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Derechos constitucionales restringidos en Ixchiguan y Tajumulco, San Marcos
Por Carlos Enrique Mejía Paz - Guatemala, 8 de junio de 2022


DERECHOS CONSTITUCIONALES RESTRINGIDOS EN IXCHIGUAN Y TAJUMULCO, SAN MARCOS, DURANTE 30 DÍAS A PARTIR DE HOY 7-6-2022. POR EL ESTADO DE SITIO DECRETADO.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Artículo 5º. Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.

Artículo 6º. Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad.

El funcionario, o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la Ley, y los tribunales, de oficio, iniciarán el proceso correspondiente.

Artículo 9º. Interrogatorio a detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas.

El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio.

Artículo 26. Libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.

No podrá expatriarse a ningún guatemalteco, ni prohibírsele la entrada al territorio nacional o negársele pasaporte u otros documentos de identificación.

Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa.

La ley determinará las responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta disposición.

Artículo 33. Derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.

Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público.

Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley.

Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente.

Artículo 38. Tenencia y portación de armas. Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, no prohibidas por la ley, en el lugar de habitación. No habrá obligación de entregarlas, salvo en los casos que fuera ordenado por juez competente.

Se reconoce el derecho de portación de armas, regulado por la ley.

Ley de Orden Público. Normas de Derecho Constitucional. Ley de Orden Público DECRETO NÚMERO 7 LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

ARTÍCULO 8. Tal como lo dispone el artículo 151 de la Constitución de la República, el Decreto de Estado de Prevención, no necesita de la aprobación del Congreso; su vigencia no excederá de quince días y durante ella podrá el Ejecutivo, tomar las medidas siguientes:

1) Militarizar los servicios públicos, incluso los centros de enseñanza, e intervenir los prestados por empresas particulares.

2) Fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse los derechos de huelga o paro, o prohibirlos o impedirlos cuando tuvieren móviles o finalidades políticas.

3) Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y en su caso, impedir que se lleven a cabo, aun cuando fueren de carácter privado.

4) Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevaren a cabo sin la debida autorización, o, si habiéndose autorizado se efectuare portando armas u otros elementos de violencia. En tales casos, se procederá a disolverlas; si los reunidos o manifestantes se negaren a hacerlo, después de haber sido conminados para ello.

5) Disolver por la fuerza, sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia.

6) Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro; y exigir a quienes viajen en el interior de la República, la declaración del itinerario a seguir.

7) Exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público. Si la prevención no fuere acatada y sin perjuicio de otras medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables.

ARTÍCULO 13. Cuando el Ejecutivo decida decretar el estado de alarma, señalará el todo o parte del territorio nacional afectado por él, pudiendo restringir algunas o todas las garantías señaladas en el artículo 151 de la Constitución y durante su vigencia, el Ejecutivo podrá adoptar, además de las aplicables al estado de Prevención, las medidas siguientes:

1) Intervenir el funcionamiento de los servicios públicos y de las empresas privadas que los presten, para asegurar el mantenimiento de los mismos y podrá, asimismo, exigir la cooperación de los empresarios y de sus trabajadores para que no se interrumpan.

2) Exigir los servicios o el auxilio de particulares, cualesquiera que sean el fuero y condición de las personas, para los efectos de mantener el funcionamiento de los servicios de utilidad pública o de aquellos cuyo servicio o auxilio se estimen necesarios.

3) Negar la visa de pasaportes a extranjeros, domiciliados o no en el país, o disponer su concentración en determinados lugares o su expulsión del territorio nacional.

4) Obligar a cualquier persona a que resida en determinado lugar; a que permanezca en su residencia, o que se presente a la autoridad en los días y horas que se le señalaren cuando fuere requerida.

5) Prohibir el cambio de domicilio o de residencia a las personas que prestaren servicios de carácter público o de similar naturaleza en cualquier industria, comercio o trabajo.

6) Cancelar o suspender las licencias extendidas para la portación de armas y dictar las medidas que fueren pertinentes para el control de las últimas.

7) Centralizar las informaciones relativas a la emergencia, en algún funcionario, dependencia u oficina pública.

8) Prohibir y suspender las reuniones, huelgas o paros, con disposiciones y medidas adecuadas al caso y a las circunstancias de la emergencia.

