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Mediación cómo método alternativo de solución de conflictos
Por Carlos Enrique Mejía Paz - Guatemala, 23 de marzo de 2022


5808 Iniciativa que pretende aprobar la Ley de Mediaci ón, presentada por la Corte Suprema de Justicia

El 17-07-2020, fue entregada la iniciativa a la Dirección Legislativa para su trámite correspondiente.

El 14-04-2021 el Pleno del Congreso de la República, conoce la iniciativa y la envía a la Comisión del Sector Justicia, para su análisis, conocimiento y dictamen correspondiente.

El 16-11-2021, la Comisión del Sector Justicia, emite Dictamen Favorable con modificaciones, y es firmado por los diputados: Osmundo René Ponce Serrano, Andrea Beatriz Villagrán Antón, Oscar Arturo Argueta Mayen, Edgar Stuardo Batres Vides, Eduardo Zachrisson Castillo, Cornelio Gonzalo García García, Luis Fernando Pineda Lemus, Carlos Enrique Mencos Morales.

El 01-12-2021, el Dictamen es entregado a la Dirección Legislativa para su trámite correspondiente.

El 22-03-2022 está en agenda para ser aprobado el dictamen del Primer Debate.

La iniciativa pretende:

privilegiar la mediación como método de resolución de conflictos ante el fracaso del proceso judicial;

Incluir la mediación como un método de des judicialización;

Darle más sustento jurídico a los 90 centros de Mediación, creados por la Presidencia del Organismo Judicial, con cobertura en los 22 departamentos del país.

En el análisis y discusión para la elaboración del dictamen la Comisión contó con los argumentos sólidos de siete instituciones públicas y privadas, dentro del cual participó el Organismo Judicial, la Procuraduría de los Derechos Humanos, ASIES, la Cámara de Industria y Comercio, la entidad Mercy Corps y la Cámara de industria y comercio de México, CAMEX.

El Proyecto de Decreto cuenta con cuatro títulos, estructurados de la siguiente manera:

El Título I, sobre mediación, comprende los artículos: del 1 al 5.

El Título II, de los requisitos, obligaciones, responsabilidades y prohibiciones de los mediadores, comprende los artículos del 6 al 13.
El Título III, del procedimiento de mediación comprende los artículos: del 14 al 25.

El Título IV, Disposiciones finales y transitorias, tiene cinco artículos que comprende el Epígrafe, Reglamento, Arancel, derogatorias y la vigencia.

Cada uno de los artículos se describe de la siguiente manera:

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tendrá por objeto regular el ejercicio de la mediación en cualquier ámbito, público o privado.

Artículo 2. Ámbito material de aplicación. Esta ley se aplicará a los conflictos que se originen en materia penal, civil, familia, agraria, mercantil, ambiental, trabajo y a la conflictividad social.

La conflictividad social es la acumulación de conflictos que no han logrado resolverse de raíz y que, con el transcurso del tiempo, se han arraigado, dinamizado, interceptado y realimentado mutuamente y que constituye una resultante histórica que deviene en conflictos multidimensionales y multicausales.

Artículo 3. Naturaleza jurídica de la presente ley. La presente ley tiene el carácter de orden público y de observancia general en todo el territorio de la República de Guatemala y se aplica a toda persona que se encuentre en el mismo.

Artículo 4. Obligación del Estado de promover la mediación. Se declara de interés público y como una obligación del Estado de Guatemala, la promoción de la mediación y de otros métodos no adversariales de resolución de conflictos. Para ello, el Organismo Ejecutivo deberá coordinar con el Organismo Judicial la creación de más centros de mediación a nivel nacional, de preferencia que atiendan la conflictividad social. Asimismo, el Estado podrá crear los incentivos que sean necesarios para que más particulares participen en la prestación del servicio de mediación.

Artículo 5. Respeto a la identidad cultural. Será obligatorio, atendiendo a los compromisos internacionales del Estado de Guatemala en materia de respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas, que en los conflictos por la tenencia, uso 0 propiedad de tierras en que estos participen, se respeten sus usos y costumbres.

Título II DE LOS REQUISITOS, OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y PROHIBICIONES DE LOS MEDIADORES

Artículo 6. Requisitos para ejercer la función de mediador. Son requisitos indispensables para ejercer la función de mediador, las siguientes:

Ser civilmente capaz y encontrarse en el pleno goce de los derechos civiles.

