistema de justicia penal.

Estos grupos delincuenciales, durante su existencia han infundido terror y temor social por medio de extorsiones, a través de la coacción y la amenaza, resultando la negativa en la muerte violenta de sus víctimas, acciones que hoy demandan justicia y seguridad. Estos grupos criminales vulneran derechos, que van desde los de sus propios pares, pasando por los de las personas que cohabitan en el territorio con el cual se identifican, hasta los derechos a la seguridad, la propiedad y aún la seguridad nacional.

Las pandillas o maras, han penetrado en la sociedad guatemalteca, que incluso han infundido un sentido de pertenencia a determinado territorio, lo cual otorga a la pandilla o mara una estratégica acumulación de poder, así como un espacio físico donde se construye esa identidad. Durante los últimos años se ha evidenciado el incremento en la participación de niños, niñas y adolescentes vulnerables ante la presencia de estos grupos criminales, a quienes les encomiendan la realización de actividades ilícitas y criminales, aprovechándose de su condición de inimputables, lo cual pone en evidencia la necesidad de regular la responsabilidad penal específica de quienes promueven, integran y financian la existencia de estos grupos criminales.

Por lo que propone adicionar el artículo 391 bis al Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República, el cual se propone que quede así:

Artículo 391 Bis. Terrorismo con fines de desorden público Social. Quien con el propósito de transgredir la paz social o el orden público del Estado, se organice, constituya o pertenezca a grupos criminales caracterizados por su territorialidad, alta criminalidad y simbología, ejecutare actos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas, dañe o se apropie injustamente de propiedad privada o pública, atente contra la salud pública o la seguridad ciudadana, realice acciones intimidatorias o de coacción en forma pública con finalidad patrimonial en contra de personas individuales y jurídicas, comercio o servicios públicos, será sancionado con prisión de seis a doce años inconmutables, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos.

Igual sanción corresponderá a quienes promuevan, financien o se beneficien directamente de las actividades que realicen estos grupos criminales.

La pena se aumentará en una tercera parte a los jefes, cabecillas, líderes o dirigentes de estos grupos criminales.

A los condenados por la comisión de este delito, no podrá concedérseles rebaja de la pena, por ninguna causa.

El ponente pretende que esta iniciativa sea aprobada de urgencia nacional con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, en un solo debate y que entre en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial.

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