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Medidas sustitutivas para las fuerzas de seguridad y del ejército
Por Carlos Enrique Mejía Paz - Guatemala, 24 de junio de 2022


6076 Iniciativa de ley que dispone aprobar Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad P ública y del Ejército de Guatemala, propuesta por los diputados: Carlos Napoleón Rojas Alarcón, Julio Francisco Lainfiesta Rímula, Karla Andrea Martínez Hernández, José Arnulfo García Barrios, Maynor Estuardo Castillo y Castillo, Byron Wilfredo Arreaga Alonzo.

· El 10 de mayo de 2022, fue ingresado a Dirección Legislativa para su trámite correspondiente.

· El 23 de junio de 2022, está en prevista en el Orden del día para su lectura, y traslado a la Comisión correspondiente, para su dictamen correspondiente y ser aprobado en tres lecturas o puede ser que se conozca en un solo debate y aprobar de Urgencia Nacional.

El objetivo de la iniciativa es:

Normar el procedimiento para garantizar el derecho constitucional a la manifestación pacífica y sin armas, para ello se hace indispensable establecer el objeto, el ámbito, la fuerza pública: PNC, DGSP, SAAS, y del Ejército de Guatemala, los principios, los niveles de resistencia y uso de la fuerza pública, condiciones para el uso de la fuerza, garantías del procedimiento. Se hace indispensable adicionar la literal d) al artículo 27, reformar el artículo 30, adicionar el artículo 43 Bis, al Decreto 11-97 del Congreso de la República, Ley de la Policía Nacional Civil, adicionar el artículo 24 Bis, al Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal, adicionar el artículo 264 Ter. Al Decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal.

La iniciativa tiene 14 artículos, los cuales se describen de la siguiente manera.

1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto fortalecer y garantizar la actuación de los integrantes de las fuerzas de seguridad pública y del Ejercito de Guatemala, al hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, conforme a sus competencias, desempeñando acciones para garantizar la vida e integridad de sus habitantes de la República, con estricto apego a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala y de conformidad con el ordenamiento jurídico interno.

2. Ámbito. La presente ley será aplicable en los casos en que integrantes de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala, en cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las leyes de su creación y la presente ley, así como con las órdenes emitidas por la autoridad superior, al aplicar el uso de la fuerza resulten involucrados en la comisión de un supuesto hecho ilícito.

3. Fuerzas de Seguridad Pública. Para los efectos de esta ley, se constituyen en fuerza de seguridad pública las instituciones del Estado que por mandato legal, su función sea la de proveer la seguridad ciudadana y garantizar el orden público, siendo éstas: la Policía Nacional Civil, la Dirección General del Sistema Penitenciario y la Secretaria de Asuntos Administrativos y de seguridad de la Presidencia de la República.

4. Principios. En el legítimo ejercicio de la competencia asignadas en sus respectivas leyes a las fuerzas de seguridad pública y al Ejercito de Guatemala, para el uso de la fuerza deberán considerarse los principios siguientes:

a) Principio de protección de los derechos y garantías: De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, la presente Ley no será utilizada para restringir, disminuir o coartar las manifestaciones que se lleven a cabo pacíficamente y sin armas.

b) Principio de legalidad: El uso de la fuerza tiene como finalidad lograr objetivos legítimos, debidamente regulados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

c) Principio de necesidad: Las fuerzas de seguridad pública y el Ejército de Guatemala podrán recurrir al uso de la fuerza únicamente cuando otros medios resulten ineficaces para alcanzar un objetivo legítimo o cuando sea probable que no se logre el resultado previsto.

Para determinar el nivel de la fuerza a utilizar, se debe considerar razonablemente entre otras circunstancias, el nivel de cooperación, resistencia o agresión de la persona intervenida y las condiciones del entorno.

d) Principio de proporcionalidad: El ejercicio legítimo de la autoridad, se refiere esencialmente al uso de la fuerza en la proporción directa, necesaria y suficiente, en relación a la gravedad y a la fuerza de agresión que se va a detener o a la amenaza a impedir.

e) Principio de congruencia: La fuerza empleada en respuesta a una resistencia o agresión deberá ser congruente con el nivel de éstas, tanto en los medios como en la intensidad.

f) Principio de oportunidad. La aplicación o abstención del uso de la fuerza deberá de ser en el momento más idóneo, con el fin de evitar daños o reducir al máximo la gravedad que los mismos puedan ocasionar.

5. Niveles de resistencia y uso de la fuerza: Las diversas formas de resistencia ante las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala, dependerá de la situación. Si fuere el caso, podrá hacerse uso de la fuerza en los siguientes casos;

1) Ante las personas que cooperan, se utilizará la comunicación verbal.

2) Ante una resistencia activa, se podrá hacer uso de la técnica de defensa personal de acuerdo al principio de proporcionalidad.

3) Ante una agresión grave, se podrá utilizar el contacto físico.

4) Ante una actuación gravísima, se podrá utilizar el equipo necesario para neutralizar la agresión, de acuerdo al principio de proporcionalidad.

