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Compromisos que el Estado asumió desde hace 27 años
Por Carlos Enrique Mejía Paz - Guatemala, 1 de abril de 2022


Efemérides: En una fecha como hoy 31 de marzo de 1995-2022, hace 27 años, se firmó el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, AIDPI, en la ciudad de México.

Con el objetivo de erradicar la discriminación contra los pueblos indígenas, el Gobierno de Guatemala –por medio del AIDPI– se comprometió a implementar acciones legislativas, de difusión, de institucionalidad, y de adecuación de la normativa nacional al marco internacional de derechos humanos. En ese sentido se debía promover la tipificación de la discriminación étnica y el acoso sexual contra las mujeres indígenas como delitos; la derogatoria de toda ley y disposición discriminatoria, así como un proyecto de ley que incorporase las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial al Código Penal.

En el ámbito de la difusión, se comprometió a divulgar ampliamente los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres por medio de la educación, los medios de comunicación y cualquier otra instancia. A nivel de institucionalidad, se comprometió a crear defensorías indígenas, bufetes populares gratuitos en las municipalidades, y una defensoría de la mujer indígena.

Y, a nivel del derecho internacional, a promover el reconocimiento de la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, concluir la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo OIT–, y la aprobación del proyecto de declaración de derechos de pueblos indígenas en las Naciones Unidas, en consulta con los pueblos indígenas.

Con relación a los derechos culturales, se establecieron compromisos relativos a los idiomas, los nombres, apellidos, y toponimias; a la espiritualidad, los templos, centros ceremoniales y lugares sagrados, el uso del traje, la ciencia y la tecnología; la educación (reforma educativa), y los medios de comunicación masivos, partiendo de que la cultura maya constituye el sustento original de la cultura guatemalteca, y que en ese sentido "es inconcebible el desarrollo de la cultura nacional sin el reconocimiento y fomento de la cultura de los pueblos indígenas" (AIDPI, 1996, p. 4). En cuanto a los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, el AIDPI estableció el compromiso del gobierno de impulsar reformas constitucionales para caracterizar a la nación como multiétnica, multilingüe y pluricultural; reformar el Código Municipal para establecer la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones locales, así como otras medidas legislativas e institucionales en el mismo sentido, especialmente en el manejo de sus asuntos internos conforme a su propio derecho; y la regionalización de los servicios de educación, salud y cultura de los pueblos indígenas.

Asimismo, un componente para la implementación del derecho consuetudinario. Por otra parte, y de manera especial, se mandatan acciones en materia de tierra: regularización de la posesión comunal, el acceso a las tierras tradicionalmente utilizadas para subsistencia y actividades tradicionales, el derecho de participación en el uso, administración y conservación de los recursos naturales existentes en las tierras de pueblos indígenas; y el consentimiento para la implementación de proyectos de explotación de recursos naturales. Asimismo, medidas para la conservación del medio ambiente, la suspensión de procesos de titulación supletoria por reclamos de pueblos indígenas, la provisión de tierras y el derecho de administración de acuerdo a su propio derecho. Finalmente aparecen compromisos en la línea de incentivar el estudio del derecho agrario, la creación de juzgados para la resolución de conflictos de tierra, asistencia jurídica a las comunidades en materia de tierra, y la eliminación de la discriminación contra la mujer indígena en el acceso a la tierra, la vivienda y los créditos.

 

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