Acreditar que se desempeña como mediador· en alguna institución pública 0 la calidad de mediador por la institución donde haya realizado sus estudios y/o su práctica 0 que sea habitualmente requerido para mediar conflictos por alguna institución dedicada a la mediación.

Haber realizado un mínimo de cinco mediaciones durante el año previo al cual ejercen sus funciones. Este requisito no aplicará para los mediadores que cuenten con menos de un año de experiencia.

Encontrarse inscrito y solvente en sus obligaciones ante el Registro Nacional de Mediadores del Organismo Judicial. Están exentos de los requisitos establecidos en los numerales 2),3) y 4), todas aquellas personas que realizan mediaciones en instituciones sociales, tales como las instituciones religiosas, de beneficencia 0 asistencia social 0 autoridades comunitarias indígenas.

Artículo 7. Obligaciones de los mediadores. Son obligaciones de los mediadores las siguientes:

Llevar un registro detallado de las mediaciones realizadas consignando como mínimo: los nombres de los participantes, la pertenencia cultural y el género de las partes, el asunto mediado, el resultado final , la fecha y hora de inicio y de finalización del procedimiento de mediación y el idioma en el que se practicó.

Remitir un aviso trimestral al Registro Nacional de Mediadores del Organismo Judicial, indicando el número total de mediaciones practicadas, distinguiendo entre las que se haya llegado a un acuerdo y las que no; así como aquellas en donde no haya comparecido alguna de las partes 0 todas.

Remitir cada año a partir de su inscripción en el registro, un informe que deberá incluir la información establecida en el numeral uno del presente artículo, con la excepción de los nombres de los participantes para no vulnerar la confidencialidad.

Tanto el aviso como los informes deben ser remitidos dentro de los veinticinco días hábiles posteriores al vencimiento del trimestre 0 año calendario que corresponda.

Las obligaciones establecidas en el presente artículo para los mediadores del Organismo Judicial deben ser cumplidas por la dependencia administrativa de la cual dependen.

Artículo 8. Obligación de registro de los mediadores. Las personas individuales, que hubieren sido acreditadas y certificadas por un centro privado de mediación, deben registrarse ante el Registro Nacional de Mediadores que deberá organizar la Presidencia del Organismo Judicial. De igual manera deben hacerlo los mediadores que presten sus servicios para el Organismo Judicial o para cualquier otra institución pública.

EI Registro Nacional de Mediadores del Organismo Judicial, deben llevar el registro detallado de los mediadores, verificando previamente a realizar la inscripción, el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para ejercer la funci6n de mediador; así como la satisfacción en el tiempo y en la forma, de las obligaciones y de las responsabilidades que la misma le impone.

Artículo 9. Creación del Registro Nacional de Mediadores del Organismo Judicial. Se crea el Registro Nacional de Mediadores del Organismo Judicial, que tendrá carácter público y dependerá jerárquicamente de la dependencia administrativa que designe la Presidencia de dicho Organismo. EI registro estará conformado por el personal administrativo necesario para su debido funcionamiento y le corresponderá realizar un reporte estadístico trimestral y anual de los casos atendidos por los mediadores registrados.

Podrá extender, a quien lo solicite, certificaciones de la información que conste en el registro. También será de su competencia la imposición de las sanciones establecidas en la presente ley.
Artículo 10. Responsabilidades de los mediadores. Los mediadores están sujetos a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan según sea el origen de su práctica.
EI incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley acarrea la imposición de las siguientes sanciones: a. Multa; b. Inhabilitación temporal y c. Inhabilitación definitiva.

La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero que deberá establecerse, entre un mínimo y un máximo, en el reglamento de la presente ley para cada caso.

La sanción de inhabilitación temporal consiste en la suspensión, hasta por un plazo máximo de tres meses, de las funciones del mediador quien no podrá, bajo apercibimiento, realizar ninguna mediación hasta que no haya subsanado la omisión que originó la suspensión.

La sanción de inhabilitación definitiva implica la cancelación del registro del mediador en el Registro Nacional de Mediadores del Organismo Judicial.

Artículo 11. De la imposición de las sanciones. EI Registro Nacional de Mediadores del Organismo Judicial tendrá la facultad de imponer las siguientes sanciones por el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley:

Por incumplir con la obligación de llevar un registro detallado de las mediaciones realizadas, con multa de acuerdo con el reglamento respectivo.

