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ONU declara arbitraria la detención de defensoras y defendores de Derechos Humanos. Un importante avance en contra de la criminalización
Por Carmen Reina - Guatemala, 4 de julio de 2016

ONU declara arbitraria la detención de Mauro Vay, dirigente de Codeca. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas informó el lunes 27 de junio 2016 emitió la opinión No. 19/2016, sobre la detención del fundador y dirigente de CODECA, Mauro Vay y otros (Blanca Ajtun y Mariano García).

Mauro Vay, Blanca Ajtun y Mariano García fueron detenidos en 2014 por supuestos delitos relacionado a la reducción de precios de la energía eléctrica de la empresa ENERGUATE.

El lunes 27 de junio, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió la opinión No. 19/2016, sobre la detención de dirigentes de CODECA, Mauro Vay , Blanca Ajtun y Mariano García. ONU señala que “La privación de libertad de ... Mauro Vay Gonon, Mariano García Carrillo ... y la Señora Blanca Julia Ajtun Mejía es arbitraria...Conforme al derecho internacional aplicable, las víctimas de una detención arbitraria tienen derecho a buscar y obtener reparaciones del Estado, lo que incluye la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. De conformidad con esta Opinión, el Grupo de Trabajo recomiendo al Gobierno de la República de Guatemala que repare integralmente a Mauro Vay Gonon, Mariano García Carrillo ... y la Señora Blanca Julia Ajtun Mejía”.

Esta resolución es parte del litigio estratégico planteado por la Comisión Internacional de Juristas y es un logro, ya que una instancia del más alto nivel como la ONU reconoce el nivel de arbitrariedad en la detención de estas tres personas defensoras de derechos humanos, quienes han denunciado y promovido la organización social, campesina e indígena de los pueblos originarios contra el excesivo cobro de la distribución de la energía eléctrica de las áreas rurales, la cual ha sido conferida a la empresa ENERGUATE, propiedad de I.C. Power, subsidiaria de Kenon Holdings, que forma parte de Israel Corporation Group, una multinacional israelita ampliamente conocida en Latinoamérica, según el Centro de Medios Independientes (Véase: https://cmiguate.org/quien-esta-detras-de-compra-de-energuate/).

De esta manera, como puede verse, se sienta un precedente en relación a las y los presos políticos en Guatemala, ya que el Grupo de Trabajo de ONU referido considera la arbitrariedad de sus detenciones y el derecho a demandar reparaciones justas. Esto es fundamental en el marco de la lucha por la justicia y contra la impunidad que ha existido contra decenas de personas que por su oposición a los abusos de empresas hidroeléctricas, mineras, de monocultivos y otras prácticas de despojo empresariales, han sido encarceladas de manera ilegal e ilegítima; acusadas de varios delitos que no cometieron y cuyos procesos judiciales se hacen cada vez más lentos, con un claro propósito político: romper el liderazgo, la desmovilización social y sembrar el terror en otras y otros para evitar que se organicen y luchen por esta causa.

Es de esperarse que la restitución de derechos contra el liderazgo de CODECA sea efectivo, al igual que la reparación de daños y en particular, la garantía de no repetición de estos actos de represión que violan sus derechos. El desafío que corresponde además es que este tipo de abordaje se pueda extender hacia otras personas que están privadas de libertad por ser defensoras y defensores de derechos humanos, como es el caso de las y los líderes de San Juan Sacatepéquez, Huehuetenango y otras latitudes del país.

A partir de la Marcha por el Agua, organizada por la Asamblea Social y Popular (abril 11 a 22 del 2016), se definió que el Congreso de la República instaló una comisión interparlamentaria que entre otros temas, verifica la seguridad integral de los presos políticos, la cual se esperaría que tenga resultados positivos en la liberación de las personas que fueron detenidas de manera ilegítima.
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Las dos primeras semanas de julio inician audiencias en las que los tribunales conocerán las causas y los supuestos delitos por los cuales acusan a por lo menos 19 presos políticos. Se espera que finalmente pueda existir una justicia pronta y cumplida y estas personas recuperen su libertad.

Ante esta situación, , tal como señala a Prensa Comunitaria el diputado Leocadio Juracán: “hay una actitud de falta del debido proceso y perverso al estar siempre suspendiendo las audiencias” (https://comunitariapress.wordpress.com/tag/presos-politicos/), por lo que la comisión interparlamentaria ya ha iniciado visitas para conocer la situación específica de los compañeros detenidos de forma injusta, como sucedió en la visita que realizó la última semana de junio del 2016 en Huehuetenango. Ahí se conoció la precaria situación de derechos humanos y la falta del debido proceso para atender los casos de las detenciones arbitrarias contra dos dirigentes de Santa Cruz Barillas Ermitaño López y Maynor López, que permanecen en el centro preventivo de la Policía Nacional Civil (PNC) de Huehuetenango.

Vale recordar además, que existen otros líderes sociales que tienen órdenes de captura, que han sido criminalizados y que sufren el peligro de ser detenidos por las acciones que realizan en defensa de territorios y luchas contra el modelo injusto de despojo de tierras y territorios hacia las comunidades indígenas. Este es el caso de Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, acusado por difamación por el fundador de la Fundación contra el terrorismo , o por ejemplo, en la región de Alta Verapaz, en la cual que existen más de 82 órdenes de captura contra líderes y lideresas.

Así, la opinión del grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas coloca una importante pauta, que deberá ser escuchada por el Organismo Judicial en Guatemala y el Ejecutivo, para cesar estas detenciones arbitrarias, reparar los daños y sobre todo, brindar garantías de no repetición, con el fin de que cese la criminalización al liderazgo social e indígena en el país. Este es un reto por la justicia que cuestiona al sistema, en un momento en el cual se discuten reformas que implican el cambio constitucional en este sentido.

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