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Análisis y discusión sobre reformas electorales
Por Carlos Enrique Mejía Paz - Guatemala, 11 de junio de 2021


EN LA COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES DEL CONGRESO, ESTÁN ANALIZANDO LAS PROPUESTAS DE REFORMAS A LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS, ESTOS SON ALGUNOS ASPECTOS DE DOS INICIATIVAS DE LEY QUE ESTÁN EN ESTUDIO y QUE DEBERÁN DICTAMINAR COMO CORRESPONDE.

1. Que al momento de obtener el Documento Personal de Identificación DPI, automáticamente quede inscrito en el sistema del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.

2. Al momento de fallecer cualquier ciudadano, el Registro Nacional de las Personas, RENAP, automáticamente debe informar al Registro de Ciudadanos, para hacer las anotaciones que corresponden.

3. Podrán votar en el extranjero los guatemaltecos que residan fuera del país o que declaren que estarán fuera del mismo cuando se celebren las votaciones para elegir Presidente y Vicepresidente.

4. Proponen conceder el derecho al voto de los cuerpos de policía.

5. En relación a la fiscalización a la Contraloría General de Cuentas corresponderá la fiscalización de recursos provenientes de la deuda política, siempre en coordinación con el órgano competente del Tribunal Supremo Electoral.

6. Los bancos del sistema estarán obligados a abrir y mantener las cuentas bancarias que se establecen en la presente ley, siempre que reúnan los requisitos que establece la legislación bancaria.

7. Si se produjere una segunda elección para Presidente y Vicepresidente, los partidos que participen en la misma recibirán el equivalente a diez centavos de dólar (US 0.10) por cada voto válido en esa segunda elección.

8. Queda prohibido a las organizaciones políticas recibir contribuciones de cualquier índole, provenientes de: 1. Estados y de personas individuales o jurídicas extranjeras; se exceptúan las contribuciones que se destinen a la formación política de dichas organizaciones. 2. Las contribuciones a favor de organizaciones políticas, deberán realizarse de conformidad con los requisitos bancarios y financieros a los que se sujeten dichos aportes, en función de su monto y procedencia. Para tales efectos, la organización política está obligada a emitir recibo contable autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria para cada una. Las contribuciones en ningún caso podrán ser anónimas. Los partidos políticos tienen la obligación de determinar e identificar para fines de reportes de contribuciones la procedencia de todas las contribuciones. Los partidos políticos podrán establecer cuotas voluntarias de sus afiliados y simpatizantes, las que constarán en sus estatutos y serán registradas en un libro denominado "aportes de miembros del partido ". Queda prohibido hacer donaciones de cualquier especie a favor de los candidatos, y las personas vinculadas o relacionadas con ellos, todas las donaciones deberán canalizarse a través de la organización política. 3. Las organizaciones políticas a través de sus comités nacionales, deben llevar registros contables organizados de conformidad con las leyes de la materia; y, sin perjuicio de la obligación anterior, la obligación de las organizaciones políticas y financistas políticos de llevar los siguientes libros: a) Libro de contribuciones en efectivo, en el cual deberán contabilizarse todas las contribuciones realizadas al partido político y cualquier contribución realizada por un financista político, en beneficio de una persona que sea candidato del partido político. b) Libro especial de contribuciones en especie, en el cual se deberán establecer a valor de mercado el valor de todas las contribuciones. Libro especial de contribuciones en especie, en el cual se deberán establecer a valor de mercado el valor de todas las contribuciones. Cuando una persona sea inscrita como candidato de un partido político, toda contribución en efectivo o en especie realizada por financista político en beneficio de dicha persona, se considerará como parte de las contribuciones en efectivo y en especie, que deberán constar en dicho libro. c) Libro especial de contribuciones para formación política por entidades extranjeras, en el que se deberán detallar los ingresos y gastos por formación política. Dentro de dichos libros, las organizaciones políticas deberán consolidar las contribuciones realizadas al partido político. d) Libro especial de contribuciones para formación política. Los registros contables de los partidos políticos son públicos. Estos serán habilitados dentro de los quince días siguientes a la fecha en que el partido político quede legalmente inscrito.

