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Hacia dónde va la lucha antiterrorista en Guatemala
Por Claudia Virginia Samayoa - Guatemala, 15 de noviembre de 2004
cvsjrh@intelnet.net.gt

"...el discurso contrainsurgente y conservador está aprovechando el contexto internacional..."

"En el caso de Guatemala, no hay que esperar que pase una nueva ley. La legislación vigente ya está siendo utilizada para criminalizar la protesta de las comunidades".

Hace un mes salió en las noticias que el Presidente del Congreso iba a presentar una propuesta de Ley contra el Terrorismo y Actividades Conexas. Con el tiempo me enteré que dicho proyecto no era del diputado Morales ni tenía nada que ver con el proyecto de ley contra la Financiación del Terrorismo que fuera presentada por la Superintendencia de Bancos. Este es un proyecto nuevo.

Quisiera compartir con ustedes, algunos de los contenidos de este anteproyecto de ley con el fin de alertarlos sobre lo que puede venir detrás de la "noble" intención de combatir el terrorismo. Fíjense estimados lectores y lectoras que en su artículo 8, la propuesta define terrorismo como "comete delito de terrorismo quien cause alarma, zozobra, temor o perturbación del orden interno con la finalidad de poner en peligro la vida o la integridad de un número de personas, subvertir el orden constitucional, afectar el patrimonio público o las relaciones internacionales de la República, u obtener algún beneficio particular".

Esta definición amplísima sobre lo que pudiera ser terrorismo realmente incluiría un montón de acciones que corrientemente se dan. Por ejemplo, se podría declarar terrorista a la Corte de Constitucionalidad por emitir una resolución contra las "adhesiones" a los convenios internacionales dejando así sin vigencia el 80% de los tratados a los cuales se ha adherido Guatemala. Finalmente, ellos están afectando las relaciones internacionales de la República y causando zozobra en la comunidad internacional.

Pero más interesante aún es la definición de dicha propuesta de Ley de otras formas de terrorismo como "Todo el que con intención de aterrar y causar anarquía, impida o dificulte el trabajo de cualquier persona o empresa, o de los dueños, gerentes, obreros o empleados". Pareciera que el autor de el anteproyecto pretende convertir el derecho de huelga en un delito. Esto es porque podría decirse que cuando un sindicato utiliza el derecho de huelga causa anarquía a la empresa.

Lo que ocurre con este anteproyecto y con otros similares es que el discurso contrainsurgente y conservador está aprovechando el contexto internacional para criminalizar el movimiento social y transformar el ejercicio de los derechos de libre expresión, movilización y organización de las mayorías desposeídas en delitos graves. Son artilugios legales para conseguir la represión de la oposición social a políticas estatales o laborales contrarias al bien común.

En el caso de Guatemala, no hay que esperar que pase una nueva ley. La legislación vigente ya está siendo utilizada para criminalizar la protesta de las comunidades. A la población de Rabinal y sus dirigentes que protestaron en la Hidroeléctrica de Chixoy los tienen acusados de terrorismo. Sin entrar a discutir sobre lo improcedente de una acusación contra todos los habitantes de Rabinal, es más interesante cómo se tergiversa el concepto de terrorismo actual que dice que lo comete "quien, con el propósito de atentar contra el orden constitucional o de alterar el orden público, ejecutare actos encaminados a provocar incendio o a causar estrago o desastres ferroviarios, marítimos fluviales o aéreos". (Art. 391). Obviamente la protesta en la hidroeléctrica no buscaba nada de lo anterior. Pero uno no puede dejar de pensar que el anteproyecto de ley está hecho para poder, efectivamente, meter presos a las poblaciones y a sus dirigentes.

Tomado de www.sigloxxi.com


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