En todo momento se utilizará la verbalización para reducir al máximo el uso de la fuerza y prevenir el uso excesivo de ésta.

6. Condiciones para el uso de la fuerza. El personal de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala, en el legítimo ejercicio de sus funciones, podrán hacer uso de la fuerza cuando se cumplan las circunstancias y condiciones siguientes:

a) Que el uso de la fuerza sea estrictamente racional y necesario, con el objeto de resguardar el orden público o tutelar los intereses públicos o privados, cuya protección les fue encomendada de conformidad con sus respectivas leyes.

b) Que el uso de la fuerza utilizada sea congruente y proporcional con relación a los medios disponibles y a la gravedad de la agresión que se pretende evitar.

c) La concurrencia de resistencia pasiva o activa, que justifique el uso de la fuerza.

Se entiende que hay resistencia pasiva cuando una persona o grupo de personas se nieguen a obedecer órdenes legítimas, comunicadas de manera verbal y directa por las fuerzas de seguridad pública y/o del Ejército de Guatemala, quienes previamente se hayan identificado como tal, sin que dicha resistencia implique actos que pongan en peligro la integridad física de terceros.

Se entiende que hay resistencia activa cuando una persona o grupo de personas se nieguen a obedecer órdenes legítimas, comunicadas de manera verbal y directa por el personal de las fuerzas de seguridad pública y/o del Ejército de Guatemala, quienes previamente se hayan identificado como tal, realizando resistencia física, así como oposición a su reducción, movilización o inmovilización, llegando a un nivel de desafío físico.

7. Garantías del procedimiento: en el caso de iniciarse un proceso penal en contra del personal de las fuerzas de seguridad pública o del Ejército de Guatemala, por acciones realizadas en cumplimiento del legítimo ejercicio de sus funciones, se les garantizará el debido proceso y el derecho de defensa; además de ello, deberán contar con la asistencia jurídica gratuita por parte de las Instituciones para las cuales laboran.

8. Se adiciona la literal c) al artículo 27 de la Ley de la Policía Nacional Civil, Decreto Número 11-97 del Congreso de la República, la cual queda así: c) Los que se encuentren sujetos a proceso penal con ocasión del legítimo ejercicio de sus funciones, bajo las circunstancias y condiciones contempladas en la Ley para el fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala.

El reglamento que se emita para el efecto deberá contener las disposiciones complementarias para desarrollar lo establecido en la presente literal.

El personal de la carrera policial de la Policía Nacional Civil que se encuentre comprendido en la presente literal y que realice actos a través de los cuales intervenga directa o indirectamente, obstaculizando la investigación en su contra, pasará a situación especial.

9. Se reforma la literal c) del artículo 30 de la Ley de la Policía Nacional Civil, Decreto Número 11-97 del Congreso de la República, la cual queda así: c) Los que estén consignados a los tribunales de justicia hasta que resuelvan en forma definitiva su situación jurídica, salvo los comprendidos en el primer párrafo de la literal c) del artículo 27 de esta ley.

10. Se adicional el artículo 43 Bis a la Ley de la Policía Nacional Civil, Decreto Número 11-97 del Congreso de la República, el cual queda así: Artículo 43 Bis. En caso de que el cumplimiento de sus funciones el personal de la Carrera Policial, con el objetivo de garantizar la vida e integridad de los habitantes de la República, la de otros miembros de la institución o la propia o el resguardo de los bienes públicos o privados, y cuyo actuar pueda encuadrar en acciones tipificadas como delitos o faltas, se observará lo siguiente:

a) Para garantizar imparcialidad y objetividad, el procedimiento policial estará a cargo de integrantes de la institución distintos a los involucrados en el hecho.

b) El personal de la Carrera Policial a cargo del procedimiento de la escena, deberá verificar que no se altere el lugar donde sucedieron los hechos y resguardar la integridad de las evidencias.

c) En la aplicación de la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, el personal de la Carrera Policial deberá gozar de la medida sustitutiva establecida en el artículo 264 Ter del Código Procesal Penal.

11. Se adiciona el artículo 24 BIS al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, el cual queda así: Artículo 24 Bis. Las Fuerzas de seguridad pública y el Ejército de Guatemala, obran en legítima defensa cuando actúan en defensa propia o de terceros, siempre que exista una agresión que ponga o podría poner en peligro inminente la vida o integridad física de personas ajenas o de uno de sus integrantes.

12. Se adiciona el artículo 264 Ter al Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República, el cual queda así: Artículo 264 Ter. Medidas sustitutivas para los miembros de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala. El personal que integra las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala, que en el legítimo ejercicio de sus funciones resulten involucrados en la comisión de un supuesto hecho ilícito, de conformidad con la ley del Fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala, se les impondrá como medida de coerción el arresto domiciliario y otras que el juez considere pertinentes de las establecidas en el artículo 264 del presente código, con el objeto de garantizar su derecho al trabajo.

13. Reglamento. El Organismo Ejecutivo emitirá el reglamento de la presente ley en un plazo no mayor a tres meses a partir de la vigencia del presente decreto.

14. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial.


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