9. Existe una propuesta de eliminar el tema de la rendición de cuentas de los Partidos Políticos.

10. En la Elección del Comité Ejecutivo Nacional, si la Asamblea lo aprueba se utilizará voto secreto utilizando urnas para el efecto y fiscalizado por tres miembros de cada planilla.

11. Proponen derogar lo siguiente. El ejercicio del cargo de Secretario General Nacional es incompatible con el desempeño de cargo o empleo público o prestación de servicios profesionales en el Organismo Ejecutivo, en el caso del partido que hace gobierno. Esta incompatibilidad se extiende a los secretarios generales nacionales de los partidos que hayan competido en coalición.

12. El Tribunal Supremo Electoral, impondrán sanciones a las organizaciones políticas y/o candidatos, según el grado de responsabilidad, por infracción a normas de la presente Ley y a las que rigen su constitución y funcionamiento. Dependiendo de la gravedad de la infracción y de la jurisdicción ya sea nacional, departamental o municipal según corresponda, siempre deberá respetarse un orden de prelación, es decir, que debe darse una gradación en su imposición. Las sanciones antes citadas se pueden imponer a las organizaciones políticas y/o a los candidatos que participen en el proceso electoral. Es responsable directamente el candidato o cualquier persona individual que incurra en alguna infracción sin consentimiento de la organización política. La sanción impuesta no exime el cumplimiento de la obligación infringida, por lo que su continuidad dará lugar a una nueva sanción, la cual será más grave respetando siempre el orden de prelación. Para la imposición de cualquiera de las sanciones a que da lugar la presente ley, se deberá garantizar el derecho de defensa, derecho de audiencia y el debido proceso, derivado de lo cual, previo a imponer cualquier sanción, el director general del Registro de Ciudadanos luego de tener conocimiento de cualquier hecho que podría conllevar algún tipo de penalidad, deberá correr audiencia por un plazo de cinco días a: la organización política, al candidato, al afiliado y a cualquier persona que pueda tener interés en el asunto, si fuere necesario y así fuere requerido luego de evaluar la audiencia, se abrirá a prueba por un plazo de 8 días. Luego de cumplido con el procedimiento anterior el director general del Registro de Ciudadanos deberá dictar la resolución correspondiente

Todas las sanciones que se impongan podrán ser impugnadas mediante los recursos que establece la presente ley, en la forma y tiempo establecidos. Estando firme la resolución que impone la penalidad, ésta deberá cumplirse inmediatamente, dejando de cometer el hecho, el acto que dio lugar a su aplicación o en su caso, deberá corregirse o cumplirse la omisión; caso contrario el Director General del Registro de Ciudadanos, ante la falta de cesación del hecho o acto que dio lugar a la imposición de la sanción o ante la continuidad de la omisión, podrá sancionar nuevamente por la continuidad del hecho, acto u omisión, luego de estar firme la resolución, pudiendo en este caso, imponer la sanción correspondiente conforme el orden de prelación. Las personas individuales o jurídicas que contravengan lo establecido en la presente ley, también serán sancionadas.

13. En el tema de las multas proponen modificarlas: Esta vigente el pago en dólares y proponen que se cambie al pago en salarios mínimos. Pretenden derogar lo siguiente: La multa se impondrá por cada valla, por medio de comunicación escrito y por tiempo de aire y medio de comunicación;

14. Se entenderá como propaganda ilegal de personas individuales, el proceso en el cual quienes con intención a postularse como candidatos para acceder a un cargo público, hacen el llamado al voto. No será inscrito como candidato quien haga campaña haciendo llamado al voto a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, o promoviendo candidaturas, a favor de terceros o determinada organización política, en los diferentes medios de comunicación social, incluyendo redes sociales antes de la convocatoria oficial.

15. Modifican el recurso de apelación y lo modifican por el de nulidad.

16. Sobre el Presupuesto del TSE. Previo a que se celebren procesos electorales o procedimientos consultivos, la asignación indicada se aumentará en la cantidad que sea necesaria para satisfacer los egresos inherentes al proceso de elecciones, conforme la estimación que apruebe y justifique previamente el Tribunal Supremo Electoral. Dicha cantidad deberá ser incorporada al Presupuesto General de Ingresos del Estado y entregada al Tribunal como mínimo el 50% un año antes de la convocatoria de dichos procesos electorales, o procedimiento consultivo y el resto en el mes de enero del año electoral.

