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¿Leyes casuísticas, o plan bien elaborado?
Por Claudia Virginia Samayoa - Guatemala, 18 de abril de 2005
cvsjrh@intelnet.net.gt

La dinámica internacional de este mundo multipolar tiene un ritmo que afecta al país, pero que no resuelve la grave crisis en la que nos encontramos en nuestro querido País de la Eterna ¿Primavera?. Por otra parte, nuestra ubicación geográfica nos coloca de lleno en la inevitable influencia del poder hegemónico actual. La frontera sur debe ser cuidada, así lo dijo la "Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte" suscrita por Estados Unidos, Canadá y México.

En esta ecuación, Guatemala no sólo tiene que firmar el Tratado de Libre Comercio, sino tiene que buscar una manera de mantener su gobernabilidad. Desde una perspectiva democrática, la gobernabilidad se puede lograr con: un Estado de Derecho fuerte, donde la ley se aplica por igual a todos, demostrando que ricos y poderosos son suceptibles de ir a la cárcel si cometen delito; un sistema de partidos políticos capaz de intermediar los intereses nacionales e impulsar políticas públicas para el desarrollo del bien común, y una ciudadanía fuerte, con canales de diálogo y colaboración con las instituciones del Estado.

Claramente, ninguno de esos elementos se encuentran en el país. Varios son los factores que impiden la construcción de una gobernabilidad democrática. Uno de ellos es la existencia de un poder oculto que domina lo público y estatal para los intereses particulares y, en muchos casos, los intereses criminales. A cinco meses de que el Gobierno de la República anunciara que iba a buscar formas de perseguir el flagelo de las estructuras clandestinas ligadas a los poderes ocultos, no sólo no vemos acción decidida en torno a la temática, sino que se puede constatar el viraje para la salida autoritaria y represiva a la ingobernabilidad.

En otras palabras, en lugar de atender las causas de la ingobernabilidad, lo que están haciendo es combatir los síntomas.

Uno de esos síntomas son las manifestaciones de descontento ante la situación de pobreza, inequidad y exclusión. La ciudadanía no tiene canales de comunicación, no tiene partidos políticos que le representen ni un sistema de justicia para defenderse. Tampoco tiene a quién darle sus propuestas, y quienes la reciben, deciden ignorarlas.

Cansada de esperar una respuesta, la ciudadanía utiliza el único medio que tienen para expresarse: el derecho de reunión y manifestación. El gobierno y el Congreso no encuentran otra forma de responder que acusarlos de destabilizadores, y de estar siendo manipulados por delincuentes.

El derecho de manifestación y reunión es uno de los derechos que sostienen la libertad e igualdad de un regimen democrático. Desde la Revolución Francesa se reconoció su importancia para defender los derechos fundamentales. Es el canal no violento para buscar cambios y advertir de las posibles arbitrariedades cometidas por un gobierno.

Como la dirigencia social no ha cometido ningún delito al llamar a las manifestaciones, los diputados del Congreso se muestran ansiosos de crear una ley que permita meter presos, a los molestos dirigentes que le recuerdan al sistema que las cosas no están bien. Gobernabilidad a través de la prisión.

Muchos les van a decir, estimados lectores y lectoras, que la ley es para controlar a los que toman la carretera. La verdad es que busca algo más: controlar los brotes de protesta que la nueva situación trae. No es casuística la propuesta. Cuando las cosas sean intolerables: ¿cómo vamos a manifestarnos y a ser escuchados?

Tomado de www.sigloxxi.com


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