ARTÍCULO 16. El Ejecutivo podrá decretar el Estado de Sitio no sólo con el motivo de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos las Instituciones Públicas o cuando hechos graves pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado; si no también cuando se registraren o tuvieren indicios fundados de que han de sucederse actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva. Para los efectos del último párrafo del artículo 152 de la Constitución de la República, los hechos enumerados a los indicios fundados de que pueden sucederse, serán considerados como constitutivos de guerra civil.

ARTÍCULO 19. En el estado de sitio son aplicables todas las medidas establecidas para los estados de prevención y alarma, pudiendo además la autoridad militar:

1) Intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento, cualquier organización, entidad, asociación o agrupación, tenga o no personalidad jurídica.

2) Ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio, la detención o confinamiento:

a) De toda persona sospechosa de conspirar contra el gobierno constituido, de alterar el orden público o de ejecutar o propiciar acciones tendientes a ello; y

b) De toda persona que pertenezca o haya pertenecido a las organizaciones o grupos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 64 de la Constitución;

3) Repeler o reprimir por los medios preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados a las circunstancias, cualquier acción, individuales o colectivos, que fuere contraria a las disposiciones, acuerdos u ordenanzas dictadas para el restablecimiento de la normalidad.

ARTÍCULO 32. Dentro del plazo de un mes, a partir de la fecha en que haya cesado la vigencia del decreto de restricción de garantías, el Presidente de la República presentará al Congreso un informe circunstanciado de los hechos ocurridos y de las medidas tomadas durante la emergencia.

ARTÍCULO 42. Los funcionarios encargados de la aplicación de esta ley, según el caso, podrán ordenar el allanamiento del domicilio o cualquier otro lugar cerrado, sin necesidad de orden escrita de juez competente ni permiso de su dueño en los casos siguientes:

1. Si hubiere indicio de que en dichos lugares se encuentra alguna persona contra quien se haya librado orden de captura o detención por cualquiera de los actos determinantes del estado de emergencia.

2. Cuando se presuma fundadamente que en el domicilio o lugar cerrado se encuentran armas, propaganda subversiva, instrumentos o efectos del delito que se persiga. La autoridad que penetrare a cualquiera de los lugares citados, deberá presentar orden escrita del funcionario que dictó la medida y se concretará estrictamente al cumplimiento de su cometido, evitando causar perjuicios a los moradores, así como la práctica de diligencias, que no sean conducentes al fin que se persigue.

Para penetrar al domicilio, la autoridad pedirá a sus moradores que se les permita el acceso. En caso de negativa, penetrará de hecho.

DE 6 DE LA TARDE A 6 DE LA MAÑANA DURANTE 30 DÍAS, A PARTIR DE HOY 7-6-2022. NO SE PODRÁ CIRCULAR EN IXCHIGUAN Y TAJUMULCO, SAN MARCOS, POR EL ESTADO DE SITIO DECRETADO, POR EL GOBIERNO DE GUATEMALA.

Presidencia de la República, Decreto Gubernativo Número 2-2022.

Considerando: Que es deber del Estado garantizaar la vida, la integridad, la seguridad y tranquilidad de las personas y de sus bienes, adoptando las medidas necesarias para mantgener la seguridad ciudadana y la paz social, especialmente cuando el surgimiento de hechos graves pongan en peligro el orden constitucional, la seguridad del Estado o existan grupos de personas que atentan contra particulares o autoridades, debiéndose dar prioridad al bien común, y de ser necesario, limitar la plena vigencia de determinados derechos en lo estrictamente indispensable, previa declaratoria del Presidente de la República en Consejo de Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad, aplicando las disposiciones legales establecidas en el Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público.

Considerando: Que según el informe ejecutivo sobre la vulnerabilidad de la seguridad en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco, ambos del departamento de San Marcos, presentado por el Ministerio de la Defensa Nacional, se establece que diversos habitantes y grupos armados han realizado actos violentos y ataques en contra de la población y las fuerzas de seguridad, afectando la justicia, desarrollo social, paz y seguridad, colocando en riesgo la vida y la libertad de las personas; por lo de carácter urgente, es necesario emitir las medidas oportunas para mitigar los actos violentos y la ingobernabilidad.

