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La Exacta, Plan de Sanchéz y Los Cimientos, han pasado un calvario
Por Carlos Enrique Mejía Paz - Guatemala, 3 de agosto de 2021


LA EXACTA, PLAN DE SÁNCHEZ Y LOS CIMIENTOS, HAN PASADO UN CALVARIO PARA QUE FOPAVI LES CUMPLA LOS COMPROMISOS, A PESAR QUE EXISTE UNA RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, QUE EL ESTADO GUATEMALTECO DEBE CUMPLIR.


El 24 de agosto de 1994 no menos de 215 agentes de la Policía Nacional, con el respaldo de por lo menos dos helicópteros, realizaron una incursión en la finca La Exacta, utilizando gas lacrimógeno y armas de fuego contra los trabajadores que la habían ocupado. El empleo de esa fuerza provocó la muerte de Efraín Recinos Gómez, Basilio Guzmán Juárez y Diego Orozco. También provocó peligro para todo el grupo de trabajadores ocupantes y sus familias, que sufrieron el ataque, y graves lesiones para once personas: Pedro Carreto Loayes, Efraín Guzmán Lucero, Ignacio Carreto Loayes, Daniel Pérez Guzmán, Marcelino López, José Juárez Quinil, Hugo René Jiménez López, Luciano Lorenzo Pérez, Félix Orozco Huinil, Pedro García Guzmán y Genaro López Rodas. La Comisión procede a analizar si la fuerza empleada fue excesiva y por ende violatoria de la Convención.

El 8 de septiembre de 1994 los peticionarios presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la "Comisión") una solicitud de medidas cautelares y solicitaron que se abriera un caso basado en los hechos del 24 de agosto de 1994 en la finca La Exacta.

El 9 de septiembre de 1994, conforme al artículo 34 del Reglamento de la Comisión, ésta abrió el caso 11.382 y remitió al Gobierno de Guatemala las partes pertinentes de la denuncia recibida. Se pidió al Gobierno que remitiera la información que considerara pertinente dentro de un plazo de 90 días.

El 19 de septiembre de 1994 la Comisión solicitó al Gobierno de Guatemala que adoptara medidas cautelares, conforme al artículo 29 del Reglamento de la Comisión, para proteger la vida y la seguridad de 12 personas involucradas en los hechos de la finca La Exacta. AI mismo tiempo, la Comisión convocó a una audiencia en el caso, para el 23 de septiembre de 1994.

El 28 de septiembre de 1994 el Gobierno remitió su respuesta a la solicitud de la Comisión de que se adoptaran medidas cautelares. Esa respuesta se remitió a los peticionarios el 5 de octubre de 1994.

El 16 de octubre de 1996, en su 93° periodo de sesiones, la Comisión aprobó el Informe 41/96 conforme al artículo 50 de la Convención Americana. En dicho informe, la Comisión concluyó que el Estado de Guatemala era responsable por la violación del derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención, en lo referente a Efraín Recinos Gómez, Basilio Guzmán Juárez y Diego Orozco; del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención, en cuanto a Diego Orozco, a todo el grupo de trabajadores ocupantes y sus familias, que sufrieron el ataque del 24 de agosto de 1994, y especialmente a las once personas que sufrieron graves lesiones: Pedro Carreto Loayes, Efraín Guzmán Lucero, Ignacio Carreto Loayes, Daniel Pérez Guzmán, Marcelino López, José Juárez Quinil, Hugo René Jiménez López, Luciano Lorenzo Pérez, Felix Orozco Huinil, Pedro García Guzmán y Genaro López Rodas; del derecho a la libertad de asociación, consagrado por el artículo 16 de la Convención, en cuanto a los trabajadores de la finca La Exacta que organizaron una asociación laboral para exponer sus demandas laborales a los propietarios y administradores de la finca La Exacta y a los tribunales guatemaltecos y que sufrieron represalias por ese motivo; del derecho del niño a la protección especial estipulada en el artículo 19 de la Convención, en lo que se refiere a los menores que estuvieron presentes durante la incursión del 24 de agosto de 1994; del derecho a un debido proceso y a la protección judicial protegidos por los artículos 8 y 25 de la Convención, en cuanto a los trabajadores organizados que procuraron acceso a recursos judiciales en relación con sus demandas laborales, y en cuanto a las víctimas de los sucesos del 24 de agosto de 1994 y sus parientes que procuraron justicia en relación con esos sucesos, todo lo anterior en conjunción con el artículo 1(1) de la Convención, por no haber cumplido con las obligaciones impuestas en dicho artículo. La Comisión concluyó, también, que el Estado de Guatemala era responsable por la violación de los artículos 1, 2 y 6 de la Convención sobre la Tortura, en relación con la tortura sufrida por Diego Orozco.

Asimismo, la Comisión recomendó que el Estado de Guatemala: 1) inicie una investigación rápida, imparcial y eficaz en relación con los hechos ocurridos el 24 de agosto de 1994 para poder detallar, en una versión oficial, las circunstancias y la responsabilidad del uso de fuerza excesiva en dicha fecha; 2) adopte las medidas necesarias para someter a las personas responsables de los hechos del 24 de agosto de 1994 a los procesos judiciales apropiados, que deben basarse en una plena y efectiva investigación del caso; 3) repare las consecuencias de las violaciones de los derechos enunciados, incluido el pago de una justa indemnización a las víctimas o sus familias; 4) adopte las medidas necesarias para garantizar que no se produzcan futuras violaciones del tipo de las que tuvieron lugar en el presente caso. De igual forma, la Comisión decidió transmitir el informe al Estado y otorgarle un plazo de dos meses para llevar a la práctica las recomendaciones formuladas. La Comisión trasladó el informe al Estado de Guatemala el 30 de octubre de 1996, fecha en que empezó a correr el plazo de los dos meses.