17. El Tribunal Supremo Electoral podrá crear las dependencias pertinentes para el mejor desarrollo de sus funciones, las cuales deberán ser reglamentadas al momento de su creación. Asimismo, debe ajustar su estructura orgánica para hacerla funcional y asegurar el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que le corresponden de acuerdo con esta ley. La estructura tendrá que ser gestionada, a través de sistemas, en los que se establezcan requerimientos mínimos para su implementación y base estandarizada, para la evaluación del cumplimiento de las atribuciones que correspondan a los órganos y dependencias que integran la institución.

18. El proceso de inscripción en el Registro de Ciudadanos, de los guatemaltecos mayores de edad, conforme lo estipulado en el artículo 8 de esa ley, implica que el Tribunal Supremo Electoral tendrá acceso inmediato a la información que produce y sistematiza el Registro Nacional de las Personas, conforme lo estipulado en los artículos 56 y 70 del Decreto 90-2005 del Congreso de la República, incluyendo los datos de residencia del inscrito, la que será reservada. El Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas deberán tomar las medidas que garanticen la operatividad de los sistemas informáticos.

19. El Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones supervisará las funciones del Centro de Procesamiento de Datos, en lo que se refieren a la formación del registro de electores y a la elaboración de los padrones electorales y tendrá, además, las siguientes funciones: a) Coordinar con el Registro Nacional de las Personas y otras entidades el intercambio de información para asegurar la inscripción de ciudadanos en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y la actualización del padrón electoral; b) Proveer las propuestas técnicas que permitan evitar el traslado de votantes de un municipio a otro, conforme lo establece el artículo 13 de esta ley. Esas propuestas técnicas deben hacerse con la participación de las organizaciones políticas como está contemplado en el cuarto párrafo del artículo 225 de esta ley; c) Velar por la exactitud y oportuna elaboración de los documentos relacionados con elecciones, conforme al reglamento y acuerdos que dicte el Tribunal Supremo Electoral. d) En Coordinación con la Dirección General de y a las Juntas Electorales.

20. Las Juntas Electorales Departamentales y las Juntas Electorales Municipales, son órganos de carácter temporal, encargados de un proceso electoral en su respectiva jurisdicción. Tendrá su sede en la cabecera departamental o municipal respectiva y el Tribunal Supremo Electoral deberá asignarles el presupuesto adecuado, a la realidad socioeconómica de cada región del país, para su funcionamiento, el que deberá tener disponible para su ejecución desde su integración, con el debido acompañamiento de la auditoria electoral.

21. Para ser miembro de las juntas electorales departamentales y de las juntas electorales municipales, se requiere: a) Hallarse en el ejercicio de sus derechos de ciudadano. b) Radicar en el municipio correspondiente. c) Ser alfabeto; d) No desempeñar cargo directivo alguno en organizaciones políticas; y e) Cumplir con los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, a que se refiere el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

22. Modifican dos incisos sobre las juntas receptoras de votos tienen las siguientes atribuciones y obligaciones: h) Elaborar las actas correspondientes conforme a los modelos manuales o digitales que se puedan implementar por parte del Tribunal Supremo Electoral. j) En el proceso de votación manual y/o electrónica, depositar las papeletas electorales usadas y no usadas, así como las actas en las bolsas correspondientes, las cuales deberán contar con las medidas de seguridad necesarias.

23. Pretender derogar el recurso de Amparo vigente. Las resoluciones, acuerdos y actos que el Tribunal Supremo Electoral dicte o ejecute, podrán ser objeto de amparo en los casos previstos en la ley constitucional de la materia.

