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Mejor reír, porque llorar duele
Por Claudia Virginia Samayoa - Guatemala, 28 de febrero de 2005
cvsjrh@intelnet.net.gt

El 2 de febrero se notificó la infausta noticia: la Corte de Constitucionalidad tiró a la basura el proceso de La masacre de las Dos Erres. ¿Qué? ¿Qué quereque qué? Nos preguntábamos los defensores de derechos humanos.

Visto desde fuera pareciera que deshojaran una margarita cada vez que emiten un dictamen: "lo quiero", "no lo quiero", "me quiere". Lo que es evidente es que a lo interno hay una lucha entre los abogados serios y aquellos... digamos, menos serios. Pero la sentencia de apelación de la sentencia de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia en el caso de La masacre de las Dos Erres batió todos los récords.

Los abogados tienen la habilidad de enredar lo que está claro. Los temas de amparos, apelaciones e inconstitucionalidades son una de esas cosas enredadas de esta vida. Y detrás del enredo siempre aparece el ridículo. El 2 de febrero, los siete magistrados de la CC dijeron unánimemente que se declaraba con lugar el recurso de apelación de la sentencia de amparo. Que no es más que una sentencia que decía que no a la defensa ante su protesta del no que le dijo el tribunal ante el sí que le dijo a la justicia el juez que controla la investigación. Uf, largo y complicado, ¿verdad?

En otras palabras, resolvía que la Corte Suprema de Justicia tenía que dar con lugar la protesta de la defensa y... prep*rense... anular todo lo actuado a partir de 1996, fecha que entra en vigencia la Ley de Reconciliación Nacional. Que dicho sea de paso, incluye el testimonio anticipado de dos kaibiles que muestran que la masacre fue un acto planificado de asesinar niños, mujeres y ancianos, no un enfrentamiento armado con la guerrilla.

Lo risible de esta historia no es el drama legal que implica el sufrimiento de las víctimas, sino el extralegal. Cuando las defensoras de derechos humanos denuncian públicamente la maniobra de impunidad que implicaba anular todo lo actuado, un magistrado, el de los serios, ante la televisión dice ¿Qué? ¿Quereque qué? Yo no firmé eso (¡up's!), no puede ser, lo vamos a aclarar.

Acto seguido, el 16 de febrero, la honorable CC emite una aclaración de la sentencia. Otro enredo. Resulta que empieza diciendo que la Corte se puede equivocar y puede rectificar. Ajá. Pero no nos dice en qué se equivocó. Lo que sí hace es aclarar, por no decir volver a escribir su sentencia: que no podía ordenar la suspensión de todas las diligencias; que realmente tampoco podía decir si aplica o no la ley de reconciliación; que lo único que puedo afirmar es que se anuló la sentencia de amparo y que ellos, la CSJ, deberán decidir sobre el resto del proceso.

Pero la cosa no se queda ahí. Cuando uno observa las firmas de la aclaración se da cuenta de que esa sentencia fue otro de estos encuentros poco amistosos entre los miembros de la Corte. El Presidente firma como voto disidente, y otro magistrado, de los que otrora salía con mala fama en los medios de comunicación, plantea que vota en contra. Como ni el derecho al pataleo les sale bien a los que propugnan la impunidad, vale la pena decir que la figura "voto en contra" no existe en la legislación, se debe decir "voto disidente".

Y entre hojas de margarita, momentos de: "está bueno, te firmo"; de "no muchá, no podemos meter tanto la pata", de sentencias en derecho y el derecho del pataleo las sentencias de la CC vienen y van. Y para todo esto, este árido y complicado enredo lo que oculta es el sistema de impunidad del país. Mejor río, porque llorar nuestra ingrata suerte duele.

Tomado de www.sigloxxi.com


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