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¿Y ahora la privatización?
Por Claudia Paz y Paz Bailey* - Guatemala, 6 de noviembre de 2005

El reciente asesinato de 40 privados de libertad y la fuga de 19 reclusos de El Infiernito son las dramáticas consecuencias de la crisis del Sistema Penitenciario provocada por la falta de atención e inversión por parte del Estado.

Ante esta situación, el ministro de Gobernación expresó la posibilidad de privatizar las cárceles. En otras palabras: luego de provocar la crisis, el mismo gobierno propone una medida política que, lejos de solucionar el problema de fondo, lo agravará.

La posibilidad de privatizar los servicios en las cárceles no es novedosa. Históricamente, órdenes religiosas se encargaron de atender a los reclusos. De hecho, esta tendencia subsiste: gran parte de las actividades de rehabilitación está a cargo de ONG o de los internos. Incluso, la comida es provista a través de empresas privadas.

Lo que preocupa es que, según el ministro, hay que “transferir el control de las cárceles al sector privado” porque así “el Estado no gastaría dinero y se dejaría a un lado el temor de posibles fugas”. La realidad ha demostrado que la privatización ni genera ahorros y, mucho menos, reduce el riesgo de fugas.

Distintos organismos han señalado las causas de que cíclicamente afrontemos violencia, asesinatos, motines y fugas en las cárceles. Sólo por nombrar algunas: el hacinamiento -producto de las capturas masivas de jóvenes por delitos de bagatela, sin pruebas suficientes o plantándoles droga, para justificar la captura-; los abusos de los comités de orden y disciplina -quienes ostentan el control de los centros-; condiciones de reclusión cada vez más precarias y escaso presupuesto; corrupción de los agentes penitenciarios -quienes son los peor pagados del Ejecutivo-; y ausencia de una ley penitenciaria, que facilita arbitrariedad y abuso de poder.

Si examinamos cada una de estas causas, es fácil determinar que la privatización no podrá resolverlas. Ninguna transferencia al sector privado puede reducir el hacinamiento, ni dotar de legalidad al sistema, o aumentar el precario presupuesto; y por supuesto, no puede garantizar que empleados de empresas privadas retomen el control de los centros que el Estado cedió a los reclusos.

Existen funciones indelegables del Estado: la seguridad es una de ellas. El Ministerio de Gobernación es el responsable y entre sus funciones está garantizar la seguridad interna y externa a los centros penales (Art. 19 de la Constitución).

En Latinoamérica, sólo Chile ha privatizado la administración de las cárceles. Actualmente, se estudia devolverla al Estado, debido al alto costo y las arbitrariedades de grupos de poder.

Así, se exhorta al Estado a cumplir con las recomendaciones para el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario, evitando una nueva crisis y empezar a “inventar soluciones” o dar palos de ciego cuando la catástrofe ya estaba anunciada.

*Del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP)


Fuente: www.prensalibre.com


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