Por no remitir el aviso trimestral a que se refiere el numeral 2) del artículo 7 de la presente ley, con inhabilitación temporal hasta por el plazo de tres meses.

Por no remitir el informe a que se refiere el numeral 3) del artículo 7 de la presente ley, con inhabilitación temporal hasta por el plazo de tres meses.

Por incumplir con las obligaciones que le impone esta ley durante todo un año calendario y después de haber sido citado para regularizar su situación sin que lo hubiere realizado y habiendo sido apercibido para cumplir con sus obligaciones, no lo hiciere así, con inhabilitación definitiva.

EI mediador que hubiere sido inhabilitado temporalmente podrá volver a recuperar su condición de mediador activo, después de cumplir con las obligaciones establecidas ante el Registro Nacional de Mediadores del Organismo Judicial, cancele las multas y cumpla con las demás sanciones establecidas por la presente ley.

Artículo 12. Recursos. Contra la aplicación de cualquiera de las sanciones establecidas por la presente ley, procederá el recurso de revocatoria ante la Presidencia del Organismo Judicial, dentro del plazo de 10 días contados a partir de la notificación de la resolución correspondiente y el cual sea resuelto sin más trámite.

Artículo 13. Prohibiciones. Les está prohibido a los mediadores:

Asesorar ni patrocinar a ninguna de las partes intervinientes en los procedimientos de mediación en los que hubiera intervenido. Esta prohibición es absoluta y se aplica con posterioridad al conflicto en que intervino como mediador.

Ser miembro de algún órgano de un partido político 0 comité cívico 0 de un comité para la constitución de un partido político.

Ser funcionario 0 empleado público, con excepción de las personas que trabajen en instituciones públicas que apliquen la mediación.

Título III DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

Artículo 14. Principios de la mediación. La mediación debe responder a los siguientes principios:

Imparcialidad del mediador en relación con los intereses de las partes intervinientes, por lo que las decisiones no podrán emitirse válidamente cuando existan conflictos de interés.

Libertad y voluntariedad de las partes en conflicto para instar, participar 0 dar por terminada la mediación.

Igualdad de las partes en el procedimiento de mediación.

Consideración especial de los intereses de los niños, niñas o adolescentes, personas con discapacidad o personas mayores.

Confidencialidad respecto de la información divulgada por las partes, sus asesores o los terceros citados durante el procedimiento de mediación.

Comunicación directa entre las partes en miras a la búsqueda creativa y cooperativa de la solución del conflicto.

Celeridad y ausencia de formalismos del procedimiento de mediación.
Equidad y justicia durante la construcción del acuerdo de mediación.
Transparencia en relación con el uso de la información, para evitar asimetrías en el conocimiento igualitario de las cuestiones fundamentales del procedimiento que debe existir entre ambas partes.

Artículo 15. Casos de procedencia de la mediación. La mediación podrá ser instada voluntariamente por cualquier persona y procederá siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de las partes y que el asunto de que se trate no esté excluido por alguno de los criterios establecidos en el artículo siguiente. Los interesados deberán ser informados del contenido del procedimiento y asesorados en cuanto a los alcances de este.

Artículo 16. Criterios de exclusión de la mediación. Deberán de quedar excluidos del procedimiento de mediación para las materias establecidas en la presente ley, los siguientes asuntos:

Hechos calificados como delitos de conformidad con 10 que establece el artículo 25 Quater del Código Procesal Penal.

En los que se discutan derechos personalísimos.

Artículo 17. Remisión a la mediación. En los asuntos definidos como mediables en esta ley y en los que sea aplicable de conformidad con la legislación, deberá el juez que conozca del asunto antes de emitir la sentencia correspondiente, siempre y cuando proceda y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto, proponer a las partes que recurren a la mediación para solucionar el litigio.

Artículo 18. Designación del mediador. La designación del mediador podrá efectuarse:

Por acuerdo de las partes, quienes eligen al mediador por convenio escrito.

Por designación, en el caso de la mediación que se realiza en instituciones públicas.

De conformidad con los usos 0 costumbres utilizadas por personas 0 instituciones fuera del ámbito público o privado.

Artículo 19. Causas de impedimento y de excusa de los mediadores. EI mediador deberá apartarse de la mediación, bajo pena de inhabilitación, en todos los casos de impedimento 0 excusa previstos por la Ley del Organismo Judicial para los jueces.

