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El INACIF hará pruebas de ADN gratuitamente y en tiempo
Por Carlos Enrique Mejía Paz - Guatemala, 23 de septiembre de 2022


5550. Iniciativa de ley que dispone aprobar Reformas a la Ley de Tribunales de Familia, Código Civil y Código procesal Civil y Mercantil. Presentada por la Corte Suprema de Justicia.

* El 11-02-2019, se entregó a la Dirección Legislativa para su trámite correspondiente.

* El 14-08-2019, se conoció en el Pleno del Congreso de la República y enviada a la Comisión de Reformas al Sector Justicia, para su estudio, análisis, discusión y dictamen correspondiente.

* El 03-12-2019, la Comisión emite Dictamen Favorable con Modificaciones y es firmado por los diputados: Cornelio Gonzalo García García, Héctor Leonel Lira Montenegro, Ana Victoria Hernández Pérez, Ronald Estuardo Arango Gómez, Juan Ramón Lau Quan. NO firmaron los diputados: Fidel Reyes Lee, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, Vivian Beatriz Preciado Navarijo.

* El 11-12-2019, el Dictamen Favorable con enmiendas, es entregado a la Dirección Legislativa, para su trámite correspondiente.

* El 02-08-2022, se discutió en Primer Debate en el Pleno del Congreso de la República, y se reservó para su trámite siguiente.

* El 04-08-2022, se discutió en Segundo Debate en el Pleno del Congreso de la República, y se reservó para su trámite siguiente.

* El 21-09-2022, se aprobó en Tercer Debate, por artículos y redacción final en el Pleno del Congreso de la República, y se convierte en el Decreto Legislativo 47-2022.

El objetivo de la iniciativa es hacer reformas a tres decretos legislativos y realizar las pruebas de ADN en el INACIF de forma gratuita y de forma eficiente para garantizar la paternidad responsable.

El proyecto de Decreto tiene 14 artículos, los cuales se describen así:

1. Se adiciona un párrafo al artículo 221 del Código Civil, Decreto Ley número 106, el cual queda así: Artículo 221. En los procesos de paternidad filiación, el juez competente puede ordenar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF-, que realice la prueba del Acido Desoxirribonucleico, de forma gratuita y en el tiempo que se le fije para el efecto.

2. Se adiciona un párrafo al artículo 319 del Código Civil, Decreto Ley número 106, el cual queda así: Artículo 319. Discernimiento del cargo y tutela provisional. El tutor y el protutor no entrarán a ejercer sus cargos, sino después de discernidos por el juez.

Ninguna tutela puede ser discernida sin estar llenados todos los requisitos que para su ejercicio exige la ley.

En caso de urgencia, el juez nombrará tutor provisional, para que exija o defienda los derechos del pupilo, tanto en el ámbito judicial como administrativo.

3. Se modifica el numeral 3º, del artículo 199 del Decreto Ley número 107, Código Procesal Civil y Mercantil, el cual queda así: Artículo 199. Materia del Juicio Oral. Se tramitarán en juicio oral:

a) Los asuntos de menor cuantía;

b) Los asuntos de ínfima cuantía;

c) Los asuntos de familia. Con excepción de los casos que la Ley de Tribunales de Familia disponga lo Contrario.

d) La rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación la ley o el contrato;

e) La división de la cosa común y las diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación a la misma;

f) La declaratoria de jactancia; y,

g) Los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes, deben seguirse en esta vía.

4. Se adiciona el numeral 8°, al artículo 294 del Decreto Ley número 107, Código Procesal Civil y Mercantil, el cual queda así: Artículo 294. Procede la ejecución en vía de apremio, cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero, líquida y exigible:

1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

2. Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación.

3. Créditos hipotecarios.

4. Bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones.

5. Créditos prendarios.

6. Transacción celebrada en escritura pública.

7. Convenio celebrado en juicio.

8. Convenio o acuerdo aprobado u homologado por juez competente.

5. Se modifica el artículo 2 de la Ley de Tribunales de Familia, Decreto Ley número 206, el cual queda así: Artículo 2. Jurisdicción especializada. Corresponde a los órganos jurisdiccionales de familia, conocer y resolver los asuntos y controversias del derecho de familia, cualquiera que sea la cuantía, tanto contenciosos, voluntarios, de ejecución, cautelares y para la preparación del juicio.