El 21 de abril de 1997 el Gobierno de Guatemala informó a la Comisión que aceptaba iniciar un procedimiento de solución amistosa fundado en el respeto a los derechos humanos establecidos en la Convención Americana. En fecha 15 de agosto del mismo año, la CIDH recibió una nueva comunicación del Estado en la que informó sobre el procedimiento acordado para llevar a cabo el procedimiento de solución amistosa. En fecha 12 de enero de 1998, la CIDH recibió otra comunicación del Estado en la que éste le hacía conocer que una de las dificultades por las que no prosperaba el procedimiento de solución amistosa derivaba de las pretensiones de los peticionarios que excedían los límites razonables, pero que, no obstante, el Gobierno tenía sumo interés en avanzar adecuadamente en el procedimiento auspiciado por la CIDH.

El 24 de febrero de 1998, representantes del Estado sostuvieron una reunión con el Comisionado Claudio Grossman donde se acordó que, en forma previa a una prepuesta gubernamental de arreglo, los peticionarios debían acreditar la representación de las víctimas. En fecha 24 de junio de 1998, los peticionarios remitieron a la CIDH la acreditación solicitada

El 18 de febrero de 2000, los peticionarios presentaron a la CIDH una lista de las personas afectadas que expresaron su voluntad para que CALDH realice la negociación de un acuerdo amistoso sobre el caso.

El 9 de agosto de 2000, el Gobierno de Guatemala, representado por el Presidente de la República, Dr. Alfonso Portillo, reconoció la responsabilidad institucional del Estado que deviene por el incumplimiento impuesto por el artículo 1 (1) de la Convención Americana de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención. se comprometió a iniciar los procesos de solución amistosa que comprenda la reparación y/o asistencia a los familiares de las víctimas señaladas o a las víctimas en forma directa.

El Gobierno de Guatemala se comprometió a reparar con determinación y hacer los cálculos en forma convencional con las víctimas o sus familiares o en su defecto sobre la base de los principios y criterios establecidos en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

El Gobierno se comprometió a dar seguimiento y promover las investigaciones de los hechos... a enjuiciar tanto civil, como penal y administrativamente a las personas que, en cumplimiento de funciones estatales o prevalidas del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.

El Estado de Guatemala, a través de COPREDEH, (ahora COPADEH) se comprometió a informar cada seis meses a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de esta Declaración.

El 28 de Julio de 2010, se firma el Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito entre la Comisión Presidencial Coordinadora de a Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos COPREDEH (HOY COPADEH), la Secretaria de la Paz, SEPAZ; El Fondo Guatemalteco para la Vivienda FOGUAVI (hoy FOPAVI); El programa Nacional de Resarcimiento, PNR; y el Fondo Nacional para la Paz, FONAPAZ, dentro de los casos 11.763 Masacre Plan de Sánchez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; 11.197 Comunidad San Vicente los Cimientos y 11.382 Finca la Exacta o Finca San Juan del Horizonte, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. FOGUAVI (FOPAVI) ASUMIÓ EL COMPROMISO de proporcionar un subsidio directo para cada beneficiario para una construcción de treinta y seis metros cuadrados, según el diseño aprobado por la Junta directiva del FOPAVI, para 516 beneficiarios a quienes se deberá realizar el estudio socioeconómico de los expedientes para otorgar el subsidio a los beneficiarios que llenen los requisitos, según manual operativo del FOPAVI.

Para verificar los compromisos del FOPAVI, ES NECESARIO INDICAR QUE HAN CUMPLIDO EN PARTE, PERO AL 2 DE AGOSTO DE 2021, AÚN QUEDA PENDIENTE LO SIGUIENTE:

1. En la Comunidad la Exacta, existe el compromiso de concederles el subsidio a 96 familias, pero a la fecha sólo se han construido 18 casas, están pendientes de hacer el desembolso según el código 9877 a 34 familias, y a 44 familias no les han autorizado el subsidio correspondiente.

2. Aldea Concul, Plan de Sánchez, 18 familias están esperando que el Crédito Hipotecario Nacional-FOPAVI, resuelvan lo que corresponde al Dictamen CHN 25-1-2018.

3. Aldea Ixchel, Plan de Sánchez, ya se construyeron 97 casas, pero están pendientes 31 familias que esperan que se resuelva por parte del CHN-FOPAVI lo que corresponde al Dictamen CHN 25-1-2018.

4. Caserío Plan de Sánchez, 49 familias están esperando que se resuelva por parte del CHN-FOPAVI lo que corresponde al Dictamen CHN 25-1-2018.

5. Caserío la Joya de Ramos, 21 familias están esperando que ser resuelva por parte del CHN-FOPAVI lo que corresponde al Dictamen CHN 25-1-2018.

6. San Vicente los Cimientos, a 48 familias ya les hicieron su casa, están pendiente del segundo desembolso 9, y quedarían pendientes 7 para el tercer desembolso, pero aún no tienen subsidio aprobado 38 familias que están esperando que se les apoye.

GRACIAS A LOS DIPUTADOS DE URNG-MAIZ, quienes han intermediado en el caso.


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