24. Pretender eliminar la Planilla de Diputados Distrital de la representación proporcional de minorías

25. Si en los sistemas de votación, los votos nulos sumados en alguno de dicho sistema, fueren más de la mitad de los votos válidamente emitidos, el Tribunal Supremo Electoral acordará y declarará en única instancia la nulidad de las elecciones en donde corresponda y se repetirán éstas, por única vez, pudiendo los partidos políticos y en su caso los comités cívicos electorales, participar con los candidatos ya inscritos, o postular nuevos, a los cargos públicos correspondientes. a) Las elecciones de diputados por distritos se llevarán a cabo por el método de representación proporcional de minorías con derecho a voto preferente. Cada elector tendrá derecho a votar únicamente en una boleta por elección. El elector podrá votar por lista marcando una equis sobre la nómina o emitir voto preferente así: en los distritos de uno a tres diputados, cada elector podrá señalar un candidato o candidata de su preferencia; b) en los distritos que eligen entre cuatro y siete diputaciones, cada elector podrá señalar dos preferencias, marcando a la par del nombre de su primera preferencia el número uno (1) y a la par de su segunda preferencia el número dos (2); c) En las listas de ocho a diecinueve diputados, cada elector podrá indicar con números uno (1) por su primera, dos (2) por la segunda y tres (3) para su tercera preferencia. Si marcara más del número de preferencias que tiene permitido, solo se tomarán en cuenta las que esta ley establece sin que eso invalide el voto. Para efectos de aplicación del presente artículo, se entiendo por: a) Voto por lista. Cuando el elector vota marcando: i. todo el espacio correspondiente a la lista del partido político, dentro de la papeleta; ii. El símbolo del partido político, o su casilla correspondiente; iii. Uno o más candidatos de la lista de un mismo partido político. b) Voto preferente: i. Cuando el elector vota por uno o más candidatos dentro del listado del partido político, marcando la casilla específica del candidato que desea elegir o marcando un número que indique su primera, segunda o tercera preferencia; ii. Cuando el elector marca la casilla de un candidato específico y el símbolo del partido que lo postula. Es voto nulo, para efectos específicos del sistema de elección determinado en el presente artículo, todo aquel en que el elector marque el espacio de dos o más partidos políticos, o cuando marque dos o más candidatos de partidos políticos diferentes. Los votos del partido político lo constituyen el resultado de la suma de los votos válidos obtenidos por lista, más los votos preferentes validos obtenidos por los candidatos del partido que para estos efectos se entenderá voto a favor de la lista con una, dos o tres preferencias expresas.

Posteriormente, el proceso se dividirá en dos etapas, así:

1. La asignación de escaños a cada partido político, para lo cual se tomará como dato a contabilizar, los votos del partido y utilizará el procedimiento descrito en los párrafos segundo al cuarto del artículo 203 de la presente ley, o método de representación proporcional por minorías;

2. A continuación, se procede a determinar los candidatos que resulten electos dentro de la lista de cada partido político, utilizando el procedimiento siguiente: El número uno (1) de primera preferencia vale una unidad de voto; el número dos (2) o de segunda preferencia vale la mitad de una unidad y el número tres (3) de tercera preferencia vale un tercio de una unidad. De esta manera tres votos preferenciales con número tres hacen una unidad y dos votos preferenciales con número dos hacen una unidad y dos votos preferenciales con número dos hacen una unidad. El conteo de votos preferenciales determinarán las primeras casillas de cada lista. El primero se adjudicará al candidato que acumule más unidades de voto preferencial, el segundo, para quien haya acumulado la segunda mayoría de votos preferenciales y el tercero para quien haya obtenido la tercera mayoría de votos preferenciales. El resto de la lista de candidaturas permanecerá tal como lo propuso el partido y fue inscrita en el Registro de Ciudadanos, una vez hechos los corrimientos correspondientes, si los hubiere, en las primeras tres casillas. Si hubiera algún empate en dos o más de los votos preferentes, tendrá prevalencia, para efectos de designación entre quienes estuvieren empatados, la candidatura que ocupe la posición más alta en la lista propuesta por el partido.

26. Se entenderá por trasfuguismo el acto por el cual un diputado, renuncia a un partido político, habiendo sido electo o cuando ya está ejerciendo el cargo, mediante sufragio universal, para un período, y estuviere designado en uno de los órganos establecidos, automáticamente cesa en el cargo del órgano del Congreso que integrare, el cual será asumido por un diputado del partido representado; el renunciante no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República.

Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política.