6. Se reforma el artículo 3 del Decreto Ley número 206, Ley de Tribunales de Familia, el cual queda así: Artículo 3. Conforman los Tribunales de Familia: a) Juzgados de Paz con competencia en asuntos familia; b) Juzgados de Primera Instancia con competencia en asuntos de familia ; y c) Salas de la Corte de Apelaciones con competencia en asuntos de familia.

7. Se reforma el artículo 5 del Decreto Ley número 206, Ley de Tribunales de Familia, el cual queda así: Artículo 5. Especialización. Los Magistrados y Jueces de Primera Instancia con competencia en asuntos de Familia, además de los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de la Carrera Judicial, deben tener especialización en derecho de familia y haber aprobado el curso específico de formación inicial para Jueces y Magistrados en materia de familia.

8. Se reforma el artículo 7 del Decreto Ley número 206, Ley de Tribunales de Familia, el cual queda así: Artículo 7. La integración y organización de los tribunales de familia, se hará a través de los Acuerdos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, los cuales deben ser acordes a una gestión por audiencias orales.

Los nombramientos del personal deben recaer en personas altamente calificadas, profesionales en su área de trabajo, honestas y con alto nivel de servicio y sensibilidad humana.

9. Se reforma el artículo 8 del Decreto Ley número 206, Ley de Tribunales de Familia, el cual queda así: Artículo 8. Todos los asuntos y controversias sometidas a los tribunales, con competencia en materia de familia, a excepción de lo dispuesto en esta Ley, se conocerán y resolverán en juicio oral, el cual se rige por las disposiciones generales del Código Procesal Civil y Mercantil, y específicas siguientes:

1. Las audiencias de juicio oral deben realizarse continuamente, aplazando únicamente de un día a otro, por horario de jornada, sin interrupciones ni suspensiones. Todas las audiencias serán grabadas tecnológicamente, conforme al soporte más apropiado y accesible.

2. La ampliación de la demanda solo puede realizarse para incorporar hechos o pruebas desconocidas por la parte actora al presentar la demanda. La modificación de la demanda, debe referirse a un dato sustancial y no incurrido por error. En ambos casos, debe presentarse 24 horas antes de la audiencia fijada.

3. Todas las excepciones previas deben resolverse en la primera audiencia, incluso aquellas que ameriten prueba en contrario, aplazando, si fuera el caso, por un tiempo prudencial para obtenerla y presentarla.

4. La audiencia inicia con las advertencias preliminares del juez que preside y agotamiento de la conciliación.

5. La parte actora presentará su caso y seguidamente la parte demandada asumirá la actitud procesal que considere oportuna, allanándose, o poniendo excepciones o contestando la demanda en sentido negativo.

6. La reproducción de la prueba debe ceñirse a las reglas siguientes:

a) Examen directo y contra-examen de testigos, previo juramento de decir la verdad, por los abogados de los sujetos procesales. Las partes procesales declararán como testigos. Los jueces impedirán las preguntas impertinentes y capciosas; las sugestivas solo serán permitidas en el contra-examen.

b) Examen directo y contra-examen de los expertos, previo juramento de decir verdad y sobre la base de su dictamen, por los abogados de los sujetos procesales. Los jueces impedirán las preguntas impertinentes y capciosas; las sugestivas solo son permitidas en el contra-examen.

c) Los abogados de los sujetos procesales, introducirán la prueba documental o material poniéndola a la vista de los testigos o expertos, quienes darán las explicaciones respectivas.

7. Seguidamente se concederá la palabra, al demandante y luego al demandado para que emitan sus alegatos finales, los cuales estarán sometidos a un tiempo razonable, según las circunstancias del caso.

8. Los jueces deben emitir la sentencia relatada en la propia audiencia, inmediatamente de finalizados los alegatos de las partes.