Considerando: Que el Estado de Guatemala es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humano y que conforme el instrumento internacional, para implementar un régimen jurídico especial temporal, debe sujetarse al principio de convencionalidad, garantizar los derechos humanos y aplicarse conforme a la ley, en razones de interés general y exclusivamente para el propósito establecido.

Por tanto: En ejercicio de las funciones que le confiere los artículos 1º, 2º, 3º. 138, 183 literales a), b), c), d), e) y f), 195 y 246 de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en el artículo 139 del mismo cuerpo legal; 1º. 2º, y 16 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público.

En Consejo de Ministros Decreta:

1. Se declara Estado de Sitio en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco, ambos del departamento de San Marcos.

2. La declaración del estado de sitio se establece al considerar y determinar que en la circunscripción de los municipios de Ixchiguan y Tajumulco, ambos del departamento de San Marcos, se han realizado acciones que afectan el orden público, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes, en virtud que diversos grupos armados han realizado actos de violencia en contra de las fuerzas de seguridad y la población, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral y patrimonial de los mismos, y para evitar ulteriores consecuencias es necesario implementar con carácter urgente, todas las medidas oportunas a efecto de restablecer las garantías y derechos de los afectados en los referidos municipios.

3. El Estado de Sitio se declara por un plazo de treinta días a partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo.

4. Se restringe la plena vigencia de los derechos reconocidos en los artículos 5º. Libertad de acción, 6º. Detención legal, 9º. Interrogatorio a detenidos o presos, el primer párrafo del artículo 33. Derecho de reunión y manifestación, 26 Libertad de locomoción y 38 tenencia y portación de armas, todos los artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, en los establecidos en el artículo 1 del presente Decreto Gubernativo.

Respecto de la restricción al derecho de libertad de locomoción reconocido en el artículo 26 de la Constitución Política de la República de Guatemala, únicamente estará limitado de las 18:00 horas de un día a las 06:00 horas del día siguiente dentro de los municipios de Ixchiguan y Tajumulco, ambos del departamento de San Marcos.

5. Durante el Estado de Sitio en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco, ambos del departamento de San Marcos, el Presidente de la República ejercerá el Gobierno en su calidad de Comandante General del Ejercito, a través del Ministerio de la Defensa, quién deberá tomar las medidas necesarias y pertinentes derivadas de la limitación de derechos constitucionales, debiendo observar el principio de necesidad y proporcionalidad.

6. El Ministerio de Gobernación, así como todas las autoridades y entidades estatales, de cualquier naturaleza, están obligadas a prestar a la autoridad militar la cooperación y coordinación que les sea requerida, dentro del ámbito de su competencia.

7. Durante la vigencia del estao de sitio, de conformidad con la restricción de derechos indicada en el artículo 4 del presente Decreto Gubernativo, se aplicará las medidas y disposiciones establecidas en los artículos 8, 13, 19 y 42 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público, conforme considere y justifique la autoridad responsable.

8. En el estado de sitio, las restricciones que se determinen por las autoridades responsab les no podrán ser incompatibles con las obligaciones que impone el derecho internacional en las condiciones siguientes:

a) No deben generar discriminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y origen social.

b) No generen ninguna limitación para la presentación o interposición de garantías judiciales indispensables.

9. Se ordena a la Academia de Lenguas Mayas realizar de forma inmediata la traducción del presente Decreto Gubernativo en los idiomas nacionales, correspondientes a las comunidades linguisticas de los municipios y departamento afectado, para que se comuniquen y publiciten en el territorio declarado en estado de sitio, bajo la responsabilidad de las autoridades responsables, municipales y comunitarias, quienes deberán recibir el apoyo de todos los medios de comunicación o similares para su difusión.

10. Oportunamente, preséntese al Congreso de la República de Guatemala informe circunstanciado y medidas adoptadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público.

11. Se convoca al Congreso de la República de Guatemala para que, dentro del término de tres días, conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto Gubernativo.

12. El Presente Decreto Gubernativo empieza a regir el día de su publicación en el Diario de Centro América.

Aparece la firma del Presidente y Vicepresidente, además 15 firmas de Ministros y Viceministros, y la del Secretario General de la Presidencia de la República.

Publicado en el Diario de Centro América el día miercoles 7 de junio de 2022.

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