Se exceptúa de la prohibición contenida en el presente artículo, cuando la incorporación a otra organización política deviene de expulsión, escisión, suspensión o cancelación de la organización política con la cual alcanzó la diputación.

27. De los requisitos de inscripción de candidatos, además de lo que ya está vigente, se propone que los documentos se deben presentar en forma física y digital, que el finiquito tenga vigencia hasta la declaración de que fueron electos en la elección de que se trate, y que además deben tener declaración jurada en donde se indique Que cumple con lo que establece el artículo 113 de la Constitución Política de la República; Que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos públicos durante los últimos cuatro años a la fecha de presentar la solicitud de inscripción; Otros requisitos que establezca la Constitución Política de la República y la presente Ley. El Tribunal Supremo Electoral deberá emitir las disposiciones reglamentarias que establezcan los sistemas electrónicos para la inscripción de candidatos.

28. El Tribunal Supremo Electoral diseñara y contratará una franja electoral para propaganda electoral de los partidos políticos, en donde se garantizará el acceso igualitario y equitativo de todas las organizaciones políticas legalmente habilitadas para participar en el proceso electoral. a). Esta franja se transmitirá en medios radiales y televisivos durante el periodo de campaña electoral en primera y segunda vuelta como lo define esta ley y lo establecido por el Tribunal Supremo Electoral. Todos los medios de comunicación radiales y televisivos que cuenten con una frecuencia autorizada e inscrita con cobertura nacional en la Superintendencia de Telecomunicaciones, deberán destinar un espacio de veinte minutos diarios para la transmisión de esta franja. Este espacio servirá para transmitir propaganda de las candidaturas de la Presidencia y Vicepresidencia; candidaturas a diputaciones de lista nacional y candidaturas al Parlamento Centroamericano. Esta franja se distribuirá de la siguiente manera para cada organización política. 50% para las candidaturas presidenciales. 25% para las candidaturas a diputados de Lista Nacional y listas distritales 25% para las candidaturas a diputados del Parlamento Centroamericano. En caso alguna organización política no postule candidatos para alguno de los puestos de elección antes mencionados, no podrá destinar dicho porcentaje de la franja electoral a cualquiera de las otras candidaturas. Solo podrán acceder a los espacios de las elecciones en donde postulen candidatos.

Para el caso de candidaturas a corporaciones municipales, las organizaciones políticas podrán pautar, a través del Tribunal Supremo Electoral en los medios de comunicación social de su preferencia en espacios fuera de la franja electoral, respetando en todo momento el límite de gastos establecidos en la presente ley.

b) El Tribunal Supremo Electoral ejecutará la franja electoral a partir del Plan de Ejecución de la Franja Electoral que deberá ser elaborado por la Unidad Especializada sobre medios de comunicación y Estudios de Opinión, utilizando criterios técnicos y objetivos en la determinación de espacios y tiempos en las franjas comerciales ordinarias. El Tribunal deberá solicitar a la autoridad correspondiente, la lista de emisoras radiales y canales televisivos registrados y en funcionamiento.

La Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión deberá iniciar la elaboración del Plan a más tardar en enero del año anterior a las Elecciones Generales. El Plan debe presentarse públicamente en septiembre del año anterior de las elecciones, cualquier modificación puede realizarse hasta noviembre de ese año.

