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Potestad legislativa
Por Carlos Enrique Mejía Paz - Guatemala, 9 de junio de 2021

 

La corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelectos. Su función básica es Decretar, reformar y derogar las leyes.

Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Ninguna iniciativa de ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad.

Toda iniciativa de Ley requiere para su trámite, en el mejor de los casos un estudio de antecedentes, y para su presentación debe contar con la una exposición de motivos que ilustre las razones por las cuales se presenta, un máximo de cinco considerandos, el por tanto basado en lo que establece la Constitución y la Ley del Organismo Legislativo, luego debe presentarse el número de artículos, de ser posible separar por Títulos y luego capítulos, establecer las disposiciones transitorias y finales, y por supuesto la vigencia. En uno de los artículos se debe indicar la fuente de financiamiento.

La iniciativa de Ley deberá presentarse en forma física y digital a Dirección Legislativa, quien al recibir asignará un número correlativo para su identificación, lo pondrá a conocimiento de la Junta Directiva del Congreso, y está en reunión de Jefes de Bloques, lo propondrá para que se incluya en el Orden del Día, para que el Pleno del Congreso de la República la conozca, seguidamente la Junta Directiva del Congreso, decide el traslado a una o varias Comisiones de trabajo legislativo para que se estudie, analice y proceda a elaborar el dictamen correspondiente en 45 días hábiles.

El Dictamen favorable, contendrá el Proyecto de Decreto, el cual se pondrá a discusión en tres sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados que lo integran. Cuando se apruebe en redacción final, se le asigna el Número correlativo que corresponde.

Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de diez días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación.

El Presidente de la República dentro de los quince días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los quince días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los ocho días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros ocho días del siguiente período de sesiones ordinarias.

Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del pleno en la siguiente sesión, y el congreso, en un plazo no mayor de treinta días podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las dos terceras partes del total de sus miembros el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de tres días, para que surta efecto como ley de la República.

La ley empieza a tener vigencia en todo el territorio nacional, ocho días después de su publicación integra en el diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Las disposiciones del Congreso no necesitan de sanción del Ejecutivo.

 

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