También deberá excusarse durante el curso de la mediación, cuando advierta la existencia de causas que puedan incidir en su imparcialidad.

Artículo 20. Causas de recusación de los mediadores. Las partes podrán recusar a los mediadores en los mismos supuestos mencionados para los impedimentos y excusas.

Durante el curso de la mediación, cualquiera de las partes podrá recusar al mediador cuando advierta la existencia de causas sobrevinientes que puedan incidir en su imparcialidad. Si el mediador no aceptara la recusación la cuestión será decidida judicialmente.

Artículo 21. Alcances de la confidencialidad. La confidencialidad incluye el contenido de los documentos y/o cualquier otro material de trabajo que las partes hayan confeccionado durante la mediación. Existirá la obligación de confidencialidad aun cuando no exista acuerdo expreso de las partes.

Artículo 22. Cese de la confidencialidad. La obligación de la confidencialidad cesa en los siguientes casos:

Por dispensa expresa de todas las partes que intervinieron;

Para evitar la comisión de un delito o para impedir que este continué sometiéndose.

En el supuesto del numeral 2), el mediador deberá suspender la mediación y poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos correspondientes.

Artículo 23. Co-mediación. Se reconoce la co-mediación como una modalidad de la mediación que puede aplicarse en los casos que lo ameriten, a criterio del mediador principal, siempre y cuando las partes lo aprueben y se les explique el alcance de la participación del co-mediador.

Artículo 24. Terceros intervinientes en la mediación. Los mediadores podrán actuar, previo consentimiento de la totalidad de las partes, en colaboración con profesionales formados en disciplinas afines con el conflicto que sea materia de la mediación o de otras especialidades cuyo conocimiento sea necesario para resolver el conflicto, quienes actúan en calidad de asistentes, bajo la dirección y responsabilidad del mediador interviniente. La actuación de dichos profesionales también está sujeta a las disposiciones de la presente ley y de su reglamento.

Artículo 25.Asesores legales. Será permitida la intervención de los abogados colegiados activos como asesores legales, a solicitud de ambas partes y siempre y cuando su participación no sustituya totalmente la de estas.

Cuando una de ellas no pueda contar con un abogado asesor y la otra si, se deberá suspender el procedimiento hasta que ambas partes cuenten con asesoría legal para evitar asimetrías que afecten el principio de igualdad de la mediación. Solamente en el caso en que la parte no desee ser asistida legalmente, se podrá continuar con el procedimiento de mediación y el mediador deberá hacer constar dicha circunstancia de forma expresa en el acta respectiva.

Si se tratare de una mediación llevada a cabo en una institución pública, esta deberá procurar la asistencia legal para aquella parte que no contare con ella, con el Instituto de la Defensa Pública Penal u otra institución con funciones similares.

La función de los abogados se circunscribe a asesorar a las partes en temas legales o señalar cualquier ilegalidad en que se incurra dentro del procedimiento de mediación. De ninguna manera los abogados intentan orientar el procedimiento de mediación hacia la lógica del proceso judicial, en cuyo caso el mediador posee la facultad para amonestarlos y para apercibirse de que, en caso persistan en dicha actitud, se suspende el procedimiento quedando, inmediatamente, separados del mismo. En este último supuesto, el mediador deberá preguntar a las partes si desean proseguir con la mediación y, en caso afirmativo, señalar nueva audiencia sin asesores 0 con otros diferentes a los originalmente propuestos o la llevan a cabo en el mismo día, si esto fuera posible.

Artículo 26. Suspensión de plazos. En el supuesto establecido por el artículo 17 de la presente ley, los plazos del proceso judicial quedarían suspendidos por treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del mediador a petición de cualquiera de las partes y se reanudaría una vez vencido. Este plazo podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las partes.

Artículo 27. Prescripción y caducidad. La mediación suspende el plazo de prescripción y de la caducidad en los siguientes casos:

Desde la fecha de la celebración de la primera sesión de mediación.

En el supuesto del artículo 17 de la presente ley, desde que se encuentre firme la resolución judicial mediante la cual se deriva la resolución del caso a la mediación por acuerdo voluntario de las partes, a propuesta del juez.

En los dos supuestos anteriormente establecidos, la suspensión opera contra todas las partes y el plazo de prescripción y de caducidad se reanuda a partir de los veinte (20) días hábiles contados desde el momento que se formalice el acuerdo al que hayan arribado las partes.