c

La contratación de publicidad por otros medios podrá hacerse con libertad, siempre que no se sobrepase el límite del presupuesto de campaña. Para los efectos de monitoreo y fiscalización por parte de la Inspección General y la Auditoría Electoral a los que la autoridad electoral está obligada a efectuar para el uso de los espacios y tiempos asignados, suministrará a los fiscales de cada partido, los certificados que correspondieren, que acrediten que el espacio y tiempo utilizado fue el que se les asignó de conformidad con el Plan de Ejecución de la Franja Electoral. d). Únicamente el Tribunal Supremo Electoral podrá contratar los espacios de la franja electoral. e). Las organizaciones políticas deberán entregar al Tribunal Supremo Electoral los materiales a transmitir en las emisoras radiales y canales de televisión durante la franja electoral. El costo de realización y producción de estos materiales correrán a cuenta de las organizaciones políticas y se deberán contabilizar para efectos de límite de gastos de campaña electoral. f). El orden inicial de los espacios asignados deberá rotarse cada dos días según lo establezca el Tribunal Supremo Electoral. g).El Tribunal Supremo Electoral, deberá destinar de su propio presupuesto, en el año electoral, una cantidad como parte del financiamiento público que promueva un acceso igualitario a los espacios y tiempos en los medios de comunicación social. La ejecución de todos los fondos necesarios para la implementación de la franja debe estar contemplada en el Plan de Ejecución de la Franja Electoral. h) El Tribunal Supremo Electoral pagará en su totalidad el tiempo y espacio que requiera la Franja Electoral a los medios radiales y televisivos que se elijan para su ejecución. i). Las organizaciones políticas podrán contratar por su cuenta espacios de publicidad adicionales a los asignados dentro de la franja electoral, durante el período de campaña electoral a cualquier medio de comunicación y dentro de los límites que se establezcan en esta ley. La contratación de estos espacios deberá contabilizarse a efectos de no sobrepasar el límite del presupuesto de campaña.

29. Las organizaciones políticas, candidatos y ciudadanos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, propaganda electoral en los tiempos y espacios en cualquier modalidad en los medios de comunicación una hora antes, durante y una hora después los tiempos establecidos en el Plan de Ejecución de la Franja Electoral y fuera de cualquier período autorizado para hacer propaganda electoral. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados de un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada conforme la ley.

30. Durante la elaboración del Plan de Ejecución de la Franja Electoral, A requerimiento del Tribunal Supremo Electoral, los medios de comunicación social, a quienes se les solicite, deberán remitir su pliego tarifario, así como la disponibilidad dentro de sus diferentes franjas; las tarifas para las organizaciones políticas no podrán ser superiores a la comercial. Los medios de comunicación no podrán limitar de forma alguna la contratación a que se refiere el presente artículo.

31. Será prohibido: Realizar propaganda electoral de cualquier clase o encuestas electorales, ni publicar estas, el día de las votaciones, y durante las treinta y seis horas anteriores al mismo, así como mantener cualquier tipo de propaganda durante dicho término, a menos de doscientos metros a la redonda de los centros de votación, por lo que las organizaciones políticas deberán retirar, a su costa, la propaganda que tengan en dichos lugares. Utilizar con fines propagandísticos de campaña, elementos constitutivos de los valores y principios de la cultura de los pueblos indígenas e imágenes discriminatorias o denigrantes contra los miembros de dichos pueblos. Realizar actividades de propaganda anticipada, por lo que antes de la segunda fase del proceso electoral, las organizaciones políticas y las personas individuales o jurídicas no podrán realizar las actividades de propaganda electoral que se señalan en el artículo 219 de esta ley. Hacer campañas electorales con discriminación de las mujeres y grupos vulnerables de la población, por su religión, preferencia sexual, condición de discapacidad o apariencia física.

32. En ningún caso podrán publicarse estudios de opinión, el día de las votaciones y dentro de las treinta y seis horas previas al mismo. Las personas individuales o jurídicas, propietarios de medios de comunicación que publiquen los resultados de estudios de opinión en infracción de lo dispuesto en el presente artículo, serán solidariamente responsables.

33. El padrón electoral, para efectos del proceso electoral a realizarse, se cierra tres meses previos a la fecha de las votaciones de las elecciones o consulta popular. El padrón electoral deberá ser objeto de estudio mediante auditorías integrales a ser realizadas periódicamente por la Auditoría del Tribunal Supremo Electoral.

34. La depuración del padrón electoral será una actividad permanente del Registro de Ciudadanos. El padrón electoral será publicado por el Registro de Ciudadanos, a más tardar sesenta días antes de la fecha señalada para las votaciones, debiendo entregar una copia digital a cada organización política. El padrón electoral es público, por lo que podrá ser consultado por cualquier ciudadano interesado; el Registro de Ciudadanos facilitará los mecanismos para hacer efectiva dicha consulta.

35. Pretender derogar el derecho al recurso de amparo vigente a la fecha: El amparo procede contra las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral, siempre que se haya agotado el recurso de nulidad.

36. El Tribunal Supremo Electoral deberá emitir las normas reglamentarias, para armonizar el cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

 

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