9. La sentencia escrita se emitirá debidamente fundada y razonada, dentro de los 5 días siguientes de finalizada la audiencia de juicio.

10. Las sentencias serán ejecutadas, por quien la emita y sin requerimiento de parte procesal, provisoriamente., sin constitución de garantía previa, salvo pedido de parte contraria que justifique, fundamente y acredite necesidad de garantía. No se ejecutará provisoriamente la sentencia, si hace infructuosa o imposible la restitución al estado original que por vía de recurso pueda ordenarse.

11. Todos los medios de prueba deben ser valorados conforme las reglas de la sana critica.

12. Todo incidente, cualquiera que sea su naturaleza, debe ser promovido y resuelto en la audiencia de juicio, oyendo previamente a la parte contraria.

13. Las resoluciones emitidas en la audiencia y que violen un derecho fundamental de los sujetos procesales, solo podrán ser impugnadas mediante recurso de revocatoria, el que se resolverá en la propia audiencia, previo pronunciamiento de la parte contraria.

14. Los actos procesales, que inobserven las reglas del juicio y que violen un derecho fundamental de los sujetos procesales, serán rectificados mediante señalamiento de parte procesal. Se tendrá por consentido el acto, cuando no se haga el señalamiento de rectificación inmediatamente.

10. Se reforma el artículo 9 del Decreto Ley número 206, Ley de Tribunales de Familia, el cual queda así: Artículo 9. Las oposiciones que se presenten en los asuntos de la jurisdicción voluntaria, se tramitarán en la vía ordinaria. Los juicios ejecutivos, ejecuciones especiales, ejecuciones en la vía de apremio, medidas cautelares y diligencias de preparación del proceso, se sujetarán a los procedimientos específicos contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil.

11. Se reforma el artículo 10 del Decreto Ley número 206, Ley de Tribunales de Familia, el cual queda así: Artículo 10. Impulso de oficio. El procedimiento en todos los asuntos sujetos a la jurisdicción de los tribunales de familia, debe ser actuado e impulsado de oficio.

12. Se adicionan 2 párrafos al artículo 11 del Decreto Ley número 206, y de Tribunales de Familia, el cual queda así: Artículo 11. Conciliación y mediación La diligencia de conciliación de las partes, prevista en el artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil, no podrá dejar de celebrarse en los juicios de familia, debiendo los jueces personalmente emplear los medios de convencimiento que estimen adecuado para lograr el avenimiento de las partes, de todo lo cual deberá dejarse constancia en las actuaciones.

En las audiencias de conciliación será obligatorio utilizar un lenguaje sencillo, claro y de fácil entendimiento, evitando el lenguaje confrontativo, obligación que alcanza a los abogados litigantes. El juez solicitará a las partes mantener una conducta respetuosa y conciliadora.

Los asuntos y controversias de familia, también pueden someterse a mediación, cuyo acuerdo será homologado por los jueces de paz en general y los jueces de primera instancia con competencia en asuntos de familia. Se exceptúan de la mediación los casos siguientes: a) violencia intrafamiliar; b) la administración de los bienes de niños, niñas, adolescentes, incapaces y ausentes.

13. Se reforma el artículo 14 del Decreto Ley número 206, Ley de Tribunales de Familia, el cual queda así: Artículo 14. Los jueces ordenarán a los trabajadores sociales, psicólogos y demás equipo multidisciplinario, adscrito al tribunal, realizar las investigaciones necesarias, a fin que los problemas planteados puedan ser resueltos con conocimiento pleno de la realidad de las situaciones. Los informes deben realizarse con prontitud, acuciosidad, veracidad y objetividad.

Aparte de los intervinientes en el juicio, nadie puede imponerse del contenido de los informes. Se exceptúa de esta disposición cuando sean requerido por orden de juez competente.

Los jueces entregarán, con la anticipación debida, a las partes procesales, los informes indicados en el párrafo primero de este artículo, con la finalidad que puedan aceptarlos o refutarlos en la audiencia respectiva de juicio oral.

14. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

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