Artículo 28. Comparecencia personal y representación. Las partes deberán comparecer personalmente y no podrán hacerlo por medio de apoderado, exceptuando a las personas jurídicas y a las domiciliadas a más de ciento cincuenta (ISO) kilómetros de la ciudad en la que se celebren las audiencias. EI apoderado deberá contar con facultad de acordar transacciones.

Artículo 29. Plazo para realizar la mediación. El plazo para realizar la mediación en el supuesto del artículo 17 de la presente ley será de hasta sesenta (60) días hábiles a partir de la última notificación. Dicho plazo podrá prorrogarse por acuerdo de las partes.

Artículo 30. Citación de terceros. Cuando el mediador advirtiera que es necesaria la intervención de un tercero, de oficio, o a solicitud de cualquiera de las partes 0 por el tercero, en todos los casos con acuerdo de las partes, podrá citar a fin de que comparezca al procedimiento de mediación. EI tercero cuya intervención se requiera deberá ser citado en la forma establecida para la citación de las partes. Si el tercero incurriera en incomparecencia injustificada no podrá intervenir en la mediación posteriormente.

Artículo 31. Forma y documentación del acuerdo 0 convenio de mediación. EI acuerdo o convenio de mediación válidamente celebrado podrá realizarse de forma verbal 0 escrita y deberá ser documentado en acta levantada ante las alcaldías indígenas, comunitarias 0 auxiliares o autoridades indígenas, de conformidad con el código municipal; acta administrativa autorizada por mediadores de las instituciones públicas o acta notarial o escritura pública faccionada ante notario, según sea el caso.

En los casos de acuerdos o convenios de mediación realizados por instituciones sociales, tales como las instituciones religiosas, de beneficencia 0 asistencia social bastará con que dichos acuerdos sean certificados por cualquier tipo de alcaldía haciéndose constar mediante acta sucinta la presencia de las partes y del mediador, una breve relación del acuerdo alcanzado, así como la firma de cada una de ellas 0 la impresión de la huella dactilar del dedo pulgar de la mano derecha de quien no supiere firmar y, en su defecto, otro que especificara el alcalde.

Si alguna de las partes 0 el mediador no comprendiera el idioma español, la alcaldía correspondiente deberá proveer un intérprete que asistirá para la e1aboraci6n del acta sucinta y en la cual se hará constar también su intervención mediante su firma 0 , en su defecto, mediante la impresión de la huella dactilar de cualesquiera de los dedos de las Manos en caso no supiere firmar.

Artículo 32. Fuerza ejecutiva del acuerdo de mediación. El acuerdo de mediación será de obligatorio cumplimiento para las partes y constituye, por sí mismo, título ejecutivo que podrá ser ejecutado por el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil.

Artículo 33.Caducidad de la instancia de mediación. Se producirá la caducidad de la instancia de la mediación, cuando no se inicie el proceso judicial dentro del año contado a partir de la fecha en que se haya dado por finalizado el procedimiento de mediación.

Artículo 34. Nulidad del acuerdo de medición. EI acuerdo de mediación podrá ser redargüido de nulidad por las mismas causas en que es anulable el negocio jurídico de conformidad con la ley. En lo demás, la acción de nulidad quedará sujeta a las leyes procesales.

Artículo 35. Honorarios del mediador y de los profesionales asistentes. La intervención del mediador y de los profesionales asistentes se presume onerosa, con la excepción de la mediación realizada por las instituciones públicas. Cada una de las partes soportará los honorarios del abogado asesor legal que proponga para que le asista durante el procedimiento de mediación.

Título IV, Disposiciones FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo I. Epígrafes. Los epígrafes que preceden al texto de cada uno de los artículos de la presente ley no tienen validez interpretativa y no deben ser citados con respecto al contenido y alcance de esta.

Artículo II. Reglamento. A partir de la entrada en vigor de la presente ley y hasta seis meses después, deberá el Organismo Ejecutivo aprobar el reglamento para su estricto cumplimiento.

Artículo III. Arancel. Queda a cargo del Organismo Judicial, a partir de que entre en vigencia la Ley de Mediación, aprobar el arancel correspondiente a las multas y gastos administrativos de acuerdo con lo establecido en el reglamento respectivo.

Artículo IV. Disposición derogatoria. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en la presente ley.
Artículo V. Vigencia. EI presente decreto entrará en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial.

 

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