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Sobre el resarcimiento: ¡no se deje confundir!
Por Claudia Virginia Samayoa - Guatemala, 19 de junio 2004
cvsjrh@intelnet.net.gt

El término resarcimiento está hoy en boca de todos. Algunos dicen que es un abuso de los fondos que usted da como contribuyente, otros que es la razón por la que se les paga a las ex PAC y, más de uno, dice que Rosalina Tuyuc recibió dinero para encargarse personalmente del asunto. Ni unos, ni otros están dándole toda la información, estimada lectora y lector.

El resarcimiento o reparación por daños causados por una persona individual o jurídica es un concepto que conforma parte de la práctica de establecer responsabilidades ante un hecho criminal. Por ello, los jueces en la instancia penal o civil establecen las costas o reparación que debe ser otorgada a la víctima. En el caso de que usted choque, se verá en la necesidad de reparar los daños al vehículo del agredido para evitar ir a juicio. Dará una reparación.

¿Qué pasa cuando el que causa el daño no es una persona individual? En estos casos, la reparación corre a cargo de la institución o persona jurídica responsable. Así es como empresas privadas han tenido que pagar reparaciones millonarias por no tener las medidas de seguridad necesarias para evitar que el descuido de uno de sus empleados ocasione daños a terceros. Recuérdese del caso de la Exxon Valdés, donde el descuido del capitán del barco de transportación de petróleo resultó en uno de los peores casos de derramamiento del venenoso líquido.

Bajo esta misma lógica, el Estado es responsable de las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos. Durante el enfrentamiento armado guatemalteco, el Estado no sólo permitió la comisión de violaciones a los derechos humanos sino diseñó políticas públicas basadas en la privación de la vida, la libertad y los derechos a una vida digna.

En nuestro caso, no estamos hablando de un policía que cometió un abuso, sino de una política que obligó a decenas de miles de funcionarios a cercenar la vida, torturar, perseguir, violar, hurtar e, incluso, cometer genocidio contra cientos de miles de guatemaltecos y guatemaltecas. Se han documentado casos, donde se ejecutaron soldados por negarse a participar.

¿Por qué no resarcir económica y moralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos, cuando reconocemos el derecho a reparación ante un accidente de carro? Sí, son nuestros impuestos. Y, sí, hay muchas otras necesidades que atender hoy. Pero todos somos corresponsables tanto de nuestro pasado como de nuestro futuro como nación. Y todos -incluyendo las víctimas- pagamos impuestos.

Pero no se confunda, estimado lector y lectora, el pago a las ex PAC no es resarcimiento. Ellos solicitan pago por el tiempo de servicio otorgado al Ejército sin remuneración. Ellos no están aceptando que fueron reclutados forzosamente y que, por ende, son víctimas. Es más, están orgullosos de su servicio a la patria. Lo que piden es salarios caídos, no resarcimiento.

Tampoco es cierto que a Rosalina Tuyuc le dieron 30 millones para resarcir a las víctimas. Se adjudicaron 30 millones para reiniciar el Programa Nacional de Resarcimiento. Aun falta que se recorra un largo camino para definir los criterios equitativos de calificación de las víctimas y definición de medidas de reparación económica, sicológica y moral.

Nadie está asumiendo, hoy, el compromiso de pago inmediato a las víctimas. El resarcimiento no es sólo de pago, también es acciones de dignificación, reparación sicosocial y cultural que cuestan nuestros impuestos.

Tomado de www.